A la Sala del Senado pasó para su análisis y votación el proyecto de reforma constitucional que permite a los afiliados al sistema privado de pensiones un segundo retiro del 10% de sus fondos previsionales.

Ayer, la comisión de Constitución del Senado despachó en general y particular la iniciativa de diputados opositores, mientras el Gobierno siguió sosteniendo reuniones con senadores de Chile Vamos y la oposición, en orden a lograr un acuerdo que implique acotar la medida. En tanto, el Ejecutivo, a través del ministro Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, hizo reserva de constitucionalidad al término de la sesión.

La idea de legislar se aprobó por tres votos a favor, de los senadores Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y Pedro Araya (independiente), y los votos en contra de Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN). Mientras, por votaciones de mayoría, se despejaron las indicaciones que recibió la propuesta en la discusión en particular. Si bien se presentaron 27, el senador Francisco Chahuán (RN) decidió retirar casi todas las de su autoría, por lo que sólo una docena fue sometida a votación.

Entre los principales cambios aprobados, está el que reduce de 30 a 15 días hábiles el plazo para acceder al retiro de los fondos desde la presentación de la solicitud ante la respectiva AFP. La indicación tuvo el apoyo de Araya, Huenchumilla y De Urresti.

Luego se aprobó una indicación de Huenchumilla y De Urresti, que se refundió con una presentada por la senadora Ximena Rincón (DC), para que las AFP no hagan discriminaciones arbitrarias, especialmente en el caso de personas que se sometieron al cambio registral de identidad.

Otra modificación introducida dice relación con los deudores de las pensiones de alimentos. Aunque se tramita en paralelo un proyecto que fija el retiro forzoso para quienes tengan deudas por ese tipo de pensiones, la comisión aprobó una indicación que obliga a la entrega del 10% al alimentante una vez decretado el pago por el tribunal respectivo.

La reforma despachada a la Sala no considera, por ahora, el pago de impuestos ni la focalización de los beneficiarios.

"pésima solución"

La sesión estuvo marcada por el emplazamiento que hizo a La Moneda el senador Francisco Chahuán (RN) al anunciar el retiro de las 19 indicaciones que presentó por la "ausencia de acción" del Ejecutivo. "Acá el Gobierno tiene una oportunidad de amarrar el retiro del 10% con la reforma previsional. Ese era el tenor de las indicaciones que yo presenté y quiero pedirle a mi Gobierno que, en definitiva, pueda hacerse cargo de un proyecto de esta naturaleza con los bordes necesarios, pero que sea patrocinado por el Ejecutivo para que no tenga vicios de inconstitucionalidad", sostuvo.

Ayer en el Congreso, los ministros Cristián Monckeberg (Segpres), Ignacio Briones (Hacienda) y María José Zaldívar (Trabajo y Previsión Social) mantuvieron conversaciones con senadores de ambos bloques, buscando limitar el retiro del 10% a través de una alternativa y concordar, en paralelo, la reforma de pensiones. "Hay que ser optimistas, vamos avanzando", dijo Monckeberg, mientras que Briones expresó que "no tengo nada que decir, siempre hay buen ánimo".

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe comentó que "cuando uno quiere avanzar en un acuerdo, todas las partes tienen que ceder. En este minuto, lo que quiero decir para no eliminar cualquier posibilidad de acuerdo, es que todavía estamos bastante lejos de eso".

El senador del PPD Ricardo Lagos Weber, que participó del diálogo, indicó que "el Gobierno quiere recurrir al Tribunal Constitucional; yo creo que esa es una pésima solución. Quiere introducir una serie de restricciones al segundo retiro, y en eso estamos muy lejos. No quiero entrar en más detalles, pero estamos muy lejos".

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, planteó algunos posibles efectos y riesgos si se concreta un segundo retiro del 10% del ahorro previsional, al exponer ante la comisión de Constitución del Senado.

Marcel aseguró que los efectos económicos "no pueden suponerse iguales a los del primero", pues hay diferencias en "los cambios de la definición de la medida, los beneficiarios, el escenario económico, la composición de los fondos y los desafíos de la liquidación de activos. En términos de la actividad, el impacto sería menor y más acotado temporalmente, al concentrar sus beneficios más en afiliados de mayores ingresos y menor propensión a consumir". Agregó que en el corto plazo se presionaría el mercado monetario y el de bonos bancarios, y que el efecto sobre los precios dependería de la demanda.

También anticipó que una segunda extracción "va a requerir esfuerzos mayores. Y dado que va a ser más difícil, sería adecuado introducir algunos ajustes que faciliten la implementación de esta medida en beneficio de los propios afiliados y de la economía en general (...) para que la gente pueda retirar con seguridad sus recursos, sin mayores sobresaltos, sin pérdidas por otros fondos ahorrados que tengan".

En tal sentido, recomendó extender el plazo dado a las AFP para entregar los montos solicitados. "El proyecto actual considera un pago de 30 días, versus el anterior, que consideraba dos pagos en 40 días. Esto genera presiones de liquidez sobre los fondos, pero también problemas operacionales en todo el proceso que sigue", explicó. "El tema de los plazos no es solamente cuán presionados estén los fondos de pensiones para vender sus activos, sino que luego de eso viene una serie de desafíos logísticos que tienen que ver con la transferencia de los fondos a los bancos, la disponibilidad de los fondos para los afiliados, la disponibilidad de efectivo para aquellos que quieren retirar efectivo. Toda esa cadena logística requiere tiempo para poder operar de manera eficaz. Entonces, el mitigador para esto sería prolongar el plazo de la entrega o permitir entrega parcelada, al menos para los pagos de montos mayores", sostuvo Mario Marcel.