Los expertos indican que el aumento de la ansiedad, la depresión, el estrés y hasta el pesimismo, podrían ser las primeras señales de trastornos de la salud mental, que influyen en la forma de comunicarnos y relacionarnos con los demás. En los casos extremos o con problemas mentales preexistentes, puede llegarse a comportamientos perjudiciales, como el suicidio o autolesiones. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, entre 3 y 4% de la población puede sufrir trastornos mentales severos, mientras que entre 15 y 20% podría padecer patologías leves a moderadas. Y el resto, se ve expuesto a un fuerte estrés psicosocial pero no patológico. En efecto, la encuesta Cadem reveló que un 58% de los chilenos dice estar ansioso o nervioso, en el contexto de las cuarentenas.

El deterioro de la salud mental debido a las medidas que se han tenido que tomar, han afectado de preferencia a las mujeres y a los adultos mayores.

El Plan Nacional de Demencias del Minsal señala que en el país viven 200 mil personas con algún tipo de demencia y su impacto repercute en alrededor de 800 mil personas, principalmente familias y cuidadores.

Hace unos días el Gobierno puso en funciones el plan Saludable -Mente, que apunta a fortalecer la red de apoyo Salud Responde, establecer operativos en los centros de salud familiar de atención primaria y la instalación de una plataforma donde los beneficiarios de Fonasa puedan agendar consultas psicológicas o psiquiátricas de forma gratuita. Tiene como objetivo acompañar a las personas, que hoy día están viviendo situaciones de ansiedad, de dolor y de angustia, para que equipos de psicólogos las apoyen, orienten y acompañen, con el fin de mitigar problemas generados por la angustia o la ansiedad durante este proceso de pandemia.

Es importante entender que la cuarentena y el distanciamiento físico, no significan eliminar los contactos. Más que nunca se requiere un diálogo permanente con las personas, en algunos casos para valorar su rol en la familia, y en otros, para rescatarlas de la soledad.

Las dificultades económicas de las familias a causa de la desigualdad de nuestro país, que se han visibilizado desde la crisis social de octubre pasado y amplificado con la emergencia sanitaria, también ha afectado a instituciones de todo tipo, entre ellas las universidades.

El complejo escenario de nuestro país que bordea los 9 mil fallecidos vinculados a covid-19 y sobre 270 mil contagiados, exigió este año un esfuerzo relevante de las universidades para adaptarse al escenario de pandemia, manteniendo las actividades académicas de manera virtual y restringiendo el desarrollo de actividades administrativas.

Las consecuencias han impactado la capacidad de las familias en invertir en la educación de sus hijos y ha generado dificultades mayores para las universidades que dependen de los aranceles para su financiamiento. Lo anterior, se ve acrecentado por la limitación que las universidades con gratuidad tienen en el cobro de aranceles a estudiantes que la pierden, por la disminución de matrícula producto de las movilizaciones del segundo semestre de 2019 y el proceso irregular de admisión de 2020, que han aumentado la morosidad y la disminución de alumnos nuevos y antiguos.

Tenemos un rol en la emergencia sanitaria apoyando en la mitigación de la pandemia como ha sido la facilitación de infraestructura, equipamiento y las competencias científicas que disponemos. Al mismo tiempo, somos sensibles a las dificultades de nuestros estudiantes con alto número de alumnos vulnerables. Para ello, contamos con beneficios y becas para apoyarlos, las que este año han implicado mayores esfuerzos para el acceso equitativo a las actividades académicas, y medidas económicas y facilidades administrativas para la continuidad de estudios.

Como Consorcio de Universidades Estatales, frente a nuestro compromiso con el desarrollo del país, hemos apelado a la estructura del financiamiento por aranceles y al compromiso del Estado con sus universidades para enfrentar crisis como ésta. Vemos con preocupación la indiferencia del Gobierno al no abrir un nuevo proceso de postulación a la gratuidad, becas y beneficios estudiantiles producto del alto impacto económico sobre las familias que han modificado sustantivamente sus condiciones socioeconómicas. El rol del Estado es garantizar la provisión de bienes públicos como la educación y salud.

Oscar Garrido , rector Universidad de Los Lagos