El Instituto Nacional de Estadísticas ha dado a conocer recientemente que la desocupación nacional durante el trimestre móvil agosto-octubre de este año fue de 11,6%, incrementándose en 4,5 puntos porcentuales con respecto a iguales meses del año pasado. De acuerdo con la encuesta laboral que realiza ese organismo, los rubros comercio, hogares como empleadores y alojamiento y servicios de comida son lo que han incidido con mayor fuerza en el desempleo, atribuido al impacto que ha provocado la pandemia de covid 19.

Hace algunos meses, un estudio de Quant Research y la Cámara Nacional del Comercio había detectado que como consecuencia de la emergencia sanitaria y de las medidas preventivas adoptadas, la caída en el empleo en el sector comercio había sido cercana a seis veces lo observado durante las crisis mundiales asiática de 1997 y subprime de 2007 y 2008. En ambas, el empleo formal del comercio demoró cerca de diez meses en retomar los niveles normales. Sin embargo, en esta oportunidad la digitalización, la automatización de muchos empleos y las ventas en línea, que en las otras crisis no estuvieron presentes, deberían incidir en una nueva configuración del mercado laboral en el sector comercio.

El menor crecimiento de la economía, influido por el estallido social ocurrido desde octubre del año pasado y luego por la cuarentena debido a la pandemia, ha incidido en un incremento en las tasas de desempleo, debido al cierre de empresas y la menor actividad productiva. Se estima que durante el presente año se han perdido 1,8 millones de ocupaciones y 700 mil se suspendieron temporalmente.

Hace unos meses se inició el plan "Paso a paso, Chile se recupera", que tiene como ejes centrales la recuperación de puestos de trabajo, el fomento de la inversión, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y una agilización de la acción del Estado.

En la medida que se vaya superando la emergencia actual, se necesitarán esfuerzos enormes, disciplina y trabajo de toda la sociedad para la recuperación de la economía, la reapertura de empresas y la creación de fuentes de trabajo.

La Constitución protege la libertad de emprender, garantizando a cualquier persona la real opción de hacer concretar sus proyectos de vida a través de su propia iniciativa y emprendimiento, negocio o empresa, pudiendo realizar cualquier actividad productiva, siempre que no atente contra la moral, el orden público y la seguridad nacional y respete la ley.

Si bien es posible encontrar en el mundo ejemplos de empresas estatales exitosas, éstos son más bien excepcionales. En cambio, existe gran evidencia en cuanto a que los mayores beneficios sociales se logran cuando se permite y promueve el despliegue de la iniciativa y el esfuerzo individual por sobre la acción del Estado.

Este último es el camino por el que hemos transitado en las últimas décadas y que ha contribuido significativamente al desarrollo social y económico de nuestro país.

Es así que, según información del Servicio de Impuestos Internos, en el año 2014 existían en el país 1.045.046 empresas: 669.515 microempresas, 184.654 pequeñas empresas, 27.688 medianas empresas y 13.979 grandes empresas.

Por otra parte, que se promueva el despliegue de la iniciativa de las personas no significa que el Estado tenga un rol secundario. Al contrario, le corresponde desarrollar actividades de la mayor relevancia, tanto desde el punto de vista social como económico.

En primer lugar, el Estado -a través del Poder Legislativo- define las "reglas del juego" que deben respetar las personas al participar en una actividad productiva y, además, fiscaliza el cumplimiento de tales reglas.

En segundo lugar, siendo coherente con la estrategia de promoción de la iniciativa individual, el Estado lleva a cabo sólo aquellas actividades productivas que considera esenciales y que no pueden o están en condiciones de realizar las personas particulares.

En tercer lugar, el Estado financia (subsidia) total o parcialmente el acceso a bienes y servicios básicos fundamentales, como salud, educación y vivienda, en especial de las personas con menos recursos y de segmentos emergentes y medios.

Esta acción se conoce como rol Subsidiario del Estado en que sin privilegios y previa autorización del Congreso participa en las actividades productivas que estima esenciales y donde la acción privada no es factible.

Andrés Angulo, arquitecto presidente CChC Osorno