Acceso a la justicia de víctimas vulnerables
La raíz latina de la palabra vulnerabilidad nos conduce a alguien "que tiene la cualidad de ser herido", y al que por tanto hay que proteger y sanar. De esta manera, una víctima, por el sólo hecho de haber sufrido un delito, es una persona que ha sido expuesta a una condición de vulnerabilidad, donde no sólo ella ha resultado herida, sino que también se ha provocado una ofensa a la sociedad toda.
Uno de los caminos que el Estado tiene para apoyar a una víctima se traduce en que ésta obtenga un adecuado y oportuno acceso a la Justicia, entendiendo éste como un Derecho Humano que busca garantizar una respuesta efectiva del sistema de justicia en aras de resolver los conflictos de relevancia jurídica. Así las cosas, el acceso a la justicia no sólo involucra que una persona pueda llegar ante un órgano jurisdiccional, sino que además debe poder hacerlo según sus necesidades y características. Contar con asesoría y acompañamiento; con infraestructura adecuada; con intérprete si es pertinente, y sin duda con protección, son garantías que el sistema de justicia penal debe proveer en la medida en que quienes buscan acceder a él, lo requieran.
La pandemia nos ha demostrado que toda la humanidad está expuesta a condiciones de vulnerabilidad, y así hemos sido testigos de cómo un virus ha modificado radicalmente nuestra forma de vivir y relacionarnos.
Pero también es relevante considerar que hay personas, y particularmente víctimas, que por sus condiciones personales son especialmente vulnerables, ya sea por su género, etnia, edad, condición socioeconómica, y otros múltiples factores que definen la interseccionalidad del ser humano. Es a ellos a quienes el Estado precisamente debe proporcionarles una "protección reforzada", que se haga cargo de esa necesidad específica.
Hace algunos días tuvimos acceso a un estudio elaborado por la USS sobre víctimas en situación de vulnerabilidad. Ahí se señalaba que una persona mayor que es víctima de un delito, además de sufrir un nivel superior de inestabilidad y desconfianza, tiene una percepción distinta del paso del tiempo al de un menor de edad. En el caso de los extranjeros, el proceso de regularización de su condición migratoria también constituye un elemento que limita su libre acceso a la justicia, principalmente cuando se trata de personas con mayor carencia de recursos económicos y educacionales.
Asimismo, tratándose de víctimas pertenecientes a pueblos originarios, se observaba la necesidad de contar con facilitadores interculturales, aun cuando dichas personas hablaran castellano, entendiendo que su necesidad no se satisface sólo con un intérprete, sino con alguien capaz de traducir los códigos de un sistema judicial, y a la vez, explicar a los otros intervinientes, los elementos fundamentales de la cosmovisión de la víctima. En cuanto a los usuarios pertenecientes al grupo LGBTIQ+, es importante destacar el avance generado a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género, la cual obliga a los organismos del Estado a realizar diversas acciones tendientes a erradicar cualquier discriminación en la atención de estos usuarios.
Este estudio fue realizado por encargo del Ministerio Público, con el afán de enfocarnos de manera más asertiva y eficiente en la atención de nuestras víctimas, y es en esa perspectiva que la Fiscalía Regional de Los Lagos formará parte del grupo de trabajo que propondrá los ajustes necesarios a nuestros modelos de atención y protección, labor que por cierto nos enorgullece. El trato digno, pertinente, no discriminatorio, y más humano, es una tarea que nos compromete a todos quienes conformamos la sociedad, pero especialmente a quienes ejercemos cotidianamente la vocación pública.
La pandemia nos ha demostrado que toda la humanidad está expuesta a condiciones de vulnerabilidad, y así hemos sido testigos de cómo un virus ha modificado radicalmente nuestra forma de vivir y relacionarnos.