Además del alza en la demanda de atención que generó la pandemia en los hospitales, con una larga y triste secuela de fallecidos en todo el país, las consecuencias de la crisis sanitaria se han dejado ver con mucha fuerza, desde marzo del año pasado, en el bolsillo de las familias. La menor circulación en las calles, producto de las restricciones sanitarias para contener la propagación del covid, derivó en un rápido declive de la actividad económica, provocando, sobre todo en el comercio y el turismo en varias ciudades del país, la pérdida de puestos de trabajo, la quiebra de empresas y, más tarde, la aparición de numerosos emprendimientos forjados a fuego por quienes fueron expulsados del mercado laboral formal.

Este complejo escenario por el que ha atravesado la población en los últimos 16 meses es el que permite explicar en buena parte el aumento de la morosidad en el pago de servicios básicos que mostró un sondeo de la Asociación de Consumidores. Este fenómeno se ha mantenido en una especie de congelamiento por las condiciones que ha impuesto el Estado de Excepción Constitucional, que le impide a las compañías de servicios básicos suspender el suministro por deuda, en el entendido que el país pasa por una emergencia sanitaria y económica sin precedentes a lo largo de toda su historia.

Con todo, tanto el Gobierno como los municipios y las propias empresas ya debiesen estar visualizando fórmulas de solución para un problema que se seguirá agudizando en la medida que el mercado laboral continúe en esta etapa de profundas transformaciones. Una vez que el país recupere la normalidad, aflorará el drama de las deudas morosas de agua y electricidad que tendrá que enfrentarse con prudencia, solidaridad y responsabilidad de parte de todos los actores. Si no se actúa así, se estará frente a una crisis social de proporciones.

El Colegio de Abogados de la Provincia ha seguido atentamente la evolución de la problemática generada a raíz del mal funcionamiento del Conservador de Bienes Raíces, haciéndonos parte en el proceso disciplinario abierto en su contra por la Corte de Apelaciones de Valdivia, apoyando a los colegas que interpusieron las primeras acciones judiciales en febrero pasado y aportando prueba que acredita este histórico mal funcionamiento del servicio registral local.

La etapa de alegatos de este proceso inédito en esta jurisdicción, tuvo lugar el pasado miércoles 14 de julio, con lo cual la causa quedó en acuerdo ante el pleno de Ministros de la Corte de Valdivia, quienes en los próximos días deberán dar su veredicto.

Lo curioso de este caso es la tozudez y contumacia del funcionario que sirve el cargo, quien consciente del mal servicio que presta, el cual le ha sido reprochado incluso en fallos judiciales reiterados por la vía del artículo 18 del Reglamento, se ha negado sistemáticamente a incorporar tecnología e informática acorde a las plataformas digitales que toda la administración del Estado, incluso el mismo Poder Judicial, ha implementado con tanto éxito y eficacia.

No es de extrañar que esta crisis explotara con protestas públicas frente al oficio del Conservador, tras 14 años de acumular tensión y frustración de los usuarios por el mal servicio, "retrógrado" y "ancestral" que otorga, según las propias palabras de la fiscal investigadora, quien más adelante propuso su absolución por no existir ley que obligue al funcionario investigado a incorporar tecnología, pese a que el resto de los Conservadores de la jurisdicción sí lo han hecho.

Esta contradicción repugna al sentido común, teniendo únicamente presente que en Chile no existe ley ni norma alguna que obligue a las personas a la ducha diaria, sin embargo todos nos preocupamos de nuestra higiene personal y sin necesidad de ley alguna. Con un poco de sentido común, esta saga de servicio deficiente se hubiese podido superar hace mucho rato, ya que no creo que el Conservador tenga problemas económicos que le impidan invertir en tecnología para adecuar su servicio anquilosado a las demandas del siglo XXI. Confiamos en que la Corte de Valdivia adopte una decisión proporcional al daño causado por este funcionario a los cientos de usuarios del servicio monopólico que otorga.

José Manuel Baquedano, presidente Colegio de Abogados Provincia de Osorno