¿Sabía usted que en Chile no existe ninguna norma legal que garantice la atención preferente a los adultos mayores y a las personas con discapacidad en los servicios de salud, sean éstos públicos o privados?

Hoy la atención preferente responde a una decisión voluntaria, que depende de la buena voluntad de las instituciones, de sus reglamentos internos o de la capacidad de empatizar con la situación de las personas mayores y/o con algún tipo de discapacidad.

Habrá quien sostenga que no es necesario legislar sobre tal materia, que éste es un país solidario con sus discapacitados y sus adultos mayores, pero en la práctica abundan las omisiones hacia estos grupos en diverso orden de cosas, desde el uso indebido de estacionamientos reservados y asientos en los buses, hasta "vista gorda" en las filas de consultorio o de la isapre.

Así, estos grupos, lejos de ser sujetos de la preferencia y la solidaridad, se convierten en víctima de la omisión o, peor aún, se vuelven invisible a los ojos de la sociedad.

Junto a un grupo transversal de parlamentarios hemos propuesto una moción tendiente a entregar un marco legal apropiado a las necesidades de un segmento de la población creciente que hoy no recibe el tratamiento que merece en función de su edad o condición física. Proponemos atención preferente en la obtención horas de consulta, atención médica, realización de exámenes, atención especializada y entrega de medicamentos.

El II Estudio Nacional de la Discapacidad concluye que la tasa de recepción en atención de salud del grupo de 60 años y más en situación de discapacidad llega al 70%. Una situación similar sucede con los adultos mayores, que de acuerdo al Censo 2017 son un 11,4% de la población total del país.

No son indicadores menores. Incluso desde el Ministerio de Salud reconocen que 9 de cada 10 usuarios del sistema pertenecen a estos grupos.

La población del país está envejeciendo y requiere que, como sociedad, tomemos las medidas que garanticen una atención de salud digna y oportuna a quienes han dedicado toda una vida a trabajar, a cuidad a los suyos y también a hacer que el país sea más próspero.

Es hora de devolver la mano a nuestros adultos mayores y de garantizar también un criterio de preferencia a las personas con discapacidad.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos

Con toda razón los habitantes de Cancura han ido acumulando una evidente molestia hacia las autoridades regionales y de la cartera de Obras Públicas por los continuos retrasos en la materialización del puente mecano sobre el río Rahue, destinado a recuperar la conectividad vial que se acabó con el desplome del viaducto el pasado 23 de junio. Apenas derrumbada la estructura aquel frío sábado de invierno, el propio ministro Juan Andrés Fontaine llegó a la localidad para interiorizarse de los hechos y prometer todos los esfuerzos del Gobierno, a fin de que cuanto antes se levantara un puente mecano, que si bien no tendría un carácter permanente, sí estaría en plenas condiciones de prestar sus servicios en la transitada ruta que une a Osorno con Puerto Octay.

Lamentablemente, la promesa del ministro no se ha concretado hasta ahora. A pesar de que a mediados de noviembre las autoridades regionales anunciaron, después de sucesivos retrasos, que el viaducto ahora sí que sí estaría operativo a fines de diciembre, el director regional de Vialidad informó a los residentes de Cancura la semana pasada que complejidades en la fundación de los pilotes en el río obligaban a una nueva reprogramación: esta vez, para el 15 de enero de 2019.

Esta quinta recalendarización, la quinta de su tipo desde que se fijó la primera fecha, no deja en la mejor de las posiciones a Obras Públicas ni al Gobierno Regional. Si bien en las anteriores se entregó como justificación la imposibilidad de intervenir el río por la investigación del Ministerio Público y luego las adversas condiciones climáticas, con abundantes lluvias que se prolongaron prácticamente hasta mediados del mes pasado, ahora no hay precipitaciones ni diligencias policiales o de la Fiscalía. Y para peor, la inminencia de la temporada turística hará aún más complejo el panorama para quienes se dedican a este rubro en los alrededores de la zona.

Las sucesivas reprogramaciones muestran que, o se pecó de excesivo optimismo, o bien sencillamente faltó una gestión más prolija ante una emergencia de este tipo. Con la nueva fecha establecida ya no se puede jugar; el flujo automovilístico habrá aumentado notoriamente para esos días y el camino alternativo, tal como está, incrementará el peligro al que están expuestos los usuarios.