Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Osorno han respondido a 1.227 emergencias, lo que representa un aumento del 46% en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 835 llamados. Según las estadísticas, los incendios estructurales encabezan la lista con 374 llamados, seguidos por 316 emergencias relacionadas con la quema de pastizales.
En octubre de 2024 se anunció la presentación de un proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para la educación superior: el Fondo de Estímulo a la Educación Superior (FES). Esta iniciativa surge como una alternativa al Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario de Crédito Universitario, mecanismos que durante años han permitido financiar estudios, pero que también han sido criticados por las deudas que generan y las condiciones impuestas a los estudiantes.
El FES propone un modelo distinto, con foco en el apoyo directo y sin intereses. Su funcionamiento se basa en un principio de retribución solidaria: quienes accedan al beneficio y, tras egresar, superen cierto nivel de ingresos, contribuirán con un porcentaje de su salario por un tiempo determinado.
Además, el FES cubriría la duración formal de la carrera, más un año adicional, e incluso contempla un cambio de carrera, manteniendo la cobertura hasta 1,5 veces la duración de la carrera más larga. También incluye el costo de matrícula y está destinado a estudiantes hasta el noveno decil de ingresos.
Entre los requisitos, se exige ser chileno o extranjero con residencia y enseñanza media completa en Chile, estar matriculado en una institución adscrita al FES, y no tener un título profesional o licenciatura previamente financiado por Gratuidad o FES.
Asimismo, quienes hayan desertado o sido eliminados académicamente más de una vez con financiamiento estatal, no podrán postular.
Este proyecto fue aprobado en abril de 2025 por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda.
No obstante, desde las Instituciones de Educación Superior (IES), se han planteado una serie inquietudes a esta iniciativa, asociadas principalmente con los aranceles regulados que propone este nuevo marco legal, lo que afectaría los proyectos educativos y con ello la misión de las casas de estudio. Todo en un contexto, en que la gratuidad ya está impactando a las IES; además es importante no solo considerar la demanda del acceso, sino que es clave fortalecer los planteles educacionales, para que puedan cumplir con sus propósitos institucionales asociadas al desarrollo de los territorios, el país y sus habitantes.
En este escenario, resulta necesario conocer en profundidad este proyecto de ley, que se escuche a la totalidad de los actores que son parte del sistema, y buscar los mecanismos que permitan un mejor acceso a la educación superior y fortalezcan los proyectos educativos, impactando positivamente en la calidad de la educación.
Laura Bertolotto Navarrete
Rectora Santo Tomás
"Lo más importante es empezar a educar a nuestros vecinos respecto a este tipo de eventos, que requieren una forma de respuesta muy diferente".
José L. Muñoz, alcalde de La Costa, por Planes de Emergencia.
Un lactante de 10 días falleció en el aeródromo de Cañal Bajo cuando era trasladado de urgencia a Santiago por una grave cardiopatía. El bebé, originario de Purranque, iba a ser operado en el Hospital Calvo Mackenna, pero sufrió una crisis cardíaca fatal antes del despegue, pese a recibir primeros auxilios. El vuelo fue retrasado cerca de una hora.
Juan Aravena Sandoval, guardia de seguridad de una discoteca en Purranque, fue asesinado de un disparo por un menor de edad con antecedentes penales. Durante el velorio, su hermano Pablo recibió amenazas de muerte, por lo que se solicitó protección policial. El crimen, ocurrido en plena plaza de Armas, causó gran conmoción entre los vecinos.
La revelación de funcionarios públicos viajando al extranjero con licencias médicas ha asestado un duro golpe a la probidad en el sector público del país. Este escándalo, que atraviesa al nivel central, municipios y servicios estatales de toda índole, ha minado la confianza ciudadana en la gestión pública. La Contraloría General de la República ha puesto en evidencia una práctica inaceptable, en la que el uso indebido de permisos médicos se convierte en un abuso de recursos y del sistema, afectando la credibilidad de quienes trabajan en el servicio público.
En Los Lagos, el problema se ha hecho palpable con los casos de Osorno y Puerto Montt, donde esta última municipalidad se ha erigido, lamentablemente, como la quinta institución del país con mayor número de licencias en entredicho, con 341 casos. De estos, una parte significativa, 230, corresponden al Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem). Es, en todo caso, una cifra que no sorprende, pues esta institución arrastra desde hace tiempo un historial de irregularidades, que si bien antes se centraban en el manejo financiero, ahora se extienden a la probidad de sus funcionarios. Osorno, por su parte, no escapa a esta realidad, con 199 licencias médicas bajo investigación en su municipio, mostrando que el problema es de alcance regional.
Para que la ciudadanía recupere la confianza en el mundo público, no sólo de los municipios de Puerto Montt y Osorno, sino de todas las entidades públicas que se han visto involucradas con las revelaciones de la Contraloría, es imperativo que los sumarios administrativos avancen con agilidad y rigor. Sus resultados deben ser conocidos por la opinión pública, sin eufemismos ni dilaciones.
La transparencia en este proceso es un requisito innegociable. No basta con iniciar las investigaciones; se requiere una conclusión clara, con responsabilidades establecidas y sanciones ejemplares para quienes defraudaron la confianza pública. El sector público tiene el deber ineludible de actuar con absoluta transparencia. Tiene que demostrar, con hechos concretos, que ningún funcionario está por sobre la ley o por sobre el resto de los chilenos.
La integridad del sistema de licencias médicas, diseñado para proteger a quienes realmente lo necesitan, ha sido vulnerada. Es hora de restaurar esa integridad y asegurar que el servicio público sea sinónimo de probidad y compromiso.