Frente a la ola de delincuencia que azota a la zona, el Consejo Regional, a través de una comisión transitoria de seguridad, presentó un Plan Estratégico de Inversión en Seguridad Pública, con el que se propone orientar la asignación de recursos en esa área para el período 2025-2029. Si bien la seguridad pública es una tarea propia del gobierno central, las administraciones regionales tienen un rol crucial. El Gobierno Regional puede colaborar en esta materia mediante la destinación de inversión local, que debe dirigirse a demandas específicas de la región y, además, estar articulada con una directriz nacional, evitando esfuerzos dispersos.

Sin embargo, hay un punto de cautela importante. La propuesta de crear una División de Seguridad dentro de los gobiernos regionales merece un análisis profundo, en momentos en que el tamaño y eficiencia del aparato estatal está bajo escrutinio. Ejemplos de esto hay de sobra ahora mismo en el tapete de la opinión pública. Es esencial que cualquier nueva estructura se justifique por su eficiencia y por su capacidad de agregar valor real a la seguridad, sin duplicar funciones ya existentes o crear capas administrativas innecesarias que sólo ralenticen la respuesta.

El plan presentado contiene elementos concretos. La intención de revisar los criterios para el otorgamiento de patentes de alcoholes y de hacer vinculantes los informes de Carabineros en dicho proceso, representa un avance sustancial. Estas medidas atacan directamente focos de conflicto y desorden que a menudo se asocian al consumo de alcohol. Además, la propuesta de modificar los horarios de venta de alcohol en las tradicionales fiestas costumbristas es una iniciativa pertinente, algo ya iniciado este verano por parte del Senda de Los Lagos.

Cualquier estrategia de seguridad debe cimentarse en el respeto y la atención a las prioridades municipales. Es clave que las demandas de inversión para la seguridad no sólo provengan desde una perspectiva regional o central, sino que se nutran del conocimiento local. Las singularidades de cada territorio, sus desafíos específicos y las soluciones que sus propias comunidades y autoridades municipales proponen, deben ser el eje sobre el cual se construyan y destinen los recursos. Sólo así se logrará una respuesta efectiva y legítima ante la creciente inseguridad que afecta a la Región de Los Lagos.

Hace dos semanas dediqué la primera columna a reflexionar sobre nuestro quehacer profesional, anticipando el Día de la Abogacía, celebrado el pasado 21 de mayo. En esa oportunidad, analizamos que nuestra "profesión" conlleva implícitamente una "confesión" que se publicita en nuestro juramento: hacemos votos por una actitud consistente en actuar leal y honradamente ante el problema que se nos pide resolver.

Aunque en la comunidad jurídica suele señalarse que somos auxiliares de la administración de justicia, aquello me parece equívoco, porque el legislador no nos da ese tratamiento, y muchos de esos auxiliares (notarios, conservadores, etc.) precisan ser abogados, lo que da cuenta de que no se trata del mismo empeño.

Entonces, ¿qué nos caracteriza?

La respuesta evidente está en el artículo 520 del Código Orgánico de Tribunales, donde se nos define por nuestra capacidad para litigar en tribunales, lo que no cualquiera puede hacer.

Ante ello, quisiera proponer un paso previo, pues no todos los abogados nos desempeñamos en tribunales: hay quienes se dedican a trabajos de escritorio, asesorías a empresas y organismos públicos, o a la política. Y ellos, ¿ejercen como abogados sin estar en tribunales?

Lo menos evidente y, a la vez, transversal es aquello que realmente nos caracteriza: nuestra capacidad de juicio, de juzgar.

No somos meros receptores de órdenes de nuestros "clientes", sino que somos los primeros en acceder a los hechos que motivan a una persona a requerir nuestros servicios, y juzgamos ese caso concibiendo una estrategia particular a partir de los grandes universales que nos provee el Derecho. Por eso "patrocinamos" una causa; es decir, la respaldamos.

En otras palabras, la justicia es también un valor personal que se pone al servicio de todas la comunidad a través de nuestra capacidad de juzgar, en base a nuestro conocimiento, sensibilidad y cultura.

Sin esa capacidad, seríamos condenados en costas, pues patrocinar una causa significa decirle al tribunal -o a quien corresponda- que los hechos que defendemos tienen relevancia jurídica. ¡Y qué tragedia si nos equivocamos en eso!