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Técnica y el Gobierno Regional como mandante de la iniciativa que significó una inversión de $10 mil millones de pesos: los $7 mil millones entregados por el Banco Alemán KWF y otros $3 mil millones adicionales aportados del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).
Polémicas
Lo que parecía una licitación más de un proyecto millonario se transformó en un intercambio de miradas de las autoridades de turno, porque a la licitación internacional abierta en el Mercado Público en junio 2013 se presentaron cuatro empresas, una de ellas quedó fuera por falta de documentación.
Todas presentaron ofertas sobre los $10 mil millones (Servitrans fue la más barata) lo que superaba el presupuesto, lo que obligó a gestionar recursos complementarios -$3 mil millones- en el Gobierno Regional, lo que dio inicio a los cuestionamientos que se mantienen hasta hoy. Esto porque parlamentarios y consejeros regionales, principalmente de partidos contrarios al entonces alcalde de Osorno, Jaime Bertín (DC) quien además presidia la Asociación de Municipalidades de la Provincia de Osorno, Región de Los Lagos, para el Manejo Sustentable de Residuos y la Gestión Ambiental, argumentaban que si se concretaba un aumento de presupuesto era preferible realizar una nueva licitación para dar más oportunidades a que otras empresas pudieran participar.
En paralelo, la firma KDM presentó una reclamación en el Tribunal de Contrataciones, argumentando que había quedado fuera del proceso de forma arbitraria, lo que fue desestimado por el fallo ya que efectivamente la firma no acreditó debidamente a quien los representaba en la visita a terreno y, por lo tanto, por bases no podía seguir en el proceso.
A fines de septiembre de 2014 se adjudica la licitación "Proyecto de construcción y ejecución de obras del Relleno Sanitario Provincial, Comuna de Osorno", a la empresa Servitrans por $9.993.839.488. La adjudicación pasó por el Concejo Municipal, la que fue rechazada por los ediles Juan Carlos Velásquez y Daniel Lilayu, mientras que la aprobaron Víctor Bravo, José Luis Muñoz, María Soledad Uribe, Osvaldo Hernández, Carlos Vargas y Emeterio Carrillo.
Bravo recuerda esa jornada como una de las más complejas en sus 12 años de concejal: "había mucha información y cuestionamientos, los que más bien eran políticos, porque la información técnica cuestionaba todo el proceso y se conoció con posterioridad. Ahora creo que todos los que estábamos en ese momento actuamos de buena fe, incluso quienes votaron en contra, porque era y sigue siendo evidente la necesidad de contar con un relleno sanitario que reemplace al vertedero. Todo el enjuiciamiento posterior que se ha realizado de distintos actores es bastante injusto, porque después de la guerra todos se creen generales", reconoció.
A su juicio, es lamentable que a partir de esa adjudicación y hasta la fecha el desenlace de los hechos fuera tan negativo. Y es que por un lado la construcción del recinto quedó en nada y por el otro la municipalidad enfrenta una situación judicial muy complicada.
"Esto demuestra que las municipalidades no son y nunca debieron ser las responsables de actuar como unidades técnicas de un proyecto tan complicado. Acá el Gobierno Regional se está desentendiendo de un compromiso que adquirió en 2010 como mandante y resulta que ellos no detectaron todos los problemas que salieron después, teniendo muchos más profesionales entendidos y ahora se desligan de todo. Creo que acá se deben sacar lecciones técnicas y políticas que parece no se están tomando en consideración", apuntó el ex concejal.
El edil en ejercicio, Juan Carlos Velásquez, añadió que "a esa sesión de Concejo llegamos tensos porque habían muchas diferencias entre el alcalde de la época y los concejales, al punto que dos votamos en contra; en mi caso porque la empresa nunca pudo acreditar experiencia en la construcción de este tipo de proyectos. Ahí parte este problema que se va agrandando hasta llegar a la justicia y tener actualmente a la Municipalidad con dos sentencias adversas por incumplimiento de contrato. Esto es realmente un hecho trágico, porque como municipio estamos contra la pared y realmente espero se pueda revertir en la Corte Suprema. Siempre consideré que era un vertedero más y por eso tenemos un gran hoyo y millones enterrados", expuso.
