Luego de preenciar el desfile por el Día de las Glorias Navales, que conmemoró en Valparaíso el 146° aniversario del Combate Naval de Iquique, el presidente Gabriel Boric destacó que "el 21 de mayo no es un hito ritual que se vacía de sentido con el tiempo, sino que, como bien decía el Almirante, se va llenando de sentido con el tiempo".

Consultado por TVN por la amistad cívica que mantuvieron Miguel Grau y Arturo Prat y si esos ejemplos se extrañan en la política actual, Boric respondió que "muchísimo. Es cosa de ver las declaraciones todos los días. La verdad es que la trifulca política cotidiana deja mucho que desear y estos son los hitos que nos unen como chilenos".

El mandatario agregó que "uno de los mensajes que hay implícitos en todo lo que acabamos de ver hoy día, y que está sucediendo en todos los rincones de Chile, es que la patria es más grande que las contingencias. Y que más allá de los dimes y diretes del día a día, hay algo que nos une y que tenemos que saber valorar, porque eso hay que cuidarlo. Costó mucho construirlo, con gestas como la de Prat y sus hombres. Y es muy fácil de destruir. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en cómo nos tratamos. Y creo que el ejemplo entre la carta de Miguel Grau a doña Carmela Carvajal de Prat, entregándole sus pertenencias y su espada, es un muy buen ejemplo de cómo hay que tratarse entre adversarios".

Redacción

Renovación Nacional y la UDI tomaron acciones para buscar que se investiguen actuaciones del Gobierno en el marco del caso ProCultura.

La bancada de diputados de RN presentó un oficio al Servicio Electoral (Servel) para exigir claridad respecto al financiamiento del mural pintado en Villa Queronque de Limache por el artista Alejandro "Mono" González, que fue parte de la franja electoral de la campaña presidencial de Gabriel Boric en 2021.

Los diputados Miguel Mellado, Carla Morales, Camila Flores y Andrés Longton aluden en su solicitud al reportaje de The Clinic en el que se expone que Alberto Larraín, director de ProCultura, afirmó haber financiado la obra a través de su fundación, lo que habría sido coordinado con el comando de Boric.

El oficio solicita al Servel informar si dicho gasto fue debidamente declarado como parte de la contabilidad electoral de la campaña de Boric, y se advierte que, de no haber sido rendido, se estaría frente a una infracción grave a la normativa vigente sobre financiamiento electoral.

En caso de no haber sido rendido, la bancada exhorta al Servel a recurrir a la acción penal si correspondiera, remitiendo los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Longton, presidente de la Comisión Investigadora del Caso Procultura, advirtió que esto podría configurar una grave infracción al principio de transparencia electoral: "Probablemente el Servel fue engañado. Habría elementos no rendidos que fueron parte íntegra de la campaña presidencial del Presidente Boric, como el mural donde se grabó un spot. Las comunicaciones del señor Larraín revelan que fue pagado, aparentemente, por Procultura".

"Si fue así, estaríamos ante recursos públicos usados de forma irregular. ¿Sabía el Presidente Boric el origen de los fondos? ¿Debía saberlo? Porque lo más grave es que el spot hablaba de 'no más abusos', y podríamos estar frente al mayor abuso de las últimas décadas en materia de financiamiento público para campañas políticas", añadió .

UDI interviene

Paralelamente, la UDI recurrió a la Corte Suprema para pedirle que revoque lo que considera el "fallo político" de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas ordenadas por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, al celular de la psiquiatra Josefina Huneeus, entre ellas una conversación con el Presidente Boric, en el marco de la investigación del caso ProCultura.

La Fiscalía Regional de Antofagasta será el ente que apelará la resolución en el máximo tribunal según confirmó el martes su persecutor jefe, Juan Castro, que liderará la continuación de las indagaciones después de que Cooper fuera removido del caso por el fiscal nacional, Ángel Valencia, tras el fallo de la Corte antofagastina.

El diputado Henry Leal expresó que "un fallo judicial no puede estar contaminado, considerado de corte político. ¿Por qué se puso ese 'considerando' (en la resolución) cuando se refiere a la historia reciente de hechos pretéritos? Eso es una lesión al gobierno militar directamente que hace la Corte y eso no corresponde".

"Un fallo, para quienes somos abogados, sabemos que tiene que ser basado en elementos de hecho y de derecho, no en consideraciones ni fundamentos políticos. Yo espero que la Corte Suprema revoque este fallo y respalde el trabajo del Ministerio Público, porque acá lo de fondo es saber dónde está la plata que se robaron de las fundaciones, dónde fueron a parar", agregó.

Hace dos años comenzó la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, más conocida como "Ley Papito Corazón", una respuesta concreta a una realidad que nos dolía como país y que sabíamos era una de nuestras prioridades en estos cuatro años de gobierno: la pandemia no golpeó a todos por igual. Miles de mujeres emigraron del mercado laboral, precarizando su situación económica, pero manteniendo un rol que históricamente han debido asumir: sostener solas a sus hijos e hijas frente al incumplimiento del pago de las pensiones de alimentos, una realidad que la crisis sanitaria visibilizó con más fuerza.

Según el Registro Nacional de Deudores, un 96% de quienes adeudan la pensión corresponde a hombres, lo que en la práctica significa que son las mujeres quienes han tenido que cargar con las consecuencias de ese incumplimiento, porque cuando la pensión no llega, los niños y niñas no dejan de requerir almuerzo, colación, uniforme escolar, terapias, y la diversidad de necesidades que tienen durante su desarrollo. Las cuentas no se suspenden por falta de pago, y la infancia no puede esperar. Esto genera no sólo un empobrecimiento material, sino un daño emocional, pues hasta antes de esta ley, eran las propias madres quienes debían hacer de investigadoras para rastrear la situación financiera de los deudores cuando decidían judicializar las causas.

Para enfrentar esta realidad presentamos esta iniciativa, nacida desde el diálogo con organizaciones, abogadas y madres de todo Chile, así como con parlamentarias y parlamentarios de diversos sectores políticos, y que logró transformarse en una política concreta, diseñada para aliviar una carga histórica. Una ley que nació del cansancio, pero que dio paso a la esperanza de miles de familias.

Luego de 2 años vemos resultados concretos: hasta mayo de este año se ha ordenado el pago de cerca 2,5 billones de pesos, beneficiando a más de 280 mil familias. Para dimensionarlo, equivale a más de 52 teletones. Adicionalmente, vemos que hay más mujeres dispuestas a judicializar las deudas y exigir su cumplimiento, y por eso en 2024 destinamos 4328 millones de pesos en fortalecer los Tribunales de Familia, y se incorporaron 193 nuevos funcionarios para apoyar el proceso de implementación. Seguimos trabajando con el Poder Judicial y la Comisión del Mercado Financiero para desarrollar los sistemas y mejoras que la ley requiera.

Así, esta ley vigente desde el 2023 ha permitido materializar que la responsabilidad parental no sea optativa, que las mujeres no están solas y donde el Estado asume mayores compromisos para concretar el pago de la pensión adeudada a miles de menores. Hoy, con esta política, avanzamos hacia una sociedad más justa, donde cada niño, niña y adolescente puede crecer con el respaldo que merece.

"Hasta mayo de este año se ha ordenado el pago de cerca 2,5 billones de pesos, beneficiando a más de 280 mil familias. Para dimensionarlo, equivale a más de 52 teletones".

"Según el Registro Nacional de Deudores, un 96% de quienes adeudan la pensión corresponde a hombres, lo que en la práctica significa que son las mujeres quienes han tenido que cargar con las consecuencias de ese incumplimiento".

*Ministra de la Mujer y Equidad de Género; ministro de Justicia y Derechos Humanos.