El proyecto que otorga una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad al personal asistente de la educación, es un acto de justicia para un importante grupo de trabajadores públicos que, durante demasiado tiempo, ha visto afectado sus derechos y cuyo proceso de recuperación y nivelación con otros servidores públicos ha sido lento y gradual.

Los asistentes de la educación han sido testigos privilegiados y -a la vez- víctimas del deterioro progresivo de la educación pública, que perdió el lugar central que tenía en la sociedad chilena. Y son también parte de esa enorme mayoría de trabajadores que se vieron obligados a afiliarse a un sistema previsional que en sus orígenes ofreció estabilidad y seguridad, pero que, en la práctica, hoy no puede asegurar pensiones dignas.

El proyecto, aprobado hace algunos días en general y particular en el Senado, establece un plan de incentivo al retiro voluntario para los asistentes de la educación municipal que, entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2022, tengan 60 años de edad, si son mujeres, o 65 años de edad, si son hombres, permitiendo que durante los ocho años en que este plan estará vigente, puedan beneficiarse hasta nueve mil trabajadores. La bonificación por retiro voluntario ascenderá a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado en las entidades de educación municipal, con un máximo de 11 meses.

Además, se concede una bonificación adicional para aquéllos funcionarios que, a la fecha del retiro, tengan una antigüedad mínima de 10 años continuos de servicios efectivamente prestados en calidad de asistentes de la educación, cuyo monto dependerá de los años de servicios y que va desde las 80 UF ($ 2.081.052), para trabajadores con una antigüedad de entre 10 y 14 años; hasta 560 UF ($ 14.567.364) para aquéllos con 35 o más años de servicio.

La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones. No obstante, habrá que considerar próximamente que este sector cuente definitivamente con un estatuto propio, al igual que los otros estamentos de la educación, que garantice un marco adecuado para el desarrollo de su trabajo tal y como lo merece cualquier funcionario público.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por Los Lagos

Unos cuatro millones de chilenos y chilenas son hipertensos, pero muchos no lo saben. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad afecta a 1.500 millones de personas en todo el planeta, y se cree que anualmente son más de nueve millones los que mueren a causa de enfermedades asociadas a la hipertensión. La OMS cataloga a la hipertensión como uno de los problemas de salud pública más importantes, y capaz de causar cerca del 30% de los fallecimientos en el planeta.

De ahí que es importante formar conciencia respecto de un mal que puede tener muy pocos síntomas, hasta cuando ya es crítico.

De acuerdo con lo que ha dado a conocer la OMS, la mala alimentación, especialmente el alto consumo de sodio, el sedentarismo, el fumar y el estrés se cuentan como las principales variables que contribuyen a la hipertensión arterial, o presión sobre lo normal en las arterias. La hipertensión puede conducir a infartos, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

Es necesario, entonces, tomar medidas que prevengan el desarrollo de la enfermedad. Ellas tienen que ver con el autocuidado y observar el desarrollo de conductas y hábitos de riesgo en cada una de las personas, a partir de los factores de riesgo de esta enfermedad.

Si bien se trata de un problema de salud pública, el Estado ha realizado esfuerzos por contribuir a fomentar una alimentación sana e informada. La nueva Ley de Rotulado, que comenzará a regir desde el 27 del presente mes, por ejemplo, es un notorio avance. La normativa está destinada a advertir a los consumidores cuando un producto es alto en sodio o grasas saturadas. Pero sobre todo, apunta a que los escolares no sean foco de la comida chatarra, una de las grandes causantes de la obesidad moderna.

Pero parte importante de la responsabilidad es de carácter personal. Es tiempo de tomar en cuenta y con la seriedad que corresponde los efectos que puede tener la hipertensión, efectos que terminan golpeando no sólo a quien la padece, sino también a su entorno más cercano.

El proyecto que otorga una bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional por antigüedad al personal asistente de la educación, es un acto de justicia para un importante grupo de trabajadores públicos que, durante demasiado tiempo, ha visto afectado sus derechos y cuyo proceso de recuperación y nivelación con otros servidores públicos ha sido lento y gradual.

Los asistentes de la educación han sido testigos privilegiados y -a la vez- víctimas del deterioro progresivo de la educación pública, que perdió el lugar central que tenía en la sociedad chilena. Y son también parte de esa enorme mayoría de trabajadores que se vieron obligados a afiliarse a un sistema previsional que en sus orígenes ofreció estabilidad y seguridad, pero que, en la práctica, hoy no puede asegurar pensiones dignas.

El proyecto, aprobado hace algunos días en general y particular en el Senado, establece un plan de incentivo al retiro voluntario para los asistentes de la educación municipal que, entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2022, tengan 60 años de edad, si son mujeres, o 65 años de edad, si son hombres, permitiendo que durante los ocho años en que este plan estará vigente, puedan beneficiarse hasta nueve mil trabajadores. La bonificación por retiro voluntario ascenderá a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio prestado en las entidades de educación municipal, con un máximo de 11 meses.

Además, se concede una bonificación adicional para aquéllos funcionarios que, a la fecha del retiro, tengan una antigüedad mínima de 10 años continuos de servicios efectivamente prestados en calidad de asistentes de la educación, cuyo monto dependerá de los años de servicios y que va desde las 80 UF ($ 2.081.052), para trabajadores con una antigüedad de entre 10 y 14 años; hasta 560 UF ($ 14.567.364) para aquéllos con 35 o más años de servicio.

La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones. No obstante, habrá que considerar próximamente que este sector cuente definitivamente con un estatuto propio, al igual que los otros estamentos de la educación, que garantice un marco adecuado para el desarrollo de su trabajo tal y como lo merece cualquier funcionario público.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por Los Lagos

Unos cuatro millones de chilenos y chilenas son hipertensos, pero muchos no lo saben. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad afecta a 1.500 millones de personas en todo el planeta, y se cree que anualmente son más de nueve millones los que mueren a causa de enfermedades asociadas a la hipertensión. La OMS cataloga a la hipertensión como uno de los problemas de salud pública más importantes, y capaz de causar cerca del 30% de los fallecimientos en el planeta.

De ahí que es importante formar conciencia respecto de un mal que puede tener muy pocos síntomas, hasta cuando ya es crítico.

De acuerdo con lo que ha dado a conocer la OMS, la mala alimentación, especialmente el alto consumo de sodio, el sedentarismo, el fumar y el estrés se cuentan como las principales variables que contribuyen a la hipertensión arterial, o presión sobre lo normal en las arterias. La hipertensión puede conducir a infartos, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.

Es necesario, entonces, tomar medidas que prevengan el desarrollo de la enfermedad. Ellas tienen que ver con el autocuidado y observar el desarrollo de conductas y hábitos de riesgo en cada una de las personas, a partir de los factores de riesgo de esta enfermedad.

Si bien se trata de un problema de salud pública, el Estado ha realizado esfuerzos por contribuir a fomentar una alimentación sana e informada. La nueva Ley de Rotulado, que comenzará a regir desde el 27 del presente mes, por ejemplo, es un notorio avance. La normativa está destinada a advertir a los consumidores cuando un producto es alto en sodio o grasas saturadas. Pero sobre todo, apunta a que los escolares no sean foco de la comida chatarra, una de las grandes causantes de la obesidad moderna.

Pero parte importante de la responsabilidad es de carácter personal. Es tiempo de tomar en cuenta y con la seriedad que corresponde los efectos que puede tener la hipertensión, efectos que terminan golpeando no sólo a quien la padece, sino también a su entorno más cercano.