Ayer despegó rumbo a Chile un avión con 44 connacionales que se encontraban en situación migratoria irregular en Estados Unidos, expulsión que es parte de la política migratroria que impulsa desde que asumió su segunda administración el presidente norteamericano Donald Trump .

En dicho grupo habría tres personas que tenían órdenes de detención pendiente en el país, según reportó La Tercera.

La deportación fue informada por el ministerio del Interior, que precisó que todos los afectados "se encontraban en incumplimiento de la normativa legal" estadounidense.

La cartera añadió que el vuelo tuvo las mismas características que los muchos otros que se han realizado hacia otros países de latinoamericanos desde que Trump inició su ofensiva contra la migración irregular.

"En coordinación con las autoridades estadounidenses, el gobierno de Chile, a través de sus ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto a la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil e Identificación, entre otras instituciones, ha realizado las gestiones para el retorno seguro de nuestros connacionales y ha instruido el control migratorio pertinente para el ingreso a Chile, que comprende verificar la identidad de las personas y respecto de aquellos que tengan orden de detención pendiente ser puestos a disposición de la justicia", dijo el ministerio del Interior.

El vuelo debía llegar anoche a Chile, lo que al cierre de esta edición aún no ocurría.

Desde la cartera, en tanto, declinaron entregar más antecedentes sobre la decisión de Washington, asegurando que lo harán hoy, una vez que los chilenos estén en territorio nacional.

El nuevo fiscal para el Caso ProCultura, Juan Castro Bekios, apeló ayer al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegal las escuchas telefónicas a la exesposa del creador de la fundación y psiquiatra infanto-juvenil, Josefina Huneeus, con su paciente, el Presidente Gabriel Boric, donde se referían al fundador de ProCultura, el psiquiatra Alberto Larraín, investigado por posible financiamiento irregular de la campaña del Mandatario. El dictamen significó la salida del fiscal Patricio Cooper, mientras Castro señaló que hubo "consideraciones de orden político".

En el fallo, destacó el persecutor, destaca "la presencia de frases que no resulta posible identificar con un ejercicio correcto de aplicación del Derecho, pues es evidente que no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales de nuestro país, ni tampoco constituyen razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada" sobre Cooper.

"Son manifestaciones que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político; o bien (...) son menciones que se alejan notoriamente de todo espectro jurídico", agregó Castro.

"La emisión de apreciaciones sobre las aptitudes de los funcionarios que forman parte de la Policía de Investigaciones", señaló el fiscal, en referencia al reconocimiento de voces, "o la analogía entre el desarrollo de una diligencia (los 'pinchazos') y un periodo histórico de nuestro país (el régimen militar) es susceptible de ser calificado como impertinente".

En la transcripción del audio aparecen Boric y Huneeus refiriéndose a Larraín, quien es investigado por posible fraude al fisco, lavado de activos, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Dentro de estos cargos aparecería, según han dado a entender documentos conocidos con posterioridad, un posible financimiento irregular de la campaña del Presidente para llegar a La Moneda, a través de, por ejemplo, la realización y grabación de un mural con el artista Mono González en Limache, Región de Valparaíso, coordinado por ProCultura.

En publicaciones de Instagram replicadas en redes sociales aparece el Mandatario en la actividad junto al actual jefe de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de Gobierno, el publicista y poeta Pablo Paredes, junto su hermano, el desarrollador de animación Víctor Paredes.

Llamado al respeto

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que la destitución del fiscal Cooper "es un tema que está radicado en la Corte, la Corte es la que tiene que resolver y nosotros somos muy respetuosos de la autonomía tanto del Ministerio Público como de los tribunales".

Cuando se conocieron las escuchas, el Frente Amplio acusó "espionaje político", tesis cuestionada por el Ejecutivo. Ayer, el secretario general del partido del Presidente, Andrés Couble, dijo a radio Cooperativa que "es razonable que la Fiscalía utilice mecanismos institucionales para defender su actuar. La Suprema es la que tendrá que resolver ahora en su mérito".