El gobierno está hoy en un punto crítico para su supervivencia como coalición, todo a propósito de la inflexión que significa el proyecto que busca que los cotizantes puedan retirar hasta el 10% de sus ahorros desde las AFP.

El Ejecutivo está enfrentado, con su negativa, a una demanda de alta popularidad y con un creciente apoyo de los congresistas, muchos de los cuales son de su sector.

Son las consecuencias de una gestión cuestionada en demasiados ámbitos y que ahora se ve atorada con una discusión impensable hasta hace algunos meses, pero que fue abierta ante la impericia de un Ejecutivo que sigue sin entender el país que emergió el 18 de octubre, pero que en estricto rigor, ya mostraba enormes signos de lo que estaba en ciernes.

Hoy, la cuenta corriente, política y económica del gobierno es cada vez más exigua y un posible veto a la moción significará un golpe duro para la opinión pública que ve en esta opción, tanto un respiro financiero, como un castigo a las administradoras que han hecho poco por mejorar su imagen y explicar en qué consiste su trabajo.

Por otro lado, si el proyecto no pasa, los efectos serán igualmente complicados para todos estos sectores, mismos que están en los espacios de retaguardia en el respaldo cívico. Allí menos puede esperarse una discusión seria del asunto.

Son los efectos de una crisis sistémica casi completa: ausencia de liderazgos, de credibilidad y de planes.

La única opción que tiene el Ejecutivo para evitar discutir un proyecto malo para la población es presentar un plan robusto de apoyo a quienes hoy sufren las consecuencias de la crisis.

Demás está decir que Chile requiere un nuevo pacto social, esto es indispensable a la luz de lo que vemos, cuando cada centímetro de la acción política está conflictuada por el enfrentamiento entre la demanda de lo que puede hacerse y lo que se demanda.

Seguir negando aquello, algo que es más profundo que la construcción de una nueva Constitución, es de una ceguera total e irresponsable ante la historia nacional.

Esta semana, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dio a conocer los avances en la investigación por las diferencias detectadas entre los registros de nacimiento en el Sistema de Información Pecuario, Sipec, en lotes de exportación de animales hacia China, un caso que daña la imagen del país y que pone en riesgo la profundización de uno de los destinos clave para la ganadería chilena.

Tal como en muchas otras áreas de nuestra sociedad, el país demuestra que su capacidad de investigar y encontrar responsables goza aún de buena salud, no obstante, el problema real es que el costo oportunidad de cometer un delito se encuentra totalmente desbalanceado. En palabras sencillas, si el productor que buscó burlar el Sipec sólo arriesga una multa mínima en relación al delito, la posibilidad de que más inescrupulosos vuelvan a intentarlo está a la vuelta de la esquina.

Desalienta que cada vez que vemos aumento de robos, crecimiento del crimen organizado y narcotráfico -que se engancha íntimamente con graves alteraciones del orden público y delincuencia rural-, como también los llamados crímenes de cuello y corbata, la respuesta de las autoridades sea la generación de más burocracia y no el aumento de penas que sean verdaderamente disuasivas.

Hace tres años, en uno de los seminarios organizados por Icare, que contó con la participación del entonces académico de la UAI y hoy ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se alertó que el exceso de leyes y trámites generan costos, discrecionalidad e incertidumbre que empeoran la calidad de las políticas públicas y aumentan la burocracia.

En Chile tenemos más de 21 mil leyes, a las que se agregan 100 nuevas cada año, y a ello se añaden más de nueve mil regulaciones secundarias, como resoluciones y decretos, en su mayoría a nivel municipal. En 2017, el ahora ministro Briones estimó que la regulación excesiva tiene un costo real para la economía que puede llegar a entre 0,5% y 2% del PIB anual. Tres años después, con esta proliferación de proyectos de ley donde incluso los legisladores se muestran dispuestos a hacerle trampa a la ley por "un bien superior", el diagnóstico sólo puede haber empeorado. Basta ver la manera como se salta la Constitución vigente para darse cuenta que el Poder Legislativo está fuera de control. El legalismo extremo y la laxitud de las penas es una mezcla que está dinamitando las bases del desarrollo del país.

Christian Arntz Mac-Evoy Presidente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (Sago)