Municipio endurece los requisitos para renovar patentes a las salas de juegos
ENTRETENIMIENTO. El alcalde Jaime Bertín fue claro en señalar que si los llamados "casinos populares" no acreditan que las máquinas son de destreza, no autorizarán su funcionamiento.
Cuarentena salas de juego o también conocidos como "casinos populares" funcionan actualmente en la comuna de Osorno, según el dato entregado por el Departamento de Rentas del municipio local.
Sin embargo, según lo señalado por el alcalde de la comuna, Jaime Bertín, la renovación de sus patente será complicada debido a que recibieron una instrucción de la Contraloría General de la República donde deben exigir para ello que acrediten, mediante un certificado emitido por la Superintendencia de Casinos, que las máquinas son de destreza y habilidad y no de azar.
Este requerimiento generó que la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden AG) interpusiera un recurso de protección en la segunda sala del Tribunal Constitucional en contra de la Contraloría, el que hace unos días fue declarado admisible.
El alcalde Jaime Bertín se refirió a este tema, indicando que "en Chile no hay ninguna entidad que diga qué máquina es de destreza y cuál es de azar, entonces hay un vacío ahí. Si la persona iba a pedir un permiso para instalar una sala de juegos de destreza nosotros no podíamos negarla y así se fueron entregando las patentes".
A esto la autoridad comunal agregó que "el año pasado se sacó una ley que Contraloría nos comunicó que para la renovación de las patentes, se debe exigir un certificado donde se acredite que las máquinas son de destreza. Nosotros ya estamos pidiendo este documento y ninguna ha llegado con lo solicitado. Hasta el momento ninguno ha podido renovar sus patentes y sin este documento podría no quedar ningún local abierto".
Disminución
Cincuenta y dos patentes fueron renovadas por el municipio para estos salones de juego en 2019 y este año el número bajó a 45, según lo indicado por el jefe subrogante del Departamento de Rentas, Aldo Monje.
"Se ha registrado una disminución debido a que hay un requerimiento adicional que estamos pidiendo para autorizar la renovación, porque no estamos haciendo otorgamientos nuevos. Y esta disminución se puede deber a que algunos vieron la dificultad y determinaron no renovar o eliminar el giro de juegos electrónicos"., indicó el funcionario.
El alcalde señaló que los dueños de salones de juegos locales fueron a la Corte de Apelaciones, donde presentaron un reclamo de ilegalidad frente a la determinación de Contraloría de solicitar este documento.
Defensa
El vicepresidente de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden AG), Ramón Sepúlveda, comentó que en septiembre de 2019 se generó este nuevo dictamen de Contraloría que refuerza lo que ocurrió en 2016, donde todas las patentes tenían que contar con una consulta de la Superintendencia de Casinos.
"Nosotros hemos desarrollado esta actividad y presentado todos los documentos y no puede venir el municipio, por orden del contralor y a petición de la Superintendencia de Casinos, a entrampar nuestro trabajo, siendo que contamos con las patentes desde hace ya varios años", comentó Sepúlveda.
Es por ello que quisieron ir más allá y llegar al Tribunal Constitucional, donde se discute la facultad que tiene el contralor de legislar y poner más reglas sobre este negocio, ya que eso es sostén del Congreso.
"Hay varios emprendedores que no han podido renovar sus patentes a raíz de esta determinación impuesta por la Contraloría a los municipios y porque los contribuyentes tampoco se han defendido bien. Esa certificación que están pidiendo es irrisoria, porque la Superintendencia de Casinos no tiene ningún convenio con un laboratorio técnico para dilucidar lo que están solicitando, entonces, de manera administrativa deciden cuál puede o no funcionar", dijo Sepúlveda.
A nivel nacional tienen mayores problemas con 5 municipalidades, entre ellas Osorno, Antofagasta y Calama, donde se les dificulta trabajar.
"Si un alcalde decide no renovar, tendrá que asumir las consecuencias si algún contribuyente, por tenerlo cerrado y si nos va bien en las acciones judiciales, decide demandar al municipio por daños y perjuicios. Pero hay alcaldes que saben que este no es un tema resuelto y por ende permiten que sigamos trabajando", agrega Sepúlveda.