Cuando uno examina el concepto "violencia" a secas, se topa con la siguiente definición: interacción entre dos o más personas que se manifiesta a través de conductas que, de forma deliberada, aprendida o imitada, provocan un daño o una condición de sometimiento grave -de tipo físico, sexual, verbal o psicológico- a otro individuo.

Si ahora analizamos concepto "violencia contra la mujer", se advierte que esta expresión alude a la agresión ejercida por el cónyuge, la pareja, el pololo o el ex marido que afecta la integridad física, psicológica o sexual de una mujer.

La conferencia de las Naciones Unidas acerca de los derechos humanos celebrada en 1993, en Dinamarca, definió el uso de la violencia en contra de las mujeres como una "violación flagrante de sus derechos fundamentales", un hecho que supone un ataque a la libertad individual y a la integridad de una mujer, y el femicidio es la forma más extrema de ejercer violencia en contra de la mujer. Esta realidad se asocia con la falsa creencia de origen cultural, de que los hombres tienen el derecho de controlar la libertad, el patrimonio y la vida de las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres.

De acuerdo con los registros del Sernam, en el año 2017 se cometieron 44 femicidios, en tanto que al 18 de junio de 2018 iban 21 femicidios consumados y más de 60 femicidios frustrados, cifras que dan cuenta -sólo en parte-, del grado extremo de violencia que se comete en contra de quien, supuestamente, es "el objeto de amor" del perpetrador y, lamentablemente, la Región de Los Lagos no escapa a esta realidad. Las agresiones físicas con carácter grave las sufren miles de chilenas que deben ingresar a las 35 casas de acogida repartidas por Chile.

Se necesita un profundo cambio cultural, el que no se logrará sólo a través de aumentar las penas, impartir órdenes de restricción o por el ferviente deseo de la justicia de que el agresor cambie "voluntariamente" su conducta agresora. ¿La razón? La repetición de conductas de agresión está firmemente arraigada en la arquitectura cerebral de estos sujetos, y es difícil -cuando no imposible-, que tales personas, de motu proprio, modifiquen tal conducta.

Las autoridades deben evaluar la urgente necesidad de invertir en programas de formación de valores y de respeto hacia la mujer desde la infancia, con el fin de cosechar más tarde los beneficios que se obtendrán y, por esta vía, evitar la muerte innecesaria de más mujeres a manos de aquellos hombres que, supuestamente, deben cuidarlas.

Franco Lotito C., académico,

escritor e investigador

Preocupantes cifras sobre el número de productores lecheros en el país entregaron representantes de Fedeleche en un reciente seminario de la Sociedad Nacional de Agricultura. De acuerdo a su catastro, desde 1997 a la fecha el volumen total de quienes se dedican a la lechería ha sufrido un brusco descenso de 75 por ciento, bajando de 17.500 productores a 4.500 en la actualidad. Y si entre fines del siglo pasado y 2007 la disminución se produjo fundamentalmente entre la zona central y Los Ángeles y parte de la Región de La Araucanía, en la década posterior el fenómeno se expandió hasta el corazón mismo de la producción lechera nacional, abarcando una amplia área comprendida por Temuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt.

De los 4.500 agricultores dedicados a la leche que hay en este momento, como se reportó por este medio, 3.600 se concentran precisamente en la macrozona sur y 1.500 en la provincia de Osorno, lo que refleja en toda propiedad la capital importancia que tiene esta actividad para la economía local. Por cierto que las tendencias globales de la concentración económica han incidido en esta transformación productiva, pero es imposible sacar de la ecuación la compleja realidad que desde hace unos años viven los productores por la baja en el precio del litro de leche que paga la industria láctea, a lo que se ha agregado, en los últimos dos años, el franco aumento de las importaciones, que obviamente provoca un impacto en la demanda de la producción nacional y su valor.

Estas cifras entregadas por las asociaciones gremiales hay que dimensionarlas y analizarlas no sólo desde la variable económica, pues la menor cantidad de productores lecheros que hay en la zona provocará también, en el mediano y largo plazo, un significativo impacto en la estructura social de los sectores rurales. Una menor cantidad de productores genera efectos en el encadenamiento productivo, en la migración campo-ciudad y, por cierto, en los factores identitarios del sur.

Aspectos así de relevantes deben ser considerados también por el Gobierno, que desde su ámbito de atribuciones algo puede decir y hacer para mitigar las secuelas.