Si hay algo que ha quedado claro en Chile en las últimas semanas, es que la paz social solo puede asentarse sobre la base de la justicia social.

La convivencia, la estabilidad, la colaboración, que requiere toda sociedad para poder funcionar, solo pueden construirse sólidamente cuando existen condiciones de respeto y equidad en el acceso de los derechos básicos.

Esas condiciones se traducen hoy, en Chile, en los tres pilares de una agenda social: salud, pensiones y salarios dignos.

La salud como un derecho y los medicamentos como bienes públicos y sociales y no privados y de consumo. Un sistema público único financiado con las contribuciones de todos y también con impuestos, que ponga el acento en la prevención, que asegure un acceso igualitario parta todos que no dependa de la condición económica y que no discrimine, con una red pública que otorgue atenciones oportunas y de la calidad y que no dependa de la compra de servicios a privados.

Pensiones justas para quienes han contribuido con su trabajo al desarrollo del país, cuyo monto no dependa únicamente del esfuerzo individual y de la rentabilidad de las inversiones; y pensiones básicas que permitan satisfacer las necesidades esenciales de quienes, por distintas razones, no han cotizado.

Salarios dignos para un trabajo decente, con remuneraciones no inferiores a 500 mil pesos mensuales, con una participación justa de los trabajadores en la riqueza que contribuyen a generar, con pleno respeto a los derechos laborales, con jornadas compatibles con la vida familiar y el descanso y con subsidios adecuados para quienes deben enfrentar la cesantía.

Así como se dice que la Constitución debe ser la casa común, estos pilares deben constituir el alhajamiento mínimo de esa casa de todos. Naturalmente para ser realidad, estos pilares requieren de otro Estado, lejos del modelo subsidiario, de otra cultura democrática, con mayor participación y control ciudadano, y otra cultura tributaria, en la que los que tienen más, también contribuyan con más.

La gente espera que el gobierno dé los primeros pasos con medidas urgentes ante los problemas más apremiantes y bases de reformas estructurales para los problemas de fondo.

Hasta ahora el gobierno está al debe. Ha hecho un esfuerzo, no cabe duda, pero lo ha hecho sin la convicción y profundidad que la gravedad de la crisis exige.

Rabindranath Quinteros, senador de la Región de Los Lagos

Las fuertes sequías que se viven en Los Lagos y otras regiones del país ya no obedecen a fenómenos cíclicos sino a un cambio climatológico permanente que se reitera año tras año y para lo cual es imprescindible buscar soluciones nuevas y radicales, las que, por cierto, implican altos costos.

Los pozos existentes hasta hoy entregan escasa respuesta, nula al avanzar la época estival. Se necesita profundizarlos a niveles cuyo costo es inalcanzable para el campesinado. En materia de acumulación de agua, ya sea en megatranques, en iniciativas intraprediales o en emprendimentos familiares la deuda es gigantesca.

¿A que ha llevado la falta de agua tanto para consumo humano como animal o riego de huertas y cultivos? La respuesta es conocida: decenas y decenas de camiones aljibe recorren la mayoría de las comunas de Los Lagos repartiendo agua para cubrir las necesidades mínimas de las familias campesinas.

Los gobiernos pasan uno tras otro y los grandes tranques que necesita Los Lagos siguen en el papel; los medianos y los pequeños, igual cosa. Ha habido algunos esfuerzos, pero absolutamente insuficientes.

Hoy existen tecnologías probadas, como aprovechar el agua que escurre de los techos, guardándola para tiempos difíciles, en muchos casos con baja inversión, sin embargo, no hay muchos emprendimientos en ese sentido. No hay políticas oficiales imaginativas ni apoyo para las mismas en el sector de la agricultura vulnerable.

Continuar gastando ingentes sumas de dinero sin aportar a soluciones de fondo no es inteligente ni sustentable. Se requiere una decisión política de mediano y largo plazo para ir reemplazando estas medidas de parche que se reiteran año tras año. Un país al que se pretende motejar de agrícola no puede producir en estas condiciones, menos aún aportar al mundo exportador.