Paola Rojas

La mañana de ayer se registró el desalojo de las 25 familias que mantenían tomado ilegalmente un terreno situado a un costado de la Ruta U-400 al mar, propiedad del municipio de Osorno y que está tipificado como área verde.

Luego de que estas familias se instalaran en el lugar, al cual denominaron como "Vamos por ese sueño", desde el municipio solicitaron a la Gobernación el desalojo mediante un documento, el cual fue aprobado por la máxima autoridad provincial.

Carabineros concretó la orden acompañados por retroexcavadoras y camiones que retiraron gran parte de las construcciones que se estaban levantando, a lo que los pobladores se opusieron con barricadas y paralizando el tránsito. Ante la resistencia, la policía actuó con gases lacrimógenos, donde hubo además seis detenidos.

Seguirán luchando

La secretaria del campamento, Nicol Salamanca, relató que los carabineros llegaron a desalojarlos a las siete de la mañana, acompañados por maquinaria pesada para el retiro de lo que estaba instalado.

"A las 7 de la mañana empezaron a desalojarnos y a romper todo con una retroexcavadora. Se llevaron detenidos a los chicos que estaban durmiendo en sus casas. Ni siquiera nos presentaron la orden ni nos dijeron que nos venían a desalojar", indicó. Y acusó excesivo uso de la fuerza policial.

La dirigenta agregó que piensan permanecer en el sitio, ya que les ha costado mucho levantar lo que hasta el momento se había construido.

La respuesta de las familias fue inmediata tras el intento de desalojo, ya que en varios puntos de Rahue Alto se instalaron barricadas, fue interrumpido el tránsito y además se suspendieron algunos recorridos del transporte público por apedreo a vehículos.

Al cierre de esta edición se registraron disparos con armas de fuego originales y hechizas por parte de manifestantes violentos a carabineros, tras lo cual un oficial policial resultó herido a bala en el rostro y en la oreja derecha. Fue llevado al Hospital Base San José, donde al cierre de esta edición estaba en evaluación médica.

Debido a los desórdenes, se pidió apoyo del Gope y Fuerzas Especiales de Carabineros de Puerto Montt, que pasadas las 19 horas llegaron a la ciudad.

En total, seis personas fueron detenidas, cinco hombres y una mujer.

Mandato legal

Tras los incidentes, El Austral conversó con el alcalde Jaime Bertín, quien explicó que la ley lo obliga a resguardar los recintos municipales, por lo que en este caso era su deber solicitar el desalojo a la Gobernación Provincial, ya que el gobernador determina si esta petición procede o no.

Añadió que en el caso de confirmar si corresponde el desalojo, el mismo gobernador solicita la intervención de carabineros para concretar el procedimiento.

En este caso el documento determina que el retiro de las familias de la toma estará a cargo del municipio osornino, a través de su Departamento de Seguridad Pública, donde su director debe actuar como ministro de fe; además, deben facilitar los medios materiales adecuados para proceder con el desalojo del terreno.

Bertín precisó que el sitio tomado ilegalmente es un área verde que no tiene alcantarillado, agua potable ni luz, por lo que las personas se verían en la obligación de construir pozos negros, con el riesgo sanitario que ello implica.

Petición Municipal

El gobernador Daniel Lilayú respondió que el desalojo se ordenó por una petición del municipio realizada en diciembre, lo cual fue aprobado, por lo que según corresponde legalmente, debió dar la orden en esa fecha para que la fuerza pública colabore.

"La coordinación de cuándo y cómo se hace es entre Carabineros y el mandante, que en este caso es la municipalidad. La restitución de los terrenos se pidió en diciembre y la coordinación entre Carabineros y la municipalidad sólo compete a ellos", aclaró Lilayú.

Rechazo

La diputada (PS) Emilia Nuyado calificó este procedimiento como una falta de respeto por parte del gobierno a las familias desalojadas, frente a la crisis que por años ha vivido la ciudad en el tema de las viviendas sociales y emplazó al gobernador Daniel Lilayú frente al actuar de la policía.

"El gobernador Daniel Lilayú debe responder por la forma cruel de esta represión. Además, había señalado que nadie sería desalojado previamente a las diversas reuniones que se debían generar y donde el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) también iba a estar involucrado", expresó la parlamentaria.

En tanto, el consejero regional por Osorno (PS) Francisco Reyes dijo que este desalojo da cuenta de la falta de sentido común en momentos difíciles; y que los terrenos disponibles aún esperan por definiciones.

"Aquí actúa la fuerza pública y las autoridades encargadas están en sus oficinas, escondidas", expresó.