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Cae a líder de organización criminal con alto poder de fuego y nexos en Bolivia y Argentina

PUERTO MONTT. Carabineros de la SIP de Alerce iniciaron investigación en 2023. Ayer la Fiscalía formalizó al cabecilla y tribunal lo dejó en prisión. Se le vincula a narcotráfico, posesión de armamento, secuestros y extorsiones.
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Carlos J. Véjar

El líder de una organización criminal transnacional, que operaba en el sector de Alerce (Puerto Montt), ingresó a prisión preventiva tras ser formalizado por el Ministerio Público. Se trata de Luis Ramírez Bustamante, de 40 años, identificado como el principal cabecilla de la banda conocida como "Los Ramírez".

Las operaciones de esta red delictual se extendían desde Bolivia y Argentina hasta Chile, abarcando la asociación ilícita, el tráfico de drogas y la tenencia ilegal de numerosas armas de fuego y municiones. La organización transnacional también estaba involucrada en secuestros y extorsiones, en conexión con otras agrupaciones delictivas.

La investigación de esta banda, iniciada a fines de 2023 y que se prolongó por más de un año, fue dirigida por la fiscal Nathalie Yonsson del Ministerio Público y se llevó a cabo en conjunto con funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Alerce.

Durante este período, diversos operativos permitieron la detención de los brazos operativos de la organización y se logró la formalización de ocho de sus miembros, quienes actualmente se encuentran todos en prisión preventiva.

Ramírez Bustamante, uno de los objetivos principales de la investigación, fue detenido por detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) durante un control preventivo en la región. Posteriormente, fue formalizado por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. Ramírez Bustamante posee condenas previas y está vinculado a delitos contemplados en la Ley 20.000 de drogas.

Munición de guerra

Como resultado de la investigación y los diversos procedimientos efectuados, se ha detenido a un total de nueve personas. Además, se incautaron diversos tipos de drogas, una veintena de armas de fuego y aproximadamente 300 municiones de diferentes calibres, incluyendo munición de guerra. La organización poseía un alto poder de fuego. Durante la investigación, se ejecutaron seis allanamientos.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, confirmó ayer la desarticulación de esta organización criminal y agradeció el trabajo operativo de los funcionarios de la SIP de Carabineros de Alerce. Wittwer destacó que "este nuevo golpe al crimen organizado es una clara señal para que la comunidad sepa que, como Fiscalía en la Región de Los Lagos, trabajando en conjunto con las policías, seguiremos investigando y desarticulando bandas y organizaciones criminales que cometan delitos en nuestra región y que tanto daño nos provocan".

La seremi interina de Seguridad Pública, Patricia Rada, señaló que "es importante demostrar y contarle a la ciudadanía que esta semana ha sido una semana importante en la Región de Los Lagos en la lucha contra el crimen organizado. Este caso es un ejemplo de ello".

"justa condena"

El general Jorge Valdivia, jefe de la Décima Zona de Carabineros, se refirió al procedimiento como de "suma importancia para la región", destacando la captura de nueve detenidos, el decomiso de 26 armas de fuego, más de 300 municiones -incluso de guerra- y una considerable cantidad de drogas. Asimismo, agradeció a todas las instituciones involucradas en el operativo. Valdivia indicó que "hoy comienza una segunda etapa, que consiste en poner todas las evidencias a disposición de la Fiscalía para que las personas vinculadas a estos graves hechos reciban una justa condena".

Tras ordenar la prisión preventiva de Ramírez, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó un plazo de investigación de 60 días.

9 imputados están hoy en prisión por su nexo con la banda de "Los Ramírez", cuyas operaciones fueron detectadas en Alerce. Sin embargo, sus tentáculos abarcaban el extranjero.

Detienen a comerciante con marihuana y productos derivados del cannabis

ANCUD. Ofrecía aceites y alimentos de cannabis sin resolución sanitaria. En su domicilio los carabineros hallaron un cultivo con seis plantas.
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Un comerciante de Ancud, identificado con las iniciales F.A.G.H. (34 años), quedó ayer en libertad con medidas cautelares consideradas menos gravosas -firma mensual y arraigo nacional- tras ser formalizado por microtráfico y cultivo de Cannabis sativa.

El individuo ofrecía en su local comercial, situado en pleno centro de la ciudad, específicamente en la galería Estación de calle Arturo Prat, productos elaborados en base a esta planta, los cuales, según la policía, carecían de resolución sanitaria.

El caso se inició durante la tarde del jueves, cuando personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Primera Comisaría de Ancud, en el marco de una ronda focalizada, fiscalizó el establecimiento. En el interior, los efectivos encontraron no sólo los productos derivados del cannabis, como aceites y alimentos, sino también más de $2 millones en marihuana a granel.

A raíz de este hallazgo, se gestionó una orden para registrar el domicilio del comerciante. En esta segunda diligencia, la policía desbarató una plantación indoor de la sustancia, incautando un total de 224 gramos y 400 miligramos de marihuana cosechada y seis plantas en proceso de crecimiento.

Durante la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Ancud, el defensor Carlos Barahona intentó anular el procedimiento policial, argumentando que el "indicio del olor a marihuana" no constituía un antecedente objetivo suficiente para justificar el control de identidad inicial. No obstante, el magistrado (s) Francisco Cerda desestimó la alegación, declarando que el operativo se ajustó a derecho.

Posteriormente, el fiscal Fernando Metzner formalizó la investigación contra F.A.G.H., quien, según se informó, ya poseía antecedentes delictivos por un ilícito de similar naturaleza. A pesar de la gravedad de los cargos, las cautelares solicitadas y concedidas fueron la firma mensual ante la autoridad y el arraigo nacional.

El juez estableció un plazo de 90 días para el desarrollo de la investigación formal.