La molestia de la constituyente de Chile Vamos, Marcela Cubillos, reflejó el tono de la primera sesión de la Convención Constitucional, en particular del segmento de la tarde. Ayer, luego de varias jornadas de incertidumbre y ya con todos los inconvenientes técnicos y sanitarios resueltos, aunque no completamente, pasadas las 10 de la mañana se pudo iniciar la jornada de trabajo.

Acusando "arbitrariedad" en las votaciones para ampliar la mesa directiva y que con la decisión de aumentar los cargos directivos se cae en "las mismas prácticas de siempre para repartirse el poder", la representante UDI mantuvo el tono crítico replicado por otros reconstituyentes como Teresa Marinovic. "Estamos viendo que se está poniendo la carreta delante de los bueyes", agregó Arturo Zúñiga.

Lo cierto es que no fue fácil para la mesa directiva. Si bien, por mayoría, se aprobó aumentar la instancia que encabeza la Convención de 2 a 9 representantes, la manera de hacerlo fue la que se puso en duda por parte de varios conglomerados. Con todo, al cierre de esta edición se seguía desarrollando el escrutinio para despejar la manera en que se llenarían los nuevos cupos de la mesa.

Mañana administrativa

En la apertura de la sesión, la presidenta de la instancia, Elisa Loncon, homenajeó a la machi Francisca Linconao y a la fallecida activista de derechos humanos Luisa Toledo, tras lo cual entregó la palabra al vicepresidente, Jaime Bassa, para hacer una cuenta de lo ocurrido en las fallidas jornadas del lunes y martes.

Aunque dio por superado el impasse, Bassa criticó duramente al Ejecutivo. "Quiero ser franco, no confiábamos en la palabra del Gobierno, no porque las personas que nos dieron su palabra fueran malas personas, sino porque había un problema de comunicación política que impedía que pudiéramos tener certezas como mesa respecto de la veracidad y confiablidad de la información que recibíamos", dijo sobre la incertidumbre que tuvo a la sesión en ascuas e incluso con la posibilidad de trasladarse a la Universidad de Chile.

Tras ello detalló algunas definiciones iniciales adoptadas por la mesa, como "ordenar la suspensión de todo proceso de licitación nuevo", a la espera de tomar el control -como Convención- de los gastos, compras y prerrogativas presupuestarias, pidiendo para aquello una comisión ad hoc. También agradeció a las organizaciones y propios convencionales que fueron parte de las gestiones técnicas y sanitarias que posibilitaron, al fin, arrancar las reuniones. Antes de esto, los convencionales tuvieron que enrolarse para poder trabajar.

LOBBY Y PRESUPUESTO

La mesa directiva explicó a los 155 representantes que desde la instalación de la Convención están sujetos a la ley del lobby, por ende, recomendó tener cuidado al reunirse con grupos de interés. "No podemos estar en cualquier reunión", advirtió Bassa, añadiendo que también las nuevas autoridades son sujetos de Ley de Transparencia.

Además, indicó que -tras gestiones con el subsecretario de Segpres, Máximo Pavez, se aumentaría el presupuesto de la Convención de $6.700 a $8.370 millones, lo que "implica hoy día no necesariamente contar con más dinero", precisó.

Previo a la cita matinal, la mesa se reunió con la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien ofreció plena colaboración y se plegó a las críticas al Gobierno, acusando públicamente su "inexcusable incapacidad". Los dichos valieron que desde La Moneda y la bancada de RN se le pidiera redefinir su rol como presidenta de la Corporación.

"Había un problema de comunicación política que impedía que pudiéramos tener certezas como mesa".

Jaime Bassa, Vicepresidente Convención

Ayer se concretó la salida de Francisco Encina de la secretaría ejecutiva de la Convención, tras poner su cargo a disposición el martes luego de la serie de problemas en la instalación del órgano. El ministro de Segpres, Juan José Ossa, así lo anunció presentando además a la sucesora de Encina en el cargo: la exministra y candidata a gobernadora, Catalina Parot, quien aseguró que llega a ser "una facilitadora del apoyo técnico, administrativo y financiero de la Convención". Ossa, en tanto, lamentó el "retraso de 24 horas" de la Convención y reiteró que estarán a disposición del órgano redactor.

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, señaló en el inicio de la esperada primera sesión de este miércoles, que "se está instalando un poder constituyente que no es el poder establecido que ya tiene el Estado a través de sus instituciones. Es un poder nuevo".

La frase abrió un debate semántico alrededor de la noción de "poder constituyente", concepto generalmente relacionado con la propia ciudadanía, como mandante de las autoridades que escoge y a quienes -en esta concepción tradicional- delegaría un mandato para llevar a cabo la tarea de redactar una nueva carta magna.

Al respecto, Jaime Arancibia, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, aclaró que "si lo que corresponde es evaluar sólo esa frase desde un punto de vista jurídico, es decir, sin pronunciarnos sobre intenciones, me parece que la frase es correcta".

El también investigador de POLIS, Observatorio Constitucional de la misma casa de estudios, indicó que "efectivamente, el ejercicio del poder constituyente mediante una Convención ad hoc elegida democráticamente mediante sufragio universal, es un poder constituyente 'nuevo', porque no es ejercido por el Estado a través del Congreso o fruto de la iniciativa legislativa del Presidente de la República, sino que por la Convención misma".

Arancibia agrega que, por ende, "no hay confusión en afirmar que este poder es nuevo", toda vez que "es fruto de una voluntad soberana del pueblo" según establece la Constitución.

El abogado especialista homologó las dificultades de instalación que tuvo, en sus primeras jornadas el nuevo órgano redactor constitucional, con lo que ocurrió con la puesta en marcha del Ministerio Público en su momento, "que también significó un cambio en la cultura jurídica del país y en aspectos logísticos". En ese sentido, sintonizó con la comprensión que se pidió desde el Ejecutivo, en cuanto a que "el Estado puede enfrentar dificultades en la puesta en marcha, como ocurre con cualquier institución nueva".

El académico indicó que "la Constitución vigente le confiere (a la Convención), precisamente, la potestad de elaborar un texto de nueva Constitución. El conflicto o factor desestabilizador podría producirse más bien en el caso de que pretenda desconocer los términos del mandato que le confirió el pueblo, atribuyéndose poderes que no tiene", advirtió.

"Cabe recordar aquí que el 'mandante' es el pueblo que votó en el plebiscito y en las elecciones de abril pasado por "mandatarios" encargados de cumplir el encargo de redactar un texto constitucional. Lo propio del mandatario es cumplir el cometido en los términos aprobados por el mandante", explicó y agregó que "cualquier desvío significaría un incumplimiento poco democrático del encargo. El respeto ciudadano a la Constitución futura depende también del respeto de los convencionales a las reglas de su encargo".