Marcelo Galindo

Más de 100 personas han sido condenadas en tribunales de la Región de Los Lagos por cometer delitos durante el denominado "estallido social", que tuvo como inicio el 18 de octubre de 2019 con las violentas protestas en Santiago y la quema de estaciones de metro.

Aunque no todos están cumpliendo penas de cárcel, muchos han contado con sanciones alternativas en libertad, tras determinaciones en tribunales de Garantía y de Juicio Oral en lo Penal (TOP).

Tras el anuncio en el Congreso de la presentación de un proyecto que busca indultar a quienes cometieron ilícitos en las manifestaciones, desde la Fiscalía Regional y la Defensoría Regional Penal Pública entregaron sus posturas.

Quien también habló, desde el punto de vista de la aplicación de la prisión preventiva fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Lo concreto es que en la región han continuado los procesos en el ámbito penal, algunos más adelantados que otros.

Delitos

Respecto a las condenas obtenidas por hechos delictivos perpetrados con ocasión de las movilizaciones sociales a partir del 18 de octubre de 2019, el Ministerio Público en el plano regional dio cuenta de 107 personas sentenciadas.

Según la Fiscalía Regional, las condenas han sido en su mayoría por los delitos de desórdenes públicos, robo con fuerza en las cosas en lugar no habitado (saqueos), daños y en menor medida, delitos tipificados en la Ley de Control de Armas.

Varios de los condenados tenían antecedentes con sentencias anteriores por distintos delitos.

Las destacadas

De los casos llevados a juicio oral o abreviado, varios han sido mediáticos y han llamado la atención de la comunidad.

Según el ente persecutor, entre ellos están el llamado caso gobernación y saqueos a locales comerciales en el centro Puerto Montt.

Se trata de hechos del 21 de octubre de 2019, relativos al saqueo contra el supermercado Unimarc y la tienda Ripley, y el saqueo en el edificio de la gobernación de la provincia de Llanquihue. Este último registrado el 20 de noviembre de 2019.

Hay tres condenados, de los cuáles sólo uno fue pena efectiva, donde aún está pendiente la apelación del Ministerio Público ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en la que se impugna la concesión de pena sustitutiva otorgada al imputado que intervino en el saqueo a la gobernación.

Otro caso al cual se arribó a una condena es el del Caso Catedral.

Se trata de hechos ocurridos el 13, 14, 18 y 19 de noviembre de 2019, relativos a destrozos de infraestructura urbana del centro de Puerto Montt, como también daños, saqueo e incendio en contra del templo católico de la capital regional.

El único imputado fue condenado a dos penas efectivas de 541 días y de 5 años y un día, por los delitos de hurto e incendio, respectivamente.

Reparación

Carmen Gloria Wittwer, actual fiscal regional, estuvo presente en el consejo nacional de fiscales regionales, donde se abordó una postura respecto al proyecto impulsado por algunos congresistas.

Según Wittwer, en concordancia con la declaración dada por el Consejo de Fiscales Regionales, "puedo señalar que las actuaciones de la Fiscalía se enmarcan en el mandato institucional que le otorgan la Constitución y las leyes, y que los fiscales ejercen sus labores con autonomía y estricto ape go a la legalidad, actuaciones siempre sometidas al escrutinio y control de los tribunales de justicia y, por ende, ajenas a toda arbitrariedad".

Para la fiscal regional, todas las acciones persecutorias emprendidas por los fiscales tienen como única y exclusiva motivación la búsqueda de reparación ante hechos constitutivos de delitos, en cualquier contexto.

"No cabe, por tanto, cuestionamiento alguno respecto de eventuales consideraciones de orden no jurídico en la persecución criminal que lleva adelante el Ministerio Público. Ante hechos de especial gravedad y debidamente fundados en los antecedentes que emanan de las investigaciones que se llevan adelante, la Fiscalía solicita medidas cautelares de mayor intensidad, como la prisión preventiva, las que son evaluadas en audiencia públicas, en las que interviene la defensa de imputado y en la que resuelve un Tribunal de la República, decisión que regularmente es revisada, a su vez, por un tribunal colegiado".

De acuerdo a la postura del Ministerio Público, el proceso penal actual impide cualquier arbitrariedad.

"Ante este contexto un proyecto de ley de indulto dejaría en libertad a condenados por diversos hechos que han atentado contra importantes bienes jurídicos, lo que constituiría una gravísima señal para la convivencia social".

Persecución

Desde la Defensoría Penal Pública se remarcó que se trata de procesos penales.

"Las personas detenidas en el contexto del 'estallido' están vinculadas a determinados hechos ilícitos que se les han imputado y que dicen relación no con una persecución política, sino con una persecución penal", afirmó el defensor nacional, Andrés Mahnke.

La autoridad apuntó, en cambio, a que la demora de los procesos se explica por el abuso de la prisión preventiva.

"Se mantiene (la medida) porque de verdad se está usando como una pena anticipada en el país, ya no con un fin cautelar, ya no con un fin de procedimiento. Y para ponerlo en una frase, lo que me sorprende es que sorprenda, porque esto está pasando hace muchos años".

Similar postura respecto a las prisiones preventivas que se dictaminan dio a conocer el jefe regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Mauricio Maya.

Maya puntualizó que el consejo del instituto ha realizado la observación al Ministerio Público y a los tribunales de justicia en materia penal "respecto del uso excesivo de la medida de prisión preventiva".

Según Maya, para el Instituto Nacional de Derechos Humanos "la prisión preventiva es una medida reservada para casos más graves y en ese contexto es relevante en la discusión de las personas que fueron privadas de su libertad por causas del 'estallido social'".

Insistió que "el llamado es que se haga un uso adecuado, racional y de última instancia a la prisión preventiva". Añadió que el consejo del INDH aún no ha emitido opinión sobre el proyecto que se busca analizar en el Congreso.

"Las personas detenidas en el contexto del 'estallido' están vinculadas a determinados hechos ilícitos que se les han imputado y que dicen relación no con una persecución política, sino con una persecución penal".

AndrésMahnke Defensor nacional