El domingo pasado comenzó el trabajo de la Convención Constitucional y, pese a las dificultades, logró desarrollarse un proceso republicano y serio, a la altura de las expectativas de la comunidad. En lograr ese objetivo jugo un papel preponderante Carmen Gloria Valladares, abogada y secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), cuya labor fue destacada transversalmente. Tras esa primera jornada, se inicia una labor que se extenderá probablemente un año para redactar una nueva Constitución.

Desde este acto de instalación histórica de la Convención Constitucional, es bueno recordar la importancia de la educación cívica para que las bases del país se construyan de manera sólida. En este punto se puede relevar el esfuerzo realizado en 2013 a través del "Constitucionario", una iniciativa del gobierno para llevar hasta los niños y niñas, conceptos clave como institucionalidad, derechos civiles, respeto, diálogo, democracia, familia, Estado, organización y civilidad , entre otros.

En esa dirección apunta la Ley 20.911 (publicada en 2016) , que ordena incluir contenidos de Formación Ciudadana transversales en todos los niveles escolares, aplicados de acuerdo a planes nacionales, pero abordados por cada establecimiento de manera local.

La implementación completa de la norma debía hacerse en 2020, pero es probable que la pandemia no lo permitiera de la manera más adecuada, dadas las circunstancias de clases a distancia. Pese a ello, ya está vigente y su meta -como consigna el ministerio de Educación en la página https://formacionciudadana.mineduc.cl/- es entregar "preparación necesaria para asumir una vida responsable en una sociedad libre y de orientación hacia el mejoramiento integral de la persona humana, como fundamento del sistema democrático".

En cada región hay un encargado de este tema en las respectivas secretarías regionales ministeriales, quienes pueden contribuir a la buena aplicación de estas herramientas en los colegios; algo que sin dudas se hace cada vez más importante, tal como quedó en evidencia tras la jornada vivida el fin de semana.

El domingo 4 de julio se llevó a cabo la sesión inaugural de la comisión constitucional, un grupo de 155 constituyentes electos con criterios de paridad de sexo y escaños reservados para grupos indígenas, un hito en la historia nacional y mundial.

Si bien en estos días se irán aclarando las reglas del funcionamiento de este grupo, los contenidos y significados que tendrán en la nueva Constitución están aún por definir. En cuanto al derecho a la alimentación, esto podría variar enormemente desde visiones minimalistas que buscan garantizar un piso calórico mínimo a niñas y niños (es decir, el derecho a no pasar hambre) a visiones que incluyen el acceso a una alimentación saludable, disponible y a precio accesible, producida de manera sustentable para el medioambiente y acorde a las costumbres y preferencias de quien las consuma.

En la práctica, estas distintas visiones que potencialmente quedarán consagradas constitucionalmente, influirán en el diseño de las políticas públicas del futuro.

Mientras que la primera visión toma cuerpo con iniciativas como el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC, 1954- presente) que entrega suplementos nutricionales y fue clave en la erradicación de la desnutrición infantil en el S. XX, la segunda visión incluiría también una vinculación con el territorio en el cual se insertan, la agricultura familiar y las costumbres culinarias locales.

Así, promovería que los alimentos relacionados a instituciones estatales, por ejemplo, en comedores escolares, sean en lo posible provenientes de la zona, a modo de fomentar la pequeña y mediana agricultura producida de manera sustentable.

Buscaría crear cadenas cortas de producción y comercialización y establecer condiciones que fortalezcan el consumo local. De esta manera, involucraría de forma integral la cadena agroalimentaria completa: desde pequeños productores, trabajadores agrícolas, modos de transporte y trabajo con y en la tierra, salidas comerciales, manejo de residuos y vinculando las políticas de nutrición con prácticas de producción y consumo ético, y el desarrollo local.

Jael Goldsmith, investigadora Ceder Ulagos, Red de Politólogas #NoSinMujeres