El 11 de abril del próximo año se realizará la elección de los 155 miembros de la Convención Constitucional, separados por distrito, y el proyecto de Constitución que elaboren deberá ratificarlo el electorado en un plebiscito constitucional de salida, programado para el primer semestre de 2022. El plebiscito del pasado domingo se desarrolló en condiciones especiales, por la emergencia sanitaria, así como un ambiente de gran división entre los chilenos, con una clase política que no ha estado a la altura para abordar con seriedad los problemas de la gente.

Desde hace un tiempo abundan en el debate público eslóganes y fórmulas que muestran poca reflexión respecto de lo que es correcto y dónde está el bien común. La carencia de propuestas y ausencia de evaluaciones le han pasado la cuenta a las autoridades y a los líderes políticos, que se han visto superados por las manifestaciones de descontento ocurridas desde el año pasado.

Hace unos días, el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, ha señalado que el plebiscito constitucional ayudará a reducir la incertidumbre y que el proceso abre la puerta a que Chile siga siendo el líder en materia de crecimiento económico en Latinoamérica. El organismo cree que el país podrá tener un crecimiento inclusivo y más social, aunque le preocupa que se agreguen demasiadas demandas.

La ciudadanía se ha pronunciado con respecto a esta consulta nacional y ahora debería esperarse que sean los mejores los que lleguen a elaborar esa Constitución. El debate debe tener racionalidad y respeto. Además, está el desafío del encuentro, ayudar a construir entre todos el país y a salir de las consecuencias que ha dejado la pandemia, especialmente por el cierre de empresas y la pérdida de empleos, que han dejado en situación precaria a las familias.

El futuro de las nuevas generaciones dependerá de cuán robusta sea nuestra sociedad para enfrentar los cambios, las emergencias y los desafíos que el país ha debido asumir en el último tiempo.

Los efectos de la pandemia están aún en pleno desarrollo en todas las regiones del país. El mercado laboral es la evidencia inexorable del impacto que ha tenido la pandemia producto de la estrategia sanitaria que se ha debido aplicar. Las cuarentenas controlan los contagios, haciendo viable la capacidad de atención dada la infraestructura sanitaria disponible, pero generan un impacto colateral que tiene como principal consecuencia la entrada a la UTI del mercado laboral.

Los indicadores tradicionales del mercado laboral se han construido para dar cuenta de la capacidad de absorción de la fuerza de trabajo que muestra la economía nacional o regional.

Así, la tasa de desempleo tradicional nos muestra a las personas que buscan trabajo y no logran encontrarlo, que al compararla con la fuerza de trabajo dará como resultado el índice de desempleo. Así, cuando a un trabajador se le despide, las estadísticas laborales lo presentan como desempleado, incrementando el índice de desempleo, complemento perfecto de la disminución de la ocupación.

Sin embargo, en la crisis actual, y dado que la menor ocupación tiene sus raíces en la matriz productiva porque muchas actividades se encuentran cerradas e impedidas de operar mientras no se avance de fase sanitaria, las personas perciben que no habrá demanda para sus servicios laborales, y no saldrán a buscar trabajo, y no serán contabilizadas como desempleadas sino que fuera de la fuerza de trabajo, pero con elevado potencial de activarse según la categorización que aplica el Instituto Nacional de Estadísticas en sus mediciones.

La región presenta una tasa de desocupación de 10.5% en el mes de julio, menor que la de 11,5% de junio, y podríamos pensar que lo peor ya pasó. La crisis aún no taca fondo en la región, porque la destrucción de empleos sigue avanzando, llegando a más de 108 mil puestos de trabajo perdidos, con 36.000 personas desempleadas y 67.000 personas que han salido del mercado laboral a la espera de mayor demanda de servicios laborales. Así, el desempleo aparente no ha disminuido, sino que ha aumentado, pasando del 29,5% en junio a 30% de la fuerza de trabajo en julio.

Hernán Frigolett, investigador Ceder de la Universidad de Los Lagos