La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo de Celestino Córdova, en huelga de hambre desde hace 103 días y quien pide cumplir bajo arresto domiciliario una condena -dictada en febrero de 2014- a 18 años de prisión por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay en un incendio intencional en 2013.

La sala penal del tribunal dictaminó que de los antecedentes expuestos por la defensa de Córdova "no se desprende que la privación de libertad que afecta al amparado se enmarque en alguna ilegalidad" y que esto "conduce a desestimar el recurso". El fallo no es apelable y el machi Córdova -por ahora internado en el hospital intercultural de Nueva Imperial- deberá seguir en la cárcel.

El presidente Sebastián Piñera abordó las huelgas de hambre minutos después del fallo. "La posición de nuestro Gobierno es simple y clara: estamos siempre dispuestos y abiertos al diálogo en las condiciones que acabo de mencionar", aludiendo así a quienes deseen "dialogar en forma pacífica, sin recurrir a la violencia, con espíritu constructivo".

"Estamos haciendo y vamos a hacer todo lo que sea necesario para proteger la vida de las personas que están en huelga de hambre y lo vamos a hacer siempre respetando nuestras leyes, respetando los tratados internacionales que hemos firmado y respetando nuestro estado de derecho", sostuvo.

Una vez conocida la resolución judicial, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, comentó que "el fallo de la Corte Suprema es contundente. No es el recurso de amparo la vía adecuada para cuestionar la cosa juzgada por parte de otros tribunales que ya sentenciaron respecto de un hecho punible, como fue el incendio que se sanciona en este caso, y respecto de la responsabilidad que le cabe a cada una de las personas que fueron condenadas en ese caso".

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, comentó que el fallo "no puede significar detener el diálogo y, por otra parte, no avanzar en políticas públicas que favorezcan al pueblo mapuche a partir del convenio 169 (de la OIT)".

La decisión de la Suprema fue adoptada por los ministros Carlos Künsemuller, Haroldo Brito, Manuel Valderrama y Leopoldo Llanos, con el voto contrario de Jorge Dahm, quien quiso acoger el recurso de la Defensoría Penal Pública, en cuanto a permitir a Córdova visitar su rehue por 48 horas "a fin de que pueda realizar allí sus prácticas de curación espiritual, sanación y orientación moral de su comunidad".

Luchsinger

El defensor regional de La Araucanía que representa a Córdova, Renato González, lamentó "el resultado, pero sólo nos queda respetar y acatar la resolución de los tribunales que es lo que corresponde en un estado de derecho".

La diputada socialista Emilia Nuyado señaló que "con esto se está condenando al machi a morir" y apuntó culpabilidades hacia el Ejecutivo, mientras que el hijo del matrimonio Luchsinger-Mackay, Jorge Luchsinger, declaró en radio Biobío: "Estoy muy conforme con lo que dictaminó la Corte Suprema (...) Él tiene que seguir cumpliendo su condena (...) El reo y condenado ha tenido muchos beneficios y actos humanitarios".

Sobre el comentario del ministro de Salud, Enrique Paris, quien se dirigió al machi como "colega" (ver recuadro), Luchsinger solo dijo: "Allá el ministro si hace ese comentario".

"Estamos siempre dispuestos y abiertos al diálogo (...) en forma pacífica, sin recurrir a la violencia".

Sebastián Piñera, Presidente de la República

El presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley que endurece las penas por ataques incendiarios contra vehículos motorizados. La iniciativa modifica el Código Penal para incluir a los camiones y buses con personas en su interior a los delitos de incendio, y crea una nueva agravante para quienes incurran en el ilícito. El proyecto busca actualizar la normativa vigente y darle el carácter de bien inmueble o residencial a los vehículos de transporte.

La propuesta toma el nombre de Juan Barrios en homenaje al camionero que el 9 de febrero de 2020 sufrió un ataque incendiario mientras se encontraba durmiendo dentro de su camión, camino a Traiguén (Región de la Araucanía), producto de lo cual quedó con graves quemaduras que finalmente terminaron con su vida, a los 54 años de edad. Esta semana, asimismo, líderes de gremios de camioneros han solicitado al Gobierno que detenga los ataques a camiones en el sur del país, incluso mediante un ultimátum.

"vivir tranquilos"

"Hemos escuchado con mucha atención su voz, el llamado por más seguridad, más libertad, poder vivir tranquilos, poder recorrer Chile con libertad", dijo el presidente Piñera a los camioneros, acompañado por los ministros del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, y de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, además de otras autoridades y representantes del sector transportista. También estuvo presente la viuda de Barrios, Sandra Coñonahuel, a quien Piñera entregó una pensión de gracia.

El proyecto de ley establece que cuando se incendie un camión o un bus y haya resultado de muerte, la pena va a ser desde 15 años y un día hasta cadena perpetua, es decir, presidio mayor en su grado máximo. Y, en los demás casos, presidio mayor, lo que implica entre 5 y 20 años de prisión.

"El odio y la violencia no van a prevalecer; la paz y la seguridad son los caminos para encontrarnos y resolver los problemas", dijo el Presidente, quien llamó a debe distinguir las "necesidades que son legítimas" de "la violencia, la destrucción, la maldad y el daño, como el que le causaron a Juan Barrios, a toda su familia y a todos los camioneros".

En la actividad realizada en la ruta 5 Sur, en San Francisco de Mostazal (O'Higgins), el jefe de Estado pidió al Congreso sacar adelante proyectos de ley para dar más seguridad.

Más temprano, en La Moneda, el ministro Víctor Pérez se reunió con las multigremiales del transporte de la Araucanía y también con el directorio nacional, que lidera Juan Pablo Swett.

"Valoramos la ley Juan Barrios, es un buen avance, pero no es suficiente para acabar con la violencia en la macrozona sur de Chile. Si esta ley hubiese existido hace 5 años, no hubiera servido, porque no hay ningún detenido por quema de camión", dijo Swett y aclaró que la violencia la sufren también otros sectores, como los agricultores.

En la ocasión, los transportistas hicieron entrega al Gobierno de un petitorio de 12 proyectos de ley para devolver la paz en la zona.