Redacción

Luego de la denuncia hecha por autoridades del Ministerio de Salud, durante esta mañana la Fiscalía Regional del Maule formalizará a la mujer de 43 años que el 24 de junio pasado fue confirmada como la primera paciente portadora de la variante delta de covid-19 en el país.

Según señaló la Fiscalía, la mujer -junto a su hermana y su cuñado- será formalizada, en el Juzgado de Garantía de San Javier, por delitos al artículo 318 del Código Penal, por poner en peligro la salud pública, por lo que arriesga presidio menor en su grado mínimo y una multa que puede llegar a poco más de un millón de pesos.

VARIAS HISTORIAS

La mujer ingresó a Chile el 4 de junio, proveniente desde Estados Unidos, y su contagio fue verificado varios días después, pese a que ingresó con PCR negativo. Desde un inicio el caso ha tenido una serie de intrincados vuelcos en las versiones de las autoridades, del entorno de la mujer e incluso del alcalde de San Javier, comuna a la que la paciente se mantuvo tras abandonar su cuarentena.

Por ahora, la versión de la seremi de Salud del Maule, Marlenne Durán, del 30 de junio parece ser la definitiva: la "paciente cero" habría faltado a la verdad durante la investigación epidemiológica, vulnerando la cuarentena dispuesta por las autoridades para asistir no sólo al funeral de su padre -al cual había declarado no haber concurrido-, sino además a varios locales comerciales en la comuna de San Javier, en la que debía permanecer en confinamiento. La hermana de la mujer y su esposo tampoco cumplieron cuarentena, pese a ser contactos estrechos.

El caso y su manejo motivaron una serie de cuestionamientos políticos al ministro de Salud, Enrique Paris, lo que derivó en que la Cámara de Diputados aprobara una interpelación en su contra, la cual se realizará el próximo 20 de julio en el Parlamento. En paralelo, el activista y abogado Luis Mariano Rendón interpuso una querella contra varios personeros del Minsal, a la que ayer sumó una nueva acción en contra de la subsecretaria Katherine Martorell por el "tercer caso".

MÁS ENREDOS

Por su parte, ayer la Fiscalía Local de San Felipe anunció una investigación penal "por el delito de infracción a las normas higiénicas y de salubridad" en contra de los padres de la lactante de siete meses identificada como el tercer caso de variante delta en Chile, y que -tal como el primer caso- ha tenido una serie de aristas políticas y sanitarias que culminaron con la renuncia del jefe de gabinete del ministro del Interior, pariente de los viajeros, a quien acusan por presuntamente haber mediado en su excepcional salida del país. Además, el Minsal este lunes anunció un sumario sanitario a la familia por incumplimiento de la cuarentena.

1.892 casos nuevos

La Comisión de Constitución del Senado revisó ayer el proyecto de ley de indulto general por razones humanitarias a los llamados "presos del estallido", personas que fueron detenidas en el contexto de las revueltas que hubo en el país desde octubre de 2019 en adelante.

La sesión contó con la presencia de los ministros del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y de Justicia, Hernán Larraín, junto a los miembros de la instancia y los autores de la iniciativa: Isabel Allende, Adriana Muñoz, Alejandro Navarro, Yasna Provoste y Juan Ignacio Latorre.

Fue este último quien explicó la propuesta, precisando que no se habla de "presos políticos" en la iniciativa. "Eso es una discusión social, conceptual, académica y es una discusión abierta. Lo que sí hablamos es que hay un uso de herramientas del derecho penal; es una medida excepcional para un período excepcional", explicó Latorre.

El ministro Hernán Larraín fue crítico con la propuesta. "Esto no es un indulto, es una amnistía disfrazada". "Aquí se está dando una amnistía para personas que están en proceso para que borren todos los efectos legales", dijo el titular de Justicia, quien estimó en 25 los casos que cabrían en la categoría.

En tanto, Rodrigo Delgado añadió que el proyecto "atenta contra la institucionalidad y la separación de los Poderes del Estado" y señaló que, así como está, "genera impunidad porque busca olvidar la generación de delitos e impide que se conozca la verdad".

Tras la discusión y solicitud del presidente de la comisión, senador Pedro Araya, se acordó solicitar antecedentes al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, al Instituto Nacional de Derechos Humanos y al Poder Judicial, entre otros, a fin de determinar y precisar el universo de personas que se verían beneficiadas si se aprueba el proyecto de ley de indulto humanitario. Además, pedirán informes en derecho a universidades para precisar los conceptos de indulto y amnistía.

Según denunciaron varios medios este miércoles, el Presidente del directorio de la Clínica Las Condes (CNC), Alejandro Gil, habría exigido durante este fin de semana al personal del vacunatorio del recinto ser inoculado con una tercera dosis de la vacuna contra el covid-19, aún teniendo las dos dosis que establece el esquema aprobado por la autoridad sanitaria en Chile. Se transformó, así, en el primer paciente en el país en haber recibido tres dosis de un antídoto contra el virus (dos de Sinovac y una de Pfizer), en momentos en que se debate sobre la pertinencia de un "refuerzo" en las dosis, dada la irrupción de la variante delta.

A raíz de este hecho, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana anunció el inicio de un sumario sanitario en contra de la Clínica, luego que dos profesionales del recinto vinculadas al proceso informaron de la situación al Programa Nacional de Inmunizaciones. La CLC, en un comunicado, aseguró que desde el recinto notificaron al Minsal.

Según antecedentes preliminares del caso, las enfermeras del vacunatorio advirtieron a Gil del impedimento de administrarle una nueva vacuna. Tras su insistencia, pusieron al tanto a sus superiores, entre ellas la jefa de Servicios Ambulatorios, Leticia Ortiz, quien presentó su renuncia al cargo.

Desde el Colmed, su presidenta Izkia Siches consideró "gravísimo" el hecho. Además, pidió "tolerancia cero con los privilegios", mientras que el Gobierno recordó que "nadie puede saltarse la fila".

Este miércoles arribó al país un equipo de siete ejecutivos de Sinovac, laboratorio desarrollador de la vacuna Coronavac, quienes -tras realizar la cuarentena obligatoria- iniciarán una activa agenda de reuniones, en coordinación con InvestChile y la Universidad Católica.

El equipo viene a avanzar en las gestiones para instalar en el país en 2022 una planta para la vacuna Coronavac, en la modalidad Fill&Finish (llenado y terminado), que además permita desarrollar vacunas contra la influenza y la hepatitis, entre otras enfermedades. Junto a la UC, además, esperan crear un centro de I+D.

Durante su permanencia en el país, se reunirán con el ISP, los ministros de Ciencia y Tecnología, de Bienes Nacionales y de Economía; con el rector de la UC y el director de InvestChile, además de realizar varias visitas a posibles emplazamientos de la planta, en Santiago y Antofagasta.