"Lamentamos profundamente que la comunidad persista en dudar de estos resultados"
Óscar Garrido, rector de la ULagos, por estudios del agua potable
"Uno de los delincuentes me apuntó a la cabeza y me hizo retroceder hasta el portón"
Sergio Ojeda, carpintero víctima
de asalto en Ñadi Pichidamas
Un costo de $200 millones sería el costo para demoler el antiguo puente San Pedro (que se encuentra al lado del nuevo viaducto en construcción). No obstante, el municipio local solicitó conservar el viejo viaducto para rescatar el patrimonio arquitectónico y transformarlo en un paseo peatonal para la comunidad.
Recuperar la confianza después de la monumental crisis del agua que afectó a los ciudadanos osorninos no está resultando fácil. Era perfectamente previsible que la cadena de errores que quedó al descubierto desde la noche en que un operario olvidó cerrar la llave del petróleo, representaría un impacto negativo difícil de saldar a la hora de volver a creer en la calidad del agua potable, en el rol de las autoridades y en la responsabilidad de la empresa sanitaria. Quienes piensen que las dudas que tiene la población acerca del agua que se surte desde la red de Essal se pueden zanjar con acciones meramente declarativas, harían bien en salir a la calle para hablar con la gente de a pie. Allí es donde está sembrada la desconfianza, y es allí donde se deben forjar las estrategias que ayuden a aminorar la sensación ambiental de desconfianza que impera actualmente en la ciudad.
La desafortunada discrepancia entre dos estudios divulgados en los últimos días respecto de la presencia de hidrocarburos en el agua potable poco ayudó en este sentido. Mientras la Seremi de Salud reportó que exámenes del Instituto de Salud Pública tomados durante los días de emergencia descubrieron la existencia de hidrocarburos en la red (en bajas concentraciones), uno encargado por la Universidad de Los Lagos a un laboratorio privado arrojó lo contrario, esto es, que el agua no tiene trazas de petróleo.
Las autoridades no deberían sorprenderse por las dudas instaladas en la ciudadanía. Más bien tendrían que ocuparse de ella y delinear un plan de acción que se haga cargo de la sensación de ambiente. En este terreno, las declaraciones voluntaristas expresadas en los últimos días no contribuyen para nada en el propósito que se busca. Con la evidencia de dos estudios respetables y discrepantes, lo que correspondería es asumir la desconfianza y encargar públicamente nuevos estudios que reafirmen lo que se cree o bien revelen lo contrario. Lo que no puede pasar es suponer que la desconfianza se acaba con meras declaraciones o esperar que actores que tienen otro fin se encarguen de reafirmar las creencias. Quien tiene que responder es el Gobierno, no la ciudadanía ni actores que no cuentan con esas competencias ni responsabilidades.
Unas 500 denuncias de violencia intrafamiliar han sido atendidas durante el primer semestre de este año en la Primera y Tercera Comisaría de Carabineros de Osorno y Rahue, respectivamente. Las más afectadas son las mujeres, víctimas de maltrato físico y sicológico. El número 149 será usado para denunciar violencia intrafamiliar.
Infructuosa ha sido hasta el momento la búsqueda de un lugareño de Caleta Huellelhue, en la costa de Río Negro, quien se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 31 de julio. Existe la posibilidad de que no se encuentre con vida, por cuanto hace cuatro días fue hallada su cabalgadura a dos kilómetros de Riachuelo.
En marzo del año 2017, la diputada comunista Camila Vallejo presentó una iniciativa que pretende reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas, lo que por estos días genera un importante debate a nivel nacional. Pero ya sea esta iniciativa o cualquier otra que pretenda disminuir las horas laborales, va a perjudicar nuestra economía y con ello a los propios trabajadores a quienes se pretende beneficiar.
Consideramos que estas iniciativas son inoportunas debido a que proponen dinámicas que a nuestro parecer no reflejan la situación actual que se está viviendo a nivel global y nacional. Es decir, no podemos hoy en día pensar en menos horas de trabajo, considerando que el primer trimestre de este año el país disminuyó su productividad, siendo calificado como uno de los países con menor índice productivo de la OCDE.
Por otra parte, las principales potencias del mundo, China y Estados Unidos, están viviendo una guerra comercial que afecta directamente a nuestra economía. En julio de este año, los envíos de cobre cayeron en un 10%, llevando a nuestra economía a su primer déficit comercial en nueve meses y a una baja en las exportaciones de un 4,6%, comparado con igual mes del año pasado.
Si continuamos analizando el escenario actual, encontramos aún más argumentos que nos llevan a pensar que la reducción de la jornada laboral puede ser contraproducente para toda nuestra sociedad. Aun cuando entendemos que es una solicitud legítima y que se podría analizar más adelante, en un contexto de un país con mayor avance hacia el desarrollo.
Por otro lado, vemos un evidente aumento de la migración -1,2 millones de extranjeros ingresaron a Chile al 31 de diciembre de 2018-, lo que implica generar un mayor número de empleos en el país, situación que es preocupante si consideramos que ha aumentado la cesantía.
Por último, una temática que está tomando cada vez más fuerza en la sociedad actual y futura es la automatización e inteligencia artificial, una revolución digital que si bien es cierto genera un importante desarrollo comercial e industrial, también pone en riesgo el capital humano, reemplazando la mano de obra por tecnología. Es por ello que mientras el Gobierno puso urgencia a su proyecto y se abrió a la posibilidad de fusionar ambas iniciativas, como Cámara de Comercio somos categóricos: no es el momento para reducir la jornada laboral en Chile.
Juan Horacio Carrasco, presidente de la Cámara de
Comercio e Industrias, Servicios y Turismo de Osorno