Adiferencia de los años anteriores, el reinicio de clases de este marzo 2020 en la Región de Los Lagos, así como en todo el resto del país, tuvo un componente adicional: el clima de efervescencia que se vive desde octubre pasado, cuando comenzó el estallido social, y que según muchísimas proyecciones tendrá en este mes uno de sus puntos más altos, para luego rematar con el plebiscito constitucional del próximo 26 de abril, cuando los chilenos decidan si tener o no una nueva Carta Fundamental. Por ello es razonable que uno de los primeros llamados realizados desde los establecimientos escolares, en voz de sus directivos, hayan estado dominados por los llamados a la tranquilidad hacia los diferentes estamentos de sus comunidades.

Junto con la habitual tarea académica que cumple cada colegio y liceo en función de los aprendizajes esperados, las evaluaciones y la propia convivencia escolar, no hay duda que en esta oportunidad tendrán que hacerse cargo de la particular situación del país, pues será prácticamente imposible desatender desde sus respectivas esferas lo que domina a la opinión pública desde fines de 2019. Por una parte, será esencial mantener actualizadas las medidas de emergencia en los inmuebles, en razón de los episodios de violencia que se han verificado en las calles de tantas ciudades; así como también tendrán un deber relevante a la hora de abordar el debate que se vive en el país, para que los niños y jóvenes encuentren ahí canales de información adecuados.

Más que un problema, las unidades educativas se encuentran frente a una oportunidad, o al menos así debería ser considerado. Después de tantos años de insuficiente educación cívica, este es el momento preciso para entregar a los estudiantes, con vivencias diarias, aquellos contenidos sobre democracia, respeto y tolerancia que se supone debería contener cualquier proceso eleccionario, así como también del rechazo a la violencia en cuanto a mecanismo de expresión política.

Los estudiantes del país vivirán un año muy especial, del cual habrán de sacar provecho para valorar la democracia y la participación ciudadana.

El resguardo del orden público siempre ha sido una importante preocupación para cualquier Estado y Gobierno. Un país en orden y con seguridad protege a sus nacionales y extranjeros y les asegura las condiciones necesarias para trabajar, estudiar, vivir y producir en paz. Al inversionista extranjero, por su parte, un país en orden y con reglas claras lo incentiva a crear empleo y potenciar el crecimiento y, a la inversa, un país convulsionado lo asusta y prefiere apostar sus fichas en otra nación.

Independiente de las profundas causas que afectan nuestra convivencia interna, no debe perderse de vista que quienes soportan las mayores pérdidas con las violentas manifestaciones, somos nosotros mismos: los comerciantes, profesionales, usted y yo, quienes no podemos llegar temprano a nuestros hogares, tememos por nuestra integridad física y la de nuestras familias, así como por nuestros bienes; y entonces, ocurre que nuestros sentimientos más íntimos se vuelcan en contra del manifestante violento, en contra de la masa que nos impide llegar a nuestros hogares, perjudica nuestro comercio, afecta nuestro empleo, destruye los bienes públicos y privados y así suma y sigue.

Al final del día la causal última de las manifestaciones legítimas se desperfila, pasa a un segundo plano. De este modo, ¿qué importa que muchos no tengan salud ni educación si yo perdí el empleo, o si para llegar a mi hogar debo sortear barricadas, o si no puedo hacer algún trámite en el banco o en algún comercio porque cierran antes de tiempo?. No olvidemos el instinto primario de supervivencia, todo es muy noble hasta que nos afecta y precisamente eso ocurrió. Chile está enfermo y con miedo. El medio se convirtió en el fin y el fin se diluyó entre el fuego, el caos y la inseguridad.

El Estado tiene el deber de proteger a su población ante cualquier agresión interna o externa y para ello cuenta con las herramientas que le otorga el Derecho. Pero no basta el ejecutivo. El Parlamento tiene que otorgar las leyes que la situación demande para dotar de instrumentos al ejecutivo, los tribunales deben aplicar la ley con un criterio de proporcionalidad sin descuidar el derecho esencial a la defensa y los fiscales perseguir con objetividad. En palabras sencillas, el orden público, la seguridad jurídica y la paz social se alcanzan cuando todos los actores involucrados cumplen acertadamente sus funciones. Luego, no culpemos ni miremos sólo a las policías cuando algún eslabón de la cadena deja de funcionar.

José Manuel Baquedano, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Osorno