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considerando que en 2017 ya se habían cancelado $4.200 millones del presupuesto total desde el Gobierno Regional a la firma Servitrans. Estos pagos fueron por obras ejecutadas, como instalación y construcción de oficinas, casino comedor, alcantarillado, y movimiento de tierras para la apertura del agujero que sería habilitado como piscina de depósito de basura de aproximadamente 280.000 m3 y una profundidad de 6 metros.
Esa piscina que actualmente está llena de agua lluvia significó un total de $1.800 millones pagados del total, a lo que se sumaron $706 millones en remuneraciones a personal contratado, movilización, traslados, alojamientos, entre otros. Se suman $1.025 millones asociados a las obras de arquitectura, instalación de redes de agua y alcantarillados, etc.
El estado de toda la infraestructura es de abandono, ya que la empresa paulatinamente dejó de tener personal desde la paralización de obras. Sólo quedó un guardia hasta marzo de 2020 cuando definitivamente la Municipalidad dio por finalizado el contrato con la firma Servitrans, que ya en enero de 2019 había presentado en el Segundo Juzgado de Letras de Osorno una demanda en su contra por casi 6 mil millones de pesos de indemnización.
"Si este tema es una escala sin fin, es básicamente porque siempre se ha abordado desde la arista política y lo que ahora debe ser prioritario es ver cómo se apoya al municipio de Osorno frente al adverso escenario judicial que enfrenta y concretar de forma rápida una solución para la basura de la provincia. Eso debe ser en otro lugar, no ese terreno, y realizado por un ministerio no por una municipalidad ya que no cuenta con la experiencia para este tipo de obras. Cambiar al personal del Gobierno Regional asociado a Residuos Sólidos también es necesario, porque están muy atados a proyectos y conceptos que ya están fracasos", comentó Leonardo de la Prida.
El ex alcalde de Río Negro, Carlos Schwalm, lamentó los alcances jurídicos que ha tomado el proyecto del relleno provincial, que deja a la Municipalidad de Osorno arriesgando su patrimonio y la provincia sin una solución para el manejo de los residuos.
"Acá los únicos que pierden son los ciudadanos, porque estamos frente un grave problema que crece diariamente como es la basura y, por otro lado, recursos públicos mal utilizados, y otros en riesgo de ser usados para indemnizar a una empresa. Este proyecto nació con problemas, pero honestamente creo que siempre que existen visiones muy políticas o que se toma un liderazgo poco participativo pasan estas cosas. Quizás se nos pudo escuchar más en su momento o explicarnos más detalles. Nada de eso hoy resuelve el problema, pero debo decir que sin duda es uno de los temas más complicados que debimos enfrentar todos los alcaldes de esa época. No deben ser las municipalidades quienes tomen el mando de este tipo de proyectos porque finalmente son políticas públicas. Y este será lamentablemente el ejemplo de lo que no debemos hacer", reconoció el ex jefe comunal.
Unidad Técnica
Hace unas semanas se conoció la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que confirmó por una unanimidad la sentencia dictada, en junio del año pasado, por el 2° Juzgado de Letras de Osorno, que acogió parcialmente la demanda presentada por la empresa Servitrans contra la Municipalidad de Osorno por el incumplimiento del contrato para la construcción y operación del relleno sanitario provincial celebrado entre ambas partes en octubre del 2014.
Esto significa que el tribunal de alzada -en resolución emitida el 12 de agosto-, ratificó la condena al municipio local a pagar una indemnización por daño emergente y lucro cesante de $3 mil millones a la firma. Ahora queda una instancia de revertir la situación en la Corte Suprema, donde dentro de los próximos días el municipio presentará un recurso de casación.
Emeterio Carrillo, alcalde de Osorno, optó por no referirse al tema asociado al proceso judicial dado que está aún en pleno desarrollo, pero sí precisó que la Municipalidad de Osorno ya informó que no será la Unidad Técnica del proyecto de relleno sanitario provincial, ya sea en el mismo terreno u en otro sector.
Por su parte el Gobierno Regional liderado por Patricio Vallespin, está dispuesto a liderar como Unidad Técnica siempre que exista una asociatividad de los municipios, un pronunciamiento técnico externo del terreno y las obras actuales, entre otros factores.
La decisión del municipio local deja muchas incertidumbres que resolver, ya que la Resolución de Calificación Ambiental es de propiedad municipal y cualquier traspaso debe ser gestionado en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA); a esto se suma que el terreno del proyecto actual también es de propiedad municipal y, por lo tanto, de continuar con las obras se debe legalizar ese punto. Si eventualmente se ve otra alternativa ¿dónde será? ¿En qué comuna?, son preguntas que nuevamente mantienen el debate abierto, mientras diariamente en la provincia más de 215 mil personas genera basura que es depositada en el colapsado vertedero de Curaco.