Hace unos días el Gobierno ha presentado el proyecto de ley que -de aprobarse- fortalecerá la persecución y el combate de los delitos vinculados al narcotráfico. La iniciativa modificará la actual Ley de Drogas (ley N.º 20.000) aplicando con mayor rigor la legislación contra quienes los tribunales establezcan que pertenecen a organizaciones de este tipo, y coloca acento en aquellas acciones destinadas a limitar la capacidad económica de esos grupos.

Uno de los problemas de seguridad que más preocupa a la población es el aumento del narcotráfico, por al menos al menos dos razones: el consumo de drogas atrapa a los más jóvenes principalmente, y la venta va aparejada con la violencia, que se toma las poblaciones, naturaliza el uso de armas y crea sus propios espacios y normas en medio de las ciudades.

Entre los principales cambios está posibilitar, en casos calificados, la enajenación temprana de los bienes incautados, sin esperar la finalización del proceso penal como condición para iniciar los trámites. También establece que éstos podrán ser destinados a las unidades policiales que tengan por objeto el combate al narcotráfico, con el fin de optimizar su capacidad operativa y de respuesta. Asimismo, se incorporará a las automotoras y a las comercializadoras de vehículos motorizados nuevos o usados, al catálogo de personas naturales y jurídicas que están obligadas a informar a la Unidad de Análisis Financiero sobre las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades.

El proyecto de ley que inicia su trámite legislativo aumenta la pena para aquellas conductas que vulneren la integridad de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, se incrementa la sanción a quienes se valen de menores de edad para delitos relacionados al narcotráfico. Además, permitirá al Senda destinar los recursos obtenidos de los bienes y valores decomisados a programas de prevención y rehabilitación.

La operación de grupos narcos trae consigo el desarrollo millonarias actividades de lavado de activos, por medio de inversiones inmobiliarias, compra y venta de vehículos, entre otros, por lo que se hacía necesario adecuar la legislación con el fin de atacar con más fuerza y con sanciones más duras a las organizaciones proveedoras de estas sustancias prohibidas.

En Introducción al Derecho enseñamos la importancia del binomio "hombre-sociedad" como un paradigma insoslayable que justifica la razón de ser del Derecho como el instrumento más eficaz que se conoce para regular la conducta del hombre en sociedad mediante un sistema de reglas obligatorias sancionadas por la fuerza institucionalizada del Estado en caso de infracción.

Y de pronto, todo cambia. Aparecen nuevos conceptos tales como el "distanciamiento social" y de la noche a la mañana debemos replegarnos en nuestros cuarteles de invierno.

Esta pandemia va a transformar el mundo: uno de esos grandes cambios es la forma en que se relaciona el hombre en sociedad, ya que en la actualidad, más de un tercio de la humanidad se encuentra bajo algún tipo de confinamiento y es a través de la red global de internet que ha sido posible, al menos, mantener el nexo social. A modo de ejemplo: la libertad de desplazarse y reunirse, (algo que dábamos por hecho) y que se presumía garantizada en un estado de derecho, se ve severamente afectada. Lo mismo ocurre con otras costumbres arraigadas en nuestra sociedad: saludar de beso, estrechar una mano, dar un abrazo, que en la actualidad están vedadas.

Una de las áreas más afectadas es la educación, ya que desafía un sistema que no se encuentra suficientemente preparado para afrontar esta contingencia. Las clases presenciales han sido reemplazadas por virtuales con apoyo de la tecnología, sin embargo, esa situación sólo devela y acentúa aún más la brecha social entre ricos y pobres, y entre lo que viven en los centros urbanos y los que viven en zonas rurales. Esto, desde la perspectiva del Derecho, vulnera el acceso a la educación digna que todo ciudadano debe tener.

Una de las principales preocupaciones en relación a la vulnerabilidad de los Derechos Humanos, es el de las personas privadas de libertad; una de las medidas del Gobierno fue dejar en libertad a más de 13 mil reclusos que se encontraban condenados y otros imputados. Las consecuencias de esta medida no las sabemos con certeza, pero ciertamente esto generará un mayor grado de inseguridad ciudadana.

La concepción del vivir en sociedad será otra a partir del 2020 y el reloj no se detiene.

José Manuel Baquedano, Pdte. Colegio de Abogados provincia de Osorno