El Tren de Aragua, el crimen organizado y las cárceles de máxima seguridad son algunos de los temas que Luis Cordero, ministro de Seguridad Pública, trató durante su viaje a Argentina. El secretario de Estado participó en una cumbre con pares del Mercosur y países asociados en Buenos Aires y luego en una bilateral con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich.
Tras la apretada agenda, Cordero habló con la prensa trasandina, donde destacaron su rol dentro del gobierno de Gabriel Boric, debido a su cargo como ministro de Justicia, tras la polémica por los indultos otorgados a algunos detenidos durante el estallido social de 2019; luego como subsecretario del Interior, en reemplazo de Manuel Monsalve; y, ahora, como ministro de Seguridad Pública.
En entrevista con La Nación, explica que Boric, si bien fue "especialmente crítico con la policía" en el pasado, es "el que más recursos le ha destinado" a la institución en las últimas décadas. Y cuestiona el uso de la crisis de seguridad en la campaña hacia las elecciones presidenciales de noviembre, en la que, como ya sucedió en otros países, candidatos de derecha se presentan con un programa de mano dura similar al de Nayib Bukele en El Salvador.
"Gestionar el miedo como estrategia electoral es desleal", dice, ya que según las encuestas en 2023, casi nueve de cada diez chilenos creían que la delincuencia había aumentado desde el año anterior, aunque en realidad había comenzado a bajar desde una tasa máxima de 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes a 6,3. En 2024, esa cifra cerró en 6, manteniendo una tendencia a la baja, pero todavía duplicando los índices de hace una década.
Sobre el Tren de Aragua, aseguró a Infobae que van "a perseguirlos incluso cuando abandonen el país". "Una de las formas de abordarlo, desde la experiencia, es asumir que se trata de estructuras adaptables y flexibles, que no responden a un mando vertical tradicional. Se organizan en células y, en algunas ocasiones, operan como verdaderas franquicias". Explica que la estrategia de Chile ha sido mantener una persecución penal consistente, "tuvimos episodios de homicidios muy violentos en 2022, y a partir de allí se focalizó la investigación, se destinaron recursos y se activaron equipos especializados para abordar muertes violentas asociadas al crimen organizado".
Señaló que dentro de los desafíos pendientes está el control de armas. "Necesitamos intervenciones precisas y sostenidas". Dice que muchos de estos crímenes ocurren en la vía pública, con armas de fuego y entre desconocidos. "Por eso, la presencia del Estado -en forma de patrullajes y servicios- también se considera esencial para reducir tanto los homicidios como el temor ciudadano".
Al ser consultado sobre el "modelo Bukele", afirma que Chile viene con una política de segregación para ese tipo de perfiles desde hace algunos años, por su propia historia. "Uno tiene que tener cuidado con traspolar la situación de El Salvador al resto de los países de la región. El Salvador estaba en una situación muy extrema, y en seguridad pública uno tiene que tener mucha claridad de cuál es el problema que quiere intervenir, porque toda solución de política pública siempre tiene un efecto colateral negativo, uno tiene que detectar sus riesgos para ir mitigándolos en el futuro".
