Movilización y ataque a iglesia
En lugar de ganar adhesión ciudadana, los desmanes ocurridos en Santiago esta semana causan escozor e indignación. Quienes convocan a las marchas y quienes autorizan son responsables de los desmanes que tanto malestar están despertando en la ciudadanía.
Resulta notorio y lamentable cómo algunas protestas estudiantiles han derivado en las últimas semanas en hechos de violencia y vandalismo protagonizados por individuos que empañan las demandas sociales, mostrando un lamentable nivel de destrucción. Lo ocurrido el jueves, cuando una turba de encapuchados ingresó a la Iglesia de la Gratitud Nacional, en Santiago, desde donde sacaron y destrozaron el vestuario sacerdotal y lanzaron a la calle una imagen de Cristo crucificado para destruirlo y usar los trozos como proyectiles, fue una lamentable exhibición de estos excesos.
Una vez más llama la atención que estos atentados se produzcan tras el desarrollo de marchas estudiantiles que buscan -como uno de sus principales objetivos- mejorar la calidad de la educación. Es paradójico, entonces, que actividades planteadas con ese fin terminen con este tipo de imágenes.
Tanto los convocantes como las autoridades que dan el visto bueno a las marchas deben entender que no se puede permitir que una manifestación autorizada desemboque en hechos como el citado y que sea la ciudadanía la que deba pagar las consecuencias, cuando se altera la circulación por las calles y el ambiente se torna insoportable por las bombas lacrimógenas y las molotov. De manera que, por un lado, se debe apelar nuevamente a la conciencia y responsabilidad de cada uno de estos actores, como también incrementar las medidas que permitan asegurar la tranquilidad que desea la inmensa mayoría de los chilenos y, sobre todo, poner fin a esta espiral de atentados.
La violencia genera el rechazo de toda la sociedad, pese a que algunas autoridades insistan en que se trata de casos aislados. Los hechos han puesto nuevamente en el debate las características de las manifestaciones, no respecto del derecho de hacerlo, sino que a las formas de expresión. Nuevamente hay sectores que plantean reponer la prohibición de manifestarse a rostro cubierto, argumentando que la protesta social no debe ser anónima, ya que ha dado paso a la violencia y los desmanes. Lo ideal es que todas estas expresiones se validen por sí mismas, en base a las ideas, y no por imponer la violencia que destruye todo aquello por lo que la sociedad trabaja y lucha.