El 2020 será el año de las decisiones. Como nunca antes, la ciudadanía chilena será convocada a elegir. Primero, en abril próximo, podremos definir si queremos o no una nueva constitución, así como la fórmula a través de la que será redactada. Luego, en octubre, deberemos seleccionar a quienes serán los responsables de esa tarea. Ese mismo día elegiremos alcaldes y concejales y, por primera vez también a los nuevos gobernadores regionales. Eventualmente, estas elecciones podrían estar marcadas por la restitución del voto obligatorio.

En este proceso nadie puede quedar fuera, ni mujeres, ni pueblos originarios ni los independientes. Y dentro de las organizaciones políticas será necesario impulsar un recambio en las propuestas, tanto de personas como ideas.

Es necesario comprender que estas elecciones no pueden ser enfrentadas con los códigos a los cuales hemos estado siempre acostumbrados. Asumirlo como si fuese una contienda electoral más -asentada en el tradicional clivaje de izquierda versus derecha- probablemente sólo contribuirá a pavimentar el camino hacia el fracaso.

La ciudadanía lo ha dicho con fuerza en estos meses de manifestaciones y expresiones de malestar contra el sistema vigente: Está aburrida de la letra chica, de los acuerdos opacos, de la información a goteras. Ya no quiere seguir siendo testigo impotente de las decisiones que otros toman por ellos. Por eso el espacio eleccionario de 2020 es tan relevante.

La protesta social ha hecho su tarea. Ha visibilizado la molestia y el hastío, y ha puesto en nuestro horizonte nuevos desafíos que requieren acciones concretas y modificaciones profundas. Pero los cambios solo serán posibles en el marco de institucionalidad que regula nuestra convivencia democrática y se materializarán en la medida en que la participación de todos y todas esté asegurada, sin trabas ni dobles lecturas.

Hay aquí, por cierto, también un desafío para quienes se sienten distantes o decepcionados de los partidos y la actividad política. En un año tan relevante, marginarse no parece ser una opción válida. Participar es mucho más que votar. Participar, en este año de decisiones fundamentales, implica organizarse, informarse, debatir y ser protagonistas.

En las elecciones de este año, están en juego mucho más que unos cuantos cargos de representación popular o la supremacía de un sector político. Están en juego las definiciones fundamentales de lo que esperamos y queremos para Chile.

Rabindranath Quinteros, senador Región de Los Lagos

Un muy lamentable y, a la vez, preocupante precedente es el que ha quedado de manifiesto en el marco de la crisis que enfrenta este año la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), a raíz del boicot que impidió que miles de estudiantes pudieran concretar su derecho a responder el examen y seguir en el proceso de admisión.

Las cifras de afectados que entregó el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) son categóricas: 44.200 estudiantes en todo el país no pudieron rendir la prueba de Lenguaje el pasado 6 de enero. La situación se repitió al día siguiente para los 86.571 alumnos que enfrentaban la de Matemática. Los desórdenes impidieron concretar también el test de Ciencias a 37.396 personas. Por ello, los afectados tendrán una segunda fecha para rendir los exámenes, el 27 y 28 de enero. Adicionalmente se canceló la aplicación de la Prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales a nivel nacional, lo que afectó a más de 200 mil inscritos para rendirla.

Se observa una inquietante tendencia enfocada en validar distintas formas de violencia, en el entendido que existiría cierta legitimidad cuando aquellos que plantean su malestar argumentan que "no han sido escuchados" y, por ello, tendrían el derecho a tomar acciones de fuerza para buscar imponer por esa vía sus puntos de vista con la celeridad y formato que ellos desean. Detrás del boicot a la PSU hay, entonces, una clara transgresión de los derechos de los cientos de miles que estaban inscritos para rendirla.

Tras el reconocimiento de las salas de rendición de las pruebas, su vicepresidente ejecutivo, rector Aldo Valle, sostenía que "desde el punto de vista logístico, ningún estudiante será impedido en dar la PSU", y recalcaba que "quienes rinden las PSU ejercen un derecho y el Cruch y el Demre están dando cumplimiento a una obligación pública con ellos y sus familias. Estamos poniendo al servicio de todo el país una oportunidad para acceder a la educación superior".

Una adecuada fórmula para enfrentar este y otros problemas pasa, necesariamente, por encauzar las críticas por los canales correspondientes y reforzar la necesidad de que sea el diálogo democrático y la discusión institucional lo que se restablezca como método para enfrentar las diferencias.