En los últimos días se han intensificado las manifestaciones de los pescadores, recolectores, trabajadores cesantes del salmón, y todas aquellas personas que ven afectado su ingreso económico familiar por la crisis que vive nuestra Región producto de la marea roja.
Recién el viernes pasado la Presidenta Bachelet decretó zona de catástrofe, y hace un par de días viajó el ministro de Economía para anunciar que el Gobierno ofrece $100 mil por familia como solución. Es inevitable sentir rabia, vergüenza e impotencia al ver que nuestras autoridades responden de forma burlesca, con bonos de hambre a las más de 31 mil familias que han perdido su fuente laboral, familias que enfrentan un futuro incierto, y que están en riesgo de caer en la línea de la pobreza si no existen soluciones a corto y largo plazo.
Cómo no nos vamos a indignar frente a los dichos de un ministro de Estado, que nos dice "que no son un gobierno de billetera fácil", frente a la petición en el aumento del bono a $400 mil, sobre todo cuando salió a la luz pública que se habría comprado cerca de cuatro millones de dólares durante cuatro años en bebidas alcohólicas en el Ejército de Chile, cuando en la crisis del salmón del año 2008, en la anterior administración de Bachelet, apoyó la obtención de recursos financieros para las compañías del sector por unos US$450 millones.
Afirman no tener recursos, pero gastamos quizás qué suma trasladando a fuerzas especiales para detener las manifestaciones en Chiloé, Calbuco, la costa de Osorno y otras partes de la Región, acusando que deberán seguir actuando para no poner en riesgo a la población. Qué mayor riesgo pueden sufrir las familias que perder su fuente de trabajo, tener un futuro incierto, no saber cómo vas a alimentar a tu familia, cómo vas a pagar el arriendo, la luz y el agua, a los hijos que estudian en la universidad.
El Gobierno tiene que ser capaz de dialogar de forma abierta y directa con los afectados y autoridades locales de la Región, construir un plan a largo plazo para evitar una crisis socioeconómica aún mayor, y entregar soluciones concretas hoy para no obligar a miles de familias a sumarse a las que hoy ya viven en los campamentos de Osorno y la Región, como ocurrió entre el 2008 y 2011, cuando se duplico el número de familias.
Giovanna Moreira A., directora regional de Techo-Chile