Un incendio redujo a escombros la posta municipal de salud de Bahía Mansa, en la comuna de San Juan de la Costa, salvándose únicamente el instrumental que había en su interior. El incendio se registró pasada la medianoche y concurrieron voluntarios de Bomberos de Osorno. Las causas están siendo investigadas.
"Es fundamental escuchar y atender a la comunidad cuando requiere del apoyo de las autoridades".
Jaime Bertín — Alcalde de Osorno
"Respeto la impronta que le quiera dar el nuevo gobernador, pero nosotros hicimos un acto republicano".
Daniel Lilayú — Ex gobernador provincial
Un triple parricidio y suicidio desató el dolor y desconsuelo de los vecinos del sector de Tronlico, en la comuna de La Unión, luego de que agobiado por problemas sentimentales, Jaime Soto degollara a sus hijos de 7, 5 y 3 años y luego se quitara la vida. Dejó una carte de seis hojas en la que culpa a su ex mujer.
Con la certeza de que podrán obtener una sentencia condenatoria contra el único imputado por el crimen de la estudiante osornina, Claudia Barría, se manifestó la fiscal María Angélica de Miguel, quien estará a cargo de este caso, en el que solicitan cadena perpetua simple. La instancia comienza hoy a partir de las 10 horas.
De acuerdo a las estadísticas oficiales del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, dependiente del ministerio, hasta el 31 de diciembre pasado 45 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas durante 2019 en Chile, contabilizándose así un total de 412 víctimas de femicidios desde el año 2010.
La cifra del año pasado corresponde a tres casos más que el año anterior, cuando hubo 42 víctimas. El año 2010 el que tuvo más casos en la última década, cuando las autoridades de la época contabilizaron 49 mujeres fallecidas. por este delito en todo el país. De acuerdo a la definición realizada en la Ley 20.480, un femicidio es el asesinato de una mujer realizado por quien es o ha sido su esposo o conviviente. Si bien el reconocimiento del femicidio como un delito en sí mismo fue un avance, desde distintos sectores se había advertido que era necesario ampliar la tipificación del mismo.
Esta modificación quedó oficializada el pasado lunes, cuando fue firmada y promulgada por el Presidente Sebastián Piñera la denominada Ley Gabriela. Se trata de una normativa que lleva ese nombre en homenaje a Gabriela Alcaíno, de 17 años, y su madre, Carolina Donoso, quienes fueron asesinadas en la comuna de Maipú el 11 de junio de 2018 a manos del expololo de la joven, delito que no fue condenado como femicidio debido a la legislación que regía entonces.
A partir de esta nueva ley, se modificó la tipificación de femicidio y desde ahora en adelante se incorporarán los asesinatos de mujeres por parte de parejas sin convivencia y a padres con hijos en común. También tipifica un nuevo delito de femicidio por razón de género, que contempla cualquier asesinato de una mujer por el solo hecho de serlo.
La norma también establece agravantes especiales para este delito, como por ejemplo que la víctima sea menor de edad, como fue el caso de Gabriela, o que se encuentre embarazada. Se trata entonces de modificaciones importantes, que permiten que nuestro país avance en esta materia, sumándose así a otros países que también buscan mejorar la protección de las mujeres y erradicar la violencia en su contra.
Da la impresión que el gobierno no ha entendido el mensaje de los ciudadanos que desde el 18 de octubre el año pasado están pidiendo mayor justicia social. Peor aún, no ha comprendido ni acogido el sentimiento de abuso que la gente arrastra hace años, donde el reclamo también es por los bajos salarios.
Existe esta desigualdad y hoy La Moneda tenía la oportunidad para proponer una fórmula que permitiera a los chilenos tener salarios muchos más decentes y un mayor esfuerzo de los empleadores. Sin embargo, prefirió optar por un subsidio estatal, que beneficia incluso a grandes empresas.
Hay quienes sostenemos que el ingreso mínimo debe alcanzar los $500 mil, cifra que incluso fue propuesta por algunos empresarios y que permite satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.
El gobierno ha presentado un proyecto con el objetivo de complementar los ingresos de los trabajadores que reciben más bajas remuneraciones, mediante una especie de bono de aproximadamente $50.000, generando así lo que han denominado un nuevo "ingreso mínimo garantizado".
Este aumento, no obstante, no alcanza a cubrir las necesidades esenciales de los chilenos. Lo dijo hace muchos años la Iglesia cuando habló por primera vez del sueldo ético; lo han demandado insistentemente los trabajadores a través de sus organizaciones, y lo confirman todos los estudios que sostienen que el ingreso mínimo se encuentra bajo el umbral de la pobreza.
Otro problema de esta iniciativa es que no apunta a que las empresas aumenten la remuneración para sus los trabajadores, sino que establece un nuevo subsidio de cargo estatal. Es el entonces el Estado y no el privado quien absorbe el costo del mayor salario.
Entonces no se entiende la propuesta del gobierno. En momentos de crisis se requiere tomar medidas estructurales que generen cambios profundos y esto no se logra con un aumento magro y producido exclusivamente mediante una transferencia del Estado, sin esfuerzo de los empleadores.
Entendemos la urgencia del gobierno por mostrar que se está haciendo cargo de las demandas ciudadanas, pero evade el problema de fondo. La gente quiere soluciones reales y no de parche, y las urgencias deben ser las de los ciudadanos y no las de La Moneda.
Rabindranath Quinteros, senador por la Región de Los Lagos