Aunque algunos abrigaban ciertas esperanzas de que el Ministerio de Salud levantara las cuarentenas que rigen en Osorno y Puerto Montt, finalmente los anuncios entregados a nivel nacional una vez más no incluyeron la situación de las principales ciudades de la Región de Los Lagos. Por cierto, los actuales indicadores sanitarios poco ayudaron en este propósito. En los últimos días se ha reportado que continúa sin variaciones la tendencia al alza de casos de covid-19 entre la población, al tiempo que ya se están evaluando fórmulas para descomprimir la tensión que hay sobre la red asistencial de la región.

La Región sigue así pagando las culpas de una extensa cuarentena que no ha logrado cumplir con su propósito, cual es disminuir la curva de contagios para evitar precisamente el colapso de los centros hospitalarios. En este escenario, es oportuno analizar los indicadores de reincidencia de detenciones que entregó Carabineros esta semana, y que claramente da luces sobre la realidad que se ha vivido en las calles durante el período de confinamiento, con una baja tasa de cumplimiento a las restricciones de la circulación en las calles que supone el confinamiento.

El balance regional de personas detenidas por vulnerar las restricciones sanitarias da cuenta de 15.075 aprehendidos por no respetar la cuarentena, y de 12.076 por infringir el toque de queda. Del primer indicador, quizás la cifra más inquietante es la de los reincidentes, esto es, quienes a pesar de haber sido detenidos una vez, fueron sorprendidos posteriormente vulnerando otra vez las reglas del confinamiento. Se trata de 1.191 personas en esta condición, mientras que cinco han sido capturadas en seis ocasiones, una en siete y una en ocho.

Para que el confinamiento dé resultados, es fundamental que la ciudadanía asuma las restricciones, que el Gobierno brinde una ayuda social oportuna, y que la Fiscalía y los tribunales den señales claras para morigerar los índices de reincidencia.

Los derechos y las sociedades evolucionan, por lo que es normal y razonable que las constituciones de los países democráticos se actualicen. Sin embargo, la mejor forma de promover derechos sociales no es aumentando el listado de ellos en la Constitución y haciendo creer que así quedaran "automáticamente" resueltos.

Lo importante es que la Constitución permita en un marco de libertad e igualdad que cada gobierno y el Congreso impulsen, en la medida en que se incrementa el nivel de desarrollo del país, programas y políticas para mejorar la condición de vida de los chilenos. En este contexto, cuando se debata sobre derechos debiéramos velar en especial por los siguientes aspectos que han probado ser claves en mejorar la calidad de vida de los chilenos en las últimas décadas:

• Que la Constitución resguarde efectivamente el respeto de los derechos fundamentales que señala y no incorpore bajo el paraguas del lenguaje de los derechos, promesas incumplibles y/o utopías teórico políticas. Esto desprestigia la ley, engaña a la gente y puede comprometer las posibilidades de desarrollo de las generaciones actuales y futuras.

• Que para satisfacer los derechos fundamentales que señala la Constitución, sin comprometer la estabilidad económica, los esfuerzos se focalicen en las personas más necesitadas y se fortalezca el trabajo social como una corresponsabilidad público privada.

• Que sean las leyes, dentro de los márgenes que permita la Constitución, las que vayan ampliando responsablemente la cobertura y calidad de las prestaciones sociales, mejorando el diseño y la gestión de las políticas públicas y aumentando los recursos que se destinen a éstas en virtud de los méritos de sus reales resultados. La Constitución sí debe precisar criterios y principios de justicia a que se deben ceñir las políticas públicas y el rol de los jueces y contralores en estas materias.

• Que se proteja la capacidad de elegir de los chilenos cuando buscan satisfacer un derecho social, como la educación o la salud. Es decir, que quienes tengan menos recursos no estén obligados a elegir lo que el Estado les entrega, sino que puedan hacer uso de su libertad de elección de acuerdo a sus propios valores de vida, eligiendo por ejemplo un colegio particular fuera del sistema público o una consulta con el medico de su preferencia.

Andrés Angulo, arquitecto presidente CChC Osorno