Efe

Francia anunció multas de 120,9 millones de dólares para Google y de 42,3 millones de dólares) para Amazon por sus respectivas políticas de "cookies" e instó a los dos gigantes estadounidenses de internet a cambiar sus prácticas bajo la amenaza de nuevas sanciones.

La Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), el organismo francés de vigilancia de la actividad digital, explicó que esas multas se justifican, en particular, por la introducción automática en los computadores de los usuarios que se conectan a sus páginas web de esos ficheros con objetivos publicitarios. La CNIL insistió en que "ese tipo de 'cookies' no se pueden instalar sin que el usuario haya manifestado su consentimiento".

Además, consideró que las ventanas informativas sobre las "cookies" no ofrecen "ninguna información" a los usuarios sobre las que ya se habían instalado en sus computadores desde el momento en que se habían conectado a las páginas internet de las empresas.

Por último, la CNIL reprochó a Google que incluso cuando se desactivaba la personalización de los anuncios, una de las "cookies" publicitarias seguía almacenada en la computadora y continuaba registrando contenidos para el buscador.

Millones de afectados

Según sus cálculos, las prácticas de Google, que obtiene ingresos publicitarios indirectamente gracias a las informaciones recopiladas con esos instrumentos, han afectado a "cerca de 50 millones de usuarios" en Francia.

El organismo regulador insistió en la "gravedad" de las infracciones cometidas por ambos grupos y dijo que "atentan contra la vida privada de las personas", porque "permiten recabar numerosa información sin su consentimiento, para después poder proponerles publicidad personalizada". Ambas comenzaron en septiembre a modificar su política de "cookies". Sin embargo, con esos cambios, los internautas siguen sin poder entender la finalidad de esos elementos.

Por eso las emplazó a modificar las ventanas de información a los clientes en el plazo de tres meses. Si no lo hacen, les impondrá el pago de 100.000 euros por cada día de retraso.

En enero de 2019, la CNIL ya había impuesto una multa de 50 millones de euros a Google por falta de transparencia, información incorrecta y ausencia de consentimiento en la publicidad personalizada.

En una primera reacción a esta nueva sanción, Google se quejó de que la CNIL "pasa por alto" los esfuerzos que hace para "facilitar desde el principio información y controles claros, una sólida gobernanza de los datos a nivel interno, una infraestructura segura y, por encima de todo ello, productos útiles".

El gigante también hizo notar que la decisión del organismo regulador "no tiene en cuenta el hecho de que las normas francesas y la orientación reguladora son inciertas y están en constante evolución".

Amazon, por su parte, se manifestó "en desacuerdo" con el dictamen francés, porque afirma que "proteger la privacidad de sus clientes" es una de sus "principales prioridades".

"Actualizamos continuamente nuestros protocolos de privacidad para asegurarnos de que satisfacen las necesidades y expectativas cambiantes de clientes y reguladores en pleno cumplimento con todas las leyes aplicables en cada país en el que operamos" , añadió.

El primer ministro en funciones del Líbano, Hasan Diab, es el primer alto cargo político en ser inculpado por "negligencia" por la explosión en el puerto de Beirut del pasado cuatro de agosto, aunque se defendió y dijo que tiene la "conciencia tranquila" y que dejará de colaborar con la justicia.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó que el juez Fadi Sawan, encargado del caso, imputó a Diab, así como a los exministros Ali Hasan Jalil, Yusuf Fenianos y Ghazi Zaiter, que no formaban parte del Gobierno que dimitió en bloque tras la catástrofe, causada por la explosión de un cargamento de nitrato de amonio almacenado sin custodiar durante años y que costó la vida a a más de 200 personas, más de 6.000 heridos y dejó a otras 300.000 sin hogar.

Jalil fue ministro de Finanzas entre 2014 y 2020, período en el que se cree que el nitrato de amonio permaneció almacenado en el puerto de Beirut, mientras que Zaiter fue nombrado ministro de Obras Públicas y Transporte en 2014, y Fenianos ocupó ese mismo cargo entre 2016 y 2020.

Poco después del anuncio de haber sido inculpado y llamado de nuevo por la Justicia para ser interrogado la semana que viene, Diab se declaró "sorprendido" por la decisión del juez y aseveró que "no permitirá que la posición del primer ministro sea dirigida".

Asimismo, acusó al juez Sawan de "violar" la Constitución, puesto que, en opinión del primer ministro, está infringiendo el principio de inmunidad que tiene, así como de "saltarse al Parlamento" con su decisión. Desde la Oficina del Primer Ministro aseguraron que Diab "no colaborará" más con la justicia libanesa ante esta decisión.

La ANN no ofreció más detalles sobre las acusaciones, pero medios libaneses revelaron que Diab, Jalil, Fenianos y Zaiter habían recibido "varias notificaciones escritas alertando sobre el peligro de posponer la eliminación del fertilizante nitrato de amonio".

Diab y todo su gabinete dimitieron casi una semana después de la explosión y desde entonces continúa en funciones.

El presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, pidió al Tribunal Supremo estadounidense que bloquee la victoria en cuatro estados clave del mandatario electo del país, Joe Biden, una solicitud con pocas perspectivas de prosperar.

El mandatario presentó una moción para respaldar el caso presentado el pasado martes ante el Supremo por las autoridades de Texas y que apoyaron los líderes de otros 17 estados controlados por conservadores.

"Intervendremos en el caso de Texas (y de muchos otros estados). Este es el caso más importante. ¡Nuestro país necesita una victoria", tuiteó Trump unas horas antes de presentar el documento.

En paralelo, la fiscal general del estado de Florida, Ashley Moody, también respaldó la petición de Texas.

Moody firmó un escrito en el que insta al Supremo de Estados Unidos a escuchar la demanda interpuesta por el estado de Texas contra los de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

La demanda de Texas busca impedir que esos cuatro estados clave en los que ganó Biden certifiquen la victoria del demócrata el próximo lunes, cuando el Colegio Electoral se reunirá para ratificar formalmente al próximo presidente.

El argumento de Texas es que los gobernadores de esos estados usaron supuestamente la pandemia como un "pretexto" para cambiar las reglas electorales y permitir mayor voto por correo.

Es extraordinario que un estado cuestione la autoridad de otro por reglas electorales, pero aun así otros 17 estados que Donald Trump ganó se sumaron a Texas. Estos son: Florida, Misuri, Alabama, Arkansas, Indiana, Kansas, Luisiana, Misisipi, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Utah y Virginia Occidental.

Transición

Durante la misma jornada, Biden siguió adelante con la transición y anunció varios puestos en su futuro Gobierno, entre los que destacan la abogada Katherine Tai, como representante de Comercio, Tom Vilsack, en Agricultura, y la congresista Marcia Fudge como secretaria de Vivienda.

Dennis McDonough, exjefe de Gabinete de Obama, será secretario de Asuntos de Veteranos; y la exasesora de Seguridad Nacional Susan Rice fue nombrada como directora del Consejo de Política Interior.