Chile vive un profundo escrutinio a sus instituciones públicas. El Poder Judicial no escapa a ello. Doña Soledad Piñeiro, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia y presidenta de la Asoc. Nacional de Magistrados, en entrevista concedida a El Mercurio (ed. 29/8/2020 pág. C3) decía; "Nuestro sistema tiene una muy mala protección a la independencia judicial", refiriéndose a las presiones que reciben los jueces al momento de encabezar las comisiones de libertad condicional en octubre próximo, en relación al caso tan polémico de la ministra Silvana Donoso de la Corte de Valparaíso, quien presidió la comisión de jueces que dio el beneficio al autor del crimen de la joven Ámbar.
Cuestionamientos a las decisiones judiciales son muchos, a veces fundados a ratos no, pero hay un hecho público y notorio que no puede soslayarse: la justicia criminal en Chile necesita ser más democrática, debe legitimarse necesariamente en la comunidad, de modo que sus decisiones obedezcan a un profundo anhelo de justicia material, más allá de la aplicación pura y dura de una ley que puede ser injusta o incluso antidemocrática.
Ha llegado el momento de implementar en Chile la justicia servida por jurados, al igual que lo ha hecho Argentina siguiendo el modelo del "common law".
Estoy convencido de que el juicio por jurado contribuirá a debilitar la burocracia y el corporativismo. La participación de la comunidad, con información, experiencias y perspectivas distintas, otorgará mayor imparcialidad al sistema de enjuiciamiento criminal.
Los miembros del jurado no necesitan hacer carrera dentro del Poder Judicial, razón por la cual no tienen ningún interés en complacer al poder político que deberá impulsar su carrera para llegar a la Suprema; y resulta muchísimo más difícil influenciarlos debido al número múltiple de sus miembros, edades, procedencias, estratos sociales y sexo. De esta manera, la justicia efectivamente se democratiza por cuanto el control ciudadano es mayor y otorga transparencia y equidad a las decisiones judiciales evitando influencias indebidas y presiones, guardando de este modo perfecta correspondencia y armonía con la declaración constitucional del art. 4 de nuestra Constitución que señala que Chile es una República Democrática.
José Manuel Baquedano, presidente Colegio de Abogados Provincia de Osorno