Efe
El consultor jurídico de la Cancillería mexicana, Alejandro Celorio, encargado de la histórica demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, dijo que el daño que han hecho estas armas a México es "incalculable" más allá de la compensación económica que se pida en la corte.
"Están hablando de 10.000 millones de dólares, pero es incalculable el daño que esas armas le están haciendo a México y a los mexicanos. En el juicio tendremos que determinar una cifra", expresó el abogado en entrevista con la agenca Efe.
El Gobierno mexicano presentó el miércoles una demanda en una corte Boston, en Estados Unidos, contra una decena de empresas a las que acusa de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.
Con ello, las autoridades mexicanas buscan que aumente el control sobre las armas en Estados Unidos, pero también exigen un resarcimiento porque "pedir una compensación económica es casi 'sine qua non' en la demandas de Estados Unidos o ni le hacen caso", declaró Celorio.
"¿Cómo la vamos a cuantificar? Mediremos cuánto hemos gastado en seguridad, en armas, en chalecos en blindajes, en servicios funerarios, de atención psiquiátrica, hospitales, medicinas, todo. Es un daño que se le causa al Gobierno mexicano", expresó.
El Gobierno mexicano estima que más de medio millón de armas se trafican cada año de Estados Unidos a México y son responsables de 17.000 homicidios anuales, con un costo de entre el 1,5% y 2% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano.
México tiene "cifras"
"Va a ser una batalla difícil, se van a querer defender", explicó Celorio, quien sin embargo aseguró que México tiene "los argumentos para saber que vamos a ganar".
México sostendrá su acusación con "cifras", puesto que las diferentes dependencias del Estado mexicano tienen "información" de dónde vienen las armas decomisadas al crimen organizado.
"En la frontera con Estados Unidos hablamos de 10.000 tiendas de venta de armas. Evidentemente estas empresas que venden saben a quiénes las están vendiendo, no podemos ser inocentes", dijo.
Según Celorio, hay empresas que venden hasta cinco ametralladoras capaces de tumbar helicópteros a una sola persona o que comercializan armas con personas "investigadas por contubernio con el crimen organizado".
El principal obstáculo para la demanda es que las empresas de armas tienen casi total "inmunidad" por la legislación de Estados Unidos, pero el Gobierno mexicano alegará que esas armas se usan en México, donde "no tienen ninguna protección jurídica ni de la segunda enmienda".
Si bien Celorio espera que el litigio se extienda por más de dos años y posiblemente pase por la Suprema, se mostró optimista, porque la demanda coincide con "muchos desarrollos positivos en cortes estadounidenses respecto a sus de armas de alto poder".
México no avisó a las empresas de la demanda, porque estas habrían pedido sentarse a negociar. "Llevamos al menos 20 años hablando y no ha pasado nada", dijo Celorio. Al Gobierno de EE.UU. se le dio un "aviso para que no cayera de sorpresa".
"Ahora estamos en una etapa donde los demandados van a decir que somos de lo peor, que somos unos corruptos, se van a querer ganar la narrativa", predijo el abogado, de larga experiencia en litigios en EE.UU.
Por su parte, el presidente de México, Andrés López Obrador, dijo que la demanda "no es un gesto injerencista, no es contra el Gobierno de Estados Unidos, sino un procedimiento civil porque nos afecta que no haya control en las armas".
"Es en contra de "la forma en que se fabrican y se venden estas armas" que llegan a México, agregó el mandatario.
Dos años preparando la demanda
La demanda contra fabricantes de armas de EE.UU. comenzó a preparase tras la matanza contra latinos perpetrada por Patrick Crusius en agosto de 2019 en El Paso (Texas), donde murieron 23 personas. A eso se sumó que el Gobierno mexicano detectó uso de armas largas del Cártel de Sinaloa tras la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán, compradas a EE.UU. por internet. El abogado Alejandro Celorio dijo la acusación no es una "demanda frívola" porque "hay personas muriendo" y existe una obligación "moral y legal" al respecto.