Paralización y juicios
El avance de las obras iniciadas en diciembre de 2014 se pausó en octubre de 2015, cuando Servitrans evidenció deslizamientos de tierras que impedían avanzar de acuerdo al proyecto original. Incluso en algún momento se habló de falla geológica, lo que fue descartado por el Sernageomin tras una visita técnica realizada por sus profesionales. Desde ahí comenzó una seguidilla de estudios tanto de parte de la empresa como del Gobierno Regional para verificar las causas reales del problema y sus soluciones.
Se detectó que el terreno comprado en 2006 no contaba con la arcilla necesaria para actuar de capa natural impermeabilizante, por lo que se debió autorizar un cambio para aislar las piscinas receptoras de basura con una membrana de geotextil. Los estudios evidenciaron problemas con el terreno, lo que obligaba a buscar una solución técnica para avanzar y terminar las obras, lo que significaba un nuevo aumento de recursos.
En paralelo a la discusión técnica, en 2016 se dio cuenta de un informe elaborado por la Consultora Poch a petición del Gobierno Regional, donde se presentaban argumentos técnicos que apuntaban a la falta de experiencia de la Empresa Servitrans para construir este tipo de recintos, lo que potenció aún más los cuestionamientos políticos al punto que en 2017 el Consejo Regional creó una comisión investigadora para definir cuáles fueron las aristas que llevaron al proyecto al borde del desastre.
Leonardo de la Prida, ex intendente regional entre agosto de 2015 y marzo de 2018, recuerda que cuando asumió el cargo lo primero que solicitó fue conocer todos los detalles técnicos que involucraban al proyecto para lo cual incluso se reunió con personeros del Banco Alemán, Subdere nivel central, Ministerio del Interior y la Municipalidad de Osorno.
"Era un tema politizado, no sólo técnico. Donde te encontrabas con los consejeros regionales de derecha, particularmente al consejero regional Jürgensen (ahora diputado) quien estaba muy empeñado en señalar al entonces alcalde Bertín como el culpable. Quiero ser muy claro que acá después de solicitar un estudio financiado por la Subdere se concluyó que efectivamente había problemas con el terreno, que no fue comprado bajo la administración de Jaime Bertín y que la empresa Servitrans recibió ese terreno con un problema. Ahora, eso no fue identificado por los profesionales de la Unidad de Residuos Sólidos del Gobierno Regional, los cuales fueron una constante traba para avanzar en cualquier línea de solución", comentó De la Prida.
Agregó que a fines de 2017, después de muchas reuniones y donde finalmente la discusión política pasó a un segundo lugar para dar paso a la necesidad de resolver el problema técnico, se logró tener una opción clara de financiamiento de $4 mil millones adicionales y un proyecto de soluciones para retomar las obras.
"Estaba todo listo, incluso desde el nivel central, con los recursos aprobados por el Consejo Regional, pero la Unidad de Residuos Sólidos nuevamente fue la piedra de tope. Ellos tienen como una especie de protección de este proyecto sin querer reconocer que posee problemas. Faltaba una firma que debían entregar ellos y no lo hicieron. Posteriormente llegó el intendente Harry Jurgensen muy influenciado por su hijo y detuvo todo ese avance. Solicitó retomar el proyecto original, lo que finalmente no fue posible y también debió recurrir a soluciones técnicas porque el terreno tenía problemas que así lo requerían", añadió.
En 2018 finalmente se confirma que ya el Banco Alemán no financia más las obras, las cuales han sido pagadas en más de un 50%,
"Esto demuestra que las municipalidades no son y nunca debieron ser las responsables de actuar como unidades técnicas de un proyecto tan complicado"
Víctor Bravo, ex concejal
"Quiero ser muy claro que acá después de solicitar un estudio financiado por la Subdere se concluyó que efectivamente había problemas con el terreno, que no fue comprado bajo la administración de Bertín"
Leonardo de la Prida, ex intendente