"Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona", dijo Nicanor Parra, sintetizando brillantemente el problema que encierran los promedios para expresar diversos estándares del bienestar humano.

Esta premisa puede aplicarse a los -buenos- resultados que obtuvo Chile en el último Índice de Desarrollo Humano (IDH). Esta es una medida creada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que evalúa el nivel de desarrollo de los países más allá del crecimiento económico, a través de tres dimensiones fundamentales: salud (esperanza de vida al nacer), educación (años esperados de escolaridad y promedio de años de escolarización) y nivel de vida (ingreso nacional bruto per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo).

En el último reporte, Chile se mantiene en la posición 45 a nivel mundial, integrando, como ya es costumbre, el grupo de "desarrollo humano muy alto" y siendo, una vez más, el país de América Latina con mayor desarrollo humano, seguido por Argentina (47) y Uruguay (50). Pero ¿qué sombras oculta este valor promedio? Consciente de la tiranía de los promedios, el PNUD calcula desde 2010 un IDH ajustado por desigualdad para cada una de esas variables. Ello implica que todos los países bajan su nivel de desarrollo cuando se ajusta por desigualdad, pero los efectos en el ranking son disímiles: aquellos con una baja moderada tienden a mejorar, mientras que los que presentan mayores desequilibrios empeoran.

Si consideramos a los 74 países que el reporte del PNUD clasifica como de "desarrollo humano muy alto", Chile es el que más posiciones pierde (16), después de Barbados (22), Panamá (19) y Singapur (19). Todos ellos son paraísos fiscales. No es que Chile sea el país más desigual del mundo, como en ocasiones se pretende catalogar, pero sí es uno de los que presentan mayor desigualdad al compararlo con países de nivel de desarrollo similar.

¿Y a nivel subnacional? También se evidencian brechas notorias. Se han realizado cálculos especiales de IDH comunales para Chile, como en 2003 y 2024. Si bien tienen ajustes metodológicos que limitan las comparaciones lineales entre el IDH de las comunas chilenas y los rendimientos de otros países, se pueden establecer paralelos que reflejan realidades vergonzosas: tres comunas de Chile tienen rendