Pocos podrían dudar que en las últimas décadas ha avanzado enormemente la calidad de vida en el país. Reconociendo las deudas que se mantienen en muchas materias, hay que aceptar que los niveles de pobreza e indigencia han bajado ostensiblemente, que el acceso a la educación superior se ha masificado a niveles nunca antes vistos, y que las tasas de natalidad y de esperanza de vida de la población chilena se encuentran dentro de las mejores de Latinoamérica e incluso del mundo. Estos indicadores sociales y económicos, además de la estabilidad política de la cual goza el país en comparación con los vecinos de la región, ha causado, precisamente, la creciente oleada migratoria que ya ha obligado a las autoridades a iniciar cuanto antes una reforma a la legislación.

Pero entre tantos éxitos objetivos, suelen acumularse muchas brechas que permanecen invisibles a los ojos de la población, como el caso de aquellos adultos mayores enfermos que sin la capacidad mínima para valerse por sí mismos, terminan pasando meses y hasta años internados en hospitales públicos, pues no tienen hogar al cual acudir ni familia que los auxilie en lo que debería ser su edad dorada. El proceso, que se repite en todo el país y que quedó en evidencia la semana pasada al ocurrir una emergencia sanitaria en el Hospital de Purranque, comienza cuando un adulto mayor llega por sí mismo o acompañado por algún familiar hasta el centro asistencial para tratarse una dolencia. Luego se le da el alta médica, pero como no puede irse por sus propios medios y sus familiares no regresan por él, se transforma en un "paciente sociosanitario", de los cuales hay 13 en total en los diferentes recintos hospitalarios de la provincia.

Como la esperanza de vida sigue aumentando en el país, y como las estructuras familiares han ido mutando hacia nuevos escenarios, lo más probable es que estos "pacientes sociosanitarios" continúen en la misma senda de incremento, sin observarse hasta ahora algún plan estatal serio y coherente que atienda a la creciente población de adultos mayores del país. Junto con la justa sensiblización que se ha producido hacia la población de los niños desamparados, hay que hacer lo mismo con aquellos ancianos abandonados, que cada vez crecerán en número.

En la llamada era digital, la información es un bien demasiado valioso. Ya no se trata sólo de conocer el nombre, el RUT e incluso el domicilio de una persona. Desde los flujos comerciales a las aficiones personales son susceptibles de ser pesquisadas, organizadas y convertidas en bases de datos predictivas.

¿Por qué supermercados y grandes tiendas premian con puntos y beneficios a los consumidores a cambio de entregar el RUT? Ciertamente no lo hacen para fidelizar a sus clientes, sino porque el cruce de datos permite establecer sus hábitos de consumo, preferencias, frecuencias y presupuestos. Con esa información, sumamente personalizada y segmentada, diseñan y modifican estrategias de venta y publicidad.

Lo mismo ocurre hoy con las redes sociales y los servicios en línea. La enorme cantidad de datos que las personas depositan, a veces sin siquiera notarlo, en las distintas plataformas que ofrece internet, permite definir tendencias y costumbres, hábitos y creencias, redes de amistades, temores, sueños y anhelos.

En este contexto es que hoy se está discutiendo en el Senado el proyecto de ley sobre protección de datos personales. Nadie pone en duda que los beneficios de un uso adecuado de los datos de las personas pueden ser fabulosos. Sin embargo, el rápido avance de las tecnologías y el desarrollo del conocimiento asociado al tratamiento de la información puede, eventualmente, perjudicar los derechos de las personas.

La regulación del tratamiento de los datos personales es necesaria y urgente para garantizar el respeto y la protección de los titulares de estos datos. Chile requiere un marco regulatorio flexible, que se adapte al rápido desarrollo tecnológico y que, a la vez, sea lo suficientemente fuerte y eficaz para prevenir vulneraciones a los derechos de las personas y situaciones que pueden afectar gravemente el orden social e incluso la seguridad del país.

El uso de los datos personales debe ser estrictamente regulado, y quienes hagan uso malicioso abusivo de ellos deben recibir sanciones de acuerdo a la gravedad de sus faltas. Si queremos ser un país desarrollado y empinarnos a la altura de los estándares de la OCDE, debemos tener también leyes y regulaciones más modernas, que comprendan y se hagan cargo de la defensa de los derechos y la privacidad de las personas, y no sólo de las necesidades de quienes aspiran a seguir ganando dinero -o elecciones- con la información personal del prójimo.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por la Región de Los Lagos