El Presidente Piñera promulgó hace unos días la ley que endurece las sanciones contra las personas que agredan a Bomberos durante el ejercicio de su labor. Se trata de una iniciativa que se originó en mociones parlamentarias y que fue promovida por el Gobierno, con el fin de dar mayor protección a los voluntarios de todo el país para el desarrollo de su fundamental labor para la seguridad de la ciudadanía.

La nueva legislación, ya publicada en el Diario Oficial, modifica el Código Penal al aumentar las sanciones del delito de lesiones graves y menos graves contra Bomberos en servicio. Para las lesiones graves se aumenta la pena de presidio desde 541 días a 3 años, y de 3 años y 1 día hasta 5 años. En tanto, para las lesiones menos graves, se eleva desde 61 días a 540 días, y desde 541 días hasta 3 años, equiparándolas, por ejemplo, con aquellas de lesiones en el contexto de la violencia intrafamiliar. Esta modificación legal forma parte de un compromiso que habían dado a conocer las autoridades y que con anterioridad condujeron a legislaciones para la protección de diversos funcionarios públicos, como los de la salud y policías.

Con cierta frecuencia aparecen en los medios de comunicación informaciones que dan cuenta de los ataques que en diversas ciudades sufren los voluntarios cuando acuden a atender incendios, especialmente en los barrios más apartados.

En ocasiones, los ataques ocurren como expresión del vandalismo.

Los bomberos chilenos son un ejemplo en el mundo, si se considera que su labor es voluntaria, que no reciben remuneración y que incluso deben restar horas de trabajo o de sueño, y costear de su bolsillo los gastos que representa desplazarse para ayudar a los demás. Esta es una de las más prestigiadas instituciones del país, que entrega a la sociedad el recurso humano que requiere ante las emergencias, desde incendios, accidentes de tránsito o catástrofes naturales. Algunos no reconocen la nobleza y la generosidad de esta entrega, y en lugar de devolver la mano con aprecio y afecto, los atacan. Esto es inaceptable y de ahí surgió la necesidad de endurecer las sanciones.

Esta semana acaba de asumir un nuevo ministro del Interior. Víctor Pérez es el número 12 en ocupar este cargo durante este siglo y la verdad es que no es fácil ser optimista respecto del combate de la delincuencia y el crimen organizado, un área donde nos hemos llenado de promesas de campaña y de nulos resultados en la práctica.

"Si las instituciones funcionan como están empezando a funcionar, no habría cómo declararme culpable", dijo Francisco Javier Solar Domínguez, en entrevista con CNN del 8 de octubre de 2011, quien junto a su pareja Mónica Caballero Sepúlveda terminaron siendo absueltos en el Caso Bombas de Chile, no obstante, en 2014 ambos fueron condenados por colocación de artefacto en España. La semana pasada la pareja fue detenida por el envío de un artefacto explosivo que pudo haberle costado la vida al ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

Hoy, sólo queda decir que el anarquista Francisco Solar fue un visionario al señalar que si las instituciones funcionaban como estaban empezando a funcionar en Chile en 2011, sería imposible condenar a gente como él y su pareja que, vale recordar, recibieron indemnizaciones de $100 millones y $80 millones por daño moral en el Caso Bombas en 2012.

Se debe analizar cuál es la razón por la cual la Justicia nacional se aprecia inhibida para ejercer su rol. Mucho nos hemos enfocado en la necesidad de que exista una "condena unánime a la violencia" y si bien esto es necesario, la verdad es que en una República que se supone sólida como la nuestra, las instituciones que deben asegurar el imperio de la ley no necesitan que a cada minuto exista un coro de políticos aplaudiendo o invitándoles a hacer de manera correcta su trabajo, deteniendo a quien se deba detener y condenando a quien haya que condenar.

El 22 de noviembre de 2019, el fiscal nacional Jorge Abbott dio a conocer al Congreso que "habían bajado los delitos del tráfico de drogas y estas organizaciones se han dedicado a los saqueos. Según cifras de la Fiscalía, durante el período de estado de excepción, el número de saqueos subió en un 423% respecto de 2018, mientras que el microtráfico cayó a 48%. Es decir, existe una total claridad respecto de quiénes son los que están detrás de la violencia desbordada en medio de protestas y los delitos comunes: son los mismos.

Nos cansamos de las frases, nos cansamos de las pautas de prensa y los adjetivos. Es hora de ver resultados.

Christian Arntz Mac-Evoy Presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago)