Verónica Salgado

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó por unanimidad, la sentencia dictada en junio del año pasado por el 2° Juzgado de Letras de Osorno, que acogió parcialmente la demanda presentada por la empresa Servitrans contra la Municipalidad de Osorno por el incumplimiento del contrato para la construcción y operación del relleno sanitario provincial, que fue celebrado entre ambas partes en octubre de 2014.

El tribunal, en resolución emitida el 12 de agosto, ratificó la condena al municipio local a pagar una indemnización por daño emergente y lucro cesante de $3 mil millones a la firma. Se argumentó que "conforme con lo razonado, la sentencia se ajustó a derecho al declarar la responsabilidad de la demandada por incumplimiento del contrato y al condenarla a pagar indemnizaciones al contratista", según especifica textual el documento.

De esta manera fueron rechazados los recursos de apelación interpuestos el año pasado en la Corte de Valdivia por la empresa Servitrans y la Municipalidad de Osorno, en contra de la sentencia dada el 10 de junio de 2020 por el magistrado Luis Meza, juez titular del tribunal osornino, quien acreditó que la casa edilicia incurrió en una falta contractual al no incorporar al proceso de licitación un estudio de suelo realizado en 2007, que daba cuenta de las deficiencias del terreno ubicado en la ruta U-400 al mar. En dicha zona precisamente se ejecutaron las obras del recinto para el futuro manejo y disposición final de los desechos domiciliarios de las siete comunas de la provincia, cuyo avance se encuentra paralizado desde 2015.

La sentencia también precisa el pago a la empresa Servitrans, ejecutora del proyecto, de $3 mil millones; con ello se desestimaron los $6 mil millones que solicitaba la firma por daño emergente y lucro cesante, además de retenciones y costos mensuales, así como la resolución del contrato con el municipio local quien actúa como unidad técnica del proyecto siendo el mandante el Gobierno Regional (Gore).

La iniciativa provincial tiene un costo de $10 mil millones, de los cuales $7 mil millones provienen de la Subdere mediante un crédito otorgado por el Banco Alemán (KFW) y otros $3 mil del Gore.

Apelaciones

La resolución de los ministros Juan Ignacio Correa, Juan Carlos Vidal y Mario Julio Kompatzki declara que "que se confirma en todas sus partes la sentencia apelada de fecha 10 de junio de 2020, dictada por el señor juez titular del Segundo Juzgado de Letras de Osorno, que acogió parcialmente la demanda de resolución de contrato e indemnización de perjuicio deducida por la empresa Servitrans Servicio de Limpieza Urbana S.A., en contra de la Municipalidad de Osorno, realizándose en consecuencia los recursos de apelación deducidos por ambos recurrentes", se detalla en el documento.

La sentencia pública disponible en la página web del Poder Judicial se transforma en un segundo fallo adverso para la casa edilicia local, que tendrá un plazo de 15 días -a contar del 12 de agosto- para presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema. En esta última instancia ya no existe revisión de los hechos, sólo verificación que el derecho esté bien aplicado en el caso y sus dos primeras sentencias.

Reacciones

El alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, manifestó estar tranquilo pues han realizado todas las gestiones necesarias para presentar el recurso en la Corte Suprema: "vamos a seguir hasta la última instancia defendiendo el patrimonio municipal. Depende de los resultados en la Corte Suprema cuáles serán las líneas a seguir. No me voy a pronunciar más respecto al tema, ya que estamos en medio de un proceso judicial sumamente delicado", comentó.

Francisco Reyes, consejero regional PS por la provincia y presidente de la Comisión de Medioambiente del Consejo Regional (Core), precisó que se sostendrá una reunión con los siete alcaldes de la provincia para buscar una solución integral al problema más urgente que es tener un relleno sanitario provincial.

"Aquí hay que actuar de manera diligente y eficaz en torno al problema que se nos viene, y claramente ese problema tiene responsables que en algún momento también habrá que ver en materias del colapso inminente que se viene de la basura en el vertedero de Curaco. Mi preocupación es cómo abordamos una solución integral para los residuos sólidos de la provincia. Y si el municipio está enfrentando un escenario legal complejo, tendrá que abordarlo de la mejor manera y asumiendo responsabilidades los involucrados para resguardar su patrimonio. El problema de nosotros es la basura de la provincia", expresó.

María Angélica Barraza, consejera UDI por la provincia, lamentó la situación que enfrenta el municipio local ya que deberá enfrentar una última instancia judicial. "Muchas veces se cometen tantas equivocaciones, como fue en este caso, que se están pagando las consecuencias. Son errores que se pagan caros. Espero que la Corte Suprema revoque esto por el patrimonio municipal involucrado. (…) La realidad urgente es que la provincia necesita tener un relleno sanitario a la brevedad y eso lo vamos a resolver conjuntamente con los siete alcaldes y el gobernador regional. Esto demuestra que ningún municipio tiene los organismos técnicos para enfrentar un proyecto como éste y eso debe cambiar ahora", remarcó Barraza.

El gobernador regional, Patricio Vallespín, precisó que el escenario judicial que enfrenta el municipio de Osorno es preocupante, considerando que sólo queda una instancia judicial para revertir la situación.

"Es lamentable que una cantidad de recursos tan significativa para un municipio y su comuna están en riesgo inminente de ser entregados a una empresa. Pero la justicia es eso y autónoma. El Gobierno Regional seguirá buscando una solución para los residuos sólidos de la provincia en el lugar que sea más adecuado y para eso tendremos reunión de trabajo para ver si las condiciones de ese lugar (terreno donde está el paralizado relleno sanitario) van más allá de este tema judicial", expresó Vallespín.

El delegado regional, Carlos Geisse, declinó referirse al tema ya que no está dentro de sus competencias, siendo una problemática del municipio y el Gobierno Regional.