Concejales piden investigar plan de educación por modificación que aseguran no aprobaron
POLÉMICA. El punto cuestionado es la eliminación del cargo de coordinador SEP, el cual ejerció hasta diciembre el ex edil Juan Carlos Velásquez. Las autoridades argumentan que en el documento inicial el puesto figuraba en el organigrama.
Cinco concejales solicitaron que se realice una investigación sumaria al proceso de aprobación del Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal (Padem) 2017, ya que aseguran que la modificación que eliminó el puesto de coordinador de la SEP, cargo que ejercía el ex edil Juan Carlos Velásquez, nunca fue sociabilizado durante los meses en que se discutió el plan; no obstante fue incluido sin previo aviso -según los ediles- en el documento final aprobado por ellos.
La duda de los integrantes del cuerpo colegiado nace a raíz del juicio laboral precisamente del desvinculado ex concejal Velásquez contra el municipio de Osorno, donde alega despido injustificado y persecución política, el cual partió el 23 de abril.
Dentro de los principales argumentos de la defensa municipal se detalla que no se renovó el contrato a Velásquez por una reestructuración orgánica del Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem), decisión contenida en el Padem aprobado por el Concejo Municipal en la sesión del 15 de noviembre del 2016, a sólo tres semanas de las elecciones municipales donde Velásquez no consiguió la reelección.
Concejo
La situación fue tratada durante la sesión del Concejo Municipal realizado la tarde del martes 9, donde Osvaldo Hernández (DC), Carlos Vargas (PS) y Daniel Lilayú (UDI) solicitaron que se precise cuándo se tomó la decisión de modificar el organigrama, ya que sostienen que en los documentos entregados para analizar el Padem estaba considerado el cargo que finalmente fue eliminado y que -posteriormente- dio pie al despido de Velásquez.
La solicitud fue apoyada por los concejales Víctor Bravo (UDI) y María Soledad Uribe (DC), argumentando que es necesario dejar en claro que el proceso fue apegado a las normas legales para así despejar cualquier manto de duda que pueda existir en la opinión pública.
Por ley el Padem es aprobado el mes de noviembre del año anterior y los concejales reciben la documentación al menos 30 días de anticipación para que analicen las propuestas e implicancias del instrumento.
De hecho el año pasado la comisión de Educación del Concejo Municipal, presidida por el entonces concejal DC, José Luis Muñoz (actual directivo del Daem) realizó dos reuniones de análisis y discusión del Padem el 2 y 9 de noviembre, las que duraron más de dos horas; en el caso del alcalde Jaime Bertín, participó en la segunda de ellas.
El concejal Osvaldo Hernández precisó que efectivamente se realizaron reuniones para debatir y proponer acciones asociadas al Padem, pero en ningún momento se habló de la eliminación de un determinado cargo o la reestructuración de alguna unidad del Daem. Agregó que todo lo vinculado con la Subvención Escolar Preferencial (SEP) es relevante ya que significa la forma de administrar, renovar y distribuir recursos entregados por el Estado.
"Esto se tiene que investigar porque al principio del proceso de discusión y aprobación nos hacen llegar un Padem y al final se decide una modificación que incluyen a último momento, aprovechando la buena fe que involucra este proceso donde las modificaciones fueron las acordadas. Esto puede quebrar las confianzas porque nosotros queremos saber quién realizó esa modificación y con qué finalidad", remarcó Hernández.
Abuso de la buena fe
Carlos Vargas, concejal PS, coincide en que no existió discusión alguna sobre la eliminación, modificación o reestructuración de ningún cargo o unidad al interior del Daem.
"Seamos claros... si aparecen estas modificaciones en documentos, alguien abusó de la buena fe, alguien cambió algún concepto o una hoja y eso debe ser explicado por la autoridad que estaba en el Daem en ese momento. En el libro que nos entregaron inicialmente estaba el cargo: coordinador SEP 44 horas, un funcionario, y eso fue lo conversado, analizado y aprobado", precisó el edil.
Agregó que al momento de la aprobación siempre se explicó que se iban a realizar cambios en la presentación como agregar colores, tapas, separaciones de capítulos, etc., pero jamás se informó de una decisión de cambiar el organigrama.
Enfatizó que una vez concluido el juicio es necesario precisar qué ocurrió: "me parece delicado el tema, porque no es la manera correcta de actuar ya que genera desconfianzas y tenemos muchas aprobaciones por delante", sostuvo Vargas.
Daniel Lilayú, concejal UDI, también espera que se investigue porque durante la revisión de la documentación recibida un mes antes el organigrama estaba con el cargo.
"En ningún momento se hizo notar de forma explícita o notoria la eliminación de algún cargo. Yo voté de acuerdo al Padem que se nos entregó para revisar y cuyas modificaciones eran informadas por quienes estaban en la comisión de educación, además de la discusión final el día de la votación", expresó Lilayú.
Los concejales María Soledad Uribe y Víctor Bravo apoyaron la solicitud de investigar una vez concluido el juicio laboral, pero no dieron declaraciones de su postura sobre el proceso de aprobación del Padem.
El concejal Emeterio Carrilo (DC) que durante la sesión del martes 9 presidió el Concejo, declinó dar cualquier declaración, mientras que el alcalde Jaime Bertín está internado en la clínica.
Defensa y conocimiento
El ex concejal José Luis Muñoz y actual directivo del Daem precisó que durante las comisiones se realizaron análisis u revisiones del Padem, e incluso durante las sesiones ordinarias se explicó en detalle lo tratado durante las sesiones de comisión.
"Lo que se hace es que después de las discusiones y acuerdos de la comisión del concejo y la propia mirada que tiene el Daem se presenta un Padem final y, efectivamente, existe una modificación del organigrama y eso fue lo que personalmente aprobé", reconoció el ex edil.
Agregó que sabía que la modificación al organigrama consistía en eliminar el cargo que ocupaba Juan Carlos Velásquez, pero que esa decisión es exclusiva del empleador y no es vinculante con el análisis que realiza el Concejo.
Durante la sesión, el abogado Juan Carlos Cavada precisó que por existir un juicio en curso el municipio no se puede pronunciar sobre el tema, sumado a que cualquier investigación vinculada a funcionarios municipales tiene que ser ordenada por el alcalde.
millones es la cantidad que Juan Carlos Velásquez pide al municipio como indemnización. $30
de mayo se reabre la audiencia con la continuación de las pruebas documentales en el juicio laboral. 25