Tan pronto como empiezan a elevarse las temperaturas en la macrozona sur comienza a hacerse latente una amenaza que en los últimos años ha causado destrucción y amargura: los incendios forestales.

Se trata de un fenómeno que viene al alza en la última década, especialmente porque la cada vez más frecuente escasez de precipitaciones predispone a los bosques al avance del fuego, y al que la Corporación Nacional Forestal ha hecho frente con la destinación de más recursos que permitan financiar un número mayor de brigadistas que trabajen en la extinción de los incendios.

Si bien hay recientes eventos de gran envergadura en la memoria colectiva del país que dan cuenta de la destrucción y el daño que provocan estos siniestros, que a su paso arrasan con vegetación nativa y exótica, fauna e incluso asentamientos humanos, la zona sur del país también se ha sufrido los embates de grandes siniestros que no solo han acabado con extensas porciones de bosques nativos y plantaciones forestales, sino incluso con la vida de quienes los combaten.

De ahí que de este grave problema no solo debe preocuparse el Estado, a través de Conaf, que por cierto es la institución a cargo de velar por la protección de nuestras áreas silvestres protegidas, sino también los municipios y la propia comunidad, especialmente cuando se sabe que gran parte de los incendios forestales son causados por el hombre, ya sea a través de descuidos o bien por acciones intencionales.

Cuando se avecina una nueva temporada de incendios forestales, el llamado es a evitar cualquier acción que pueda generar un siniestro, y a la vez denunciar aquellos hechos que puedan dañar el bosque.

Cuidar los bosques es un imperativo del que toda la sociedad debe hacerse cargo, dada la importancia que estos tienen dentro del ecosistema, y en definitiva, para los seres humanos.

En tiempos de una nueva discusión de la Ley de Presupuesto de la Nación, las universidades públicas se han visto enfrentadas a una propuesta lapidaria en señal de fortalecer el sistema de educación superior, afectando particularmente a las Universidades Estatales. A pesar de solicitar apoyo para que el gobierno entregue ayuda financiera a las universidades públicas producto del impacto de la pandemia, fundado en las múltiples acciones realizadas en el combate de la crisis sanitaria, que ha generado gastos adicionales en el primer semestre que superan los $17.000 millones y menores ingresos por concepto de aranceles por $46.000 millones.

Las críticas a la disminución de aportes estatales han sido transversales, el gobierno ha diseñado una propuesta con una disminución de: un 5% del Aporte Fiscal Directo; un 5% de aporte a las Ues. Estatales; un 20% menos de la asignación de actividades de interés nacional que realiza la U. de Chile; una reducción de un 15% de los fondos regionales; un 9% menos del presupuesto histórico de ciencia y tecnología que afecta a todo el sistema científico; no se incrementa el monto de fortalecimiento de Universidades Estatales previamente comprometido; y la reducción de recursos asociados a inclusión, disminuyendo un 15% el presupuesto para el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), afectando a miles de estudiantes talentosos provenientes de establecimientos vulnerables que anhelan acceder al sistema universitario.

Lo más claro de la propuesta a mi juicio, es el sesgo ideológico del presupuesto, que afectando particularmente a las universidades estatales y tradicionales, busca financiar el incremento de gratuidad por la incorporación de nuevas instituciones privadas, desplazando recursos desde el financiamiento basal de las instituciones, al financiamiento a la demanda.

El presupuesto en discusión no entrega una visión de futuro para las ciencias y el desarrollo de la educación superior, no la fortalece ni reconoce su aporte al desarrollo del país. Su disminución daña considerablemente a las Universidades Estatales en su compromiso para enfrentar la pandemia, ocasiona un fuerte impacto en la sustentabilidad de la educación superior pública, profundiza el modelo de mercado que tanto ha afectado a la educación, y sin duda, afecta el desarrollo de las regiones que contarán con menos recursos para desarrollar investigación y menos recursos para entregar una educación de calidad a jóvenes de familias vulnerables que aspiran a un futuro mejor.

Oscar Garrido, rector Universidad de Los Lagos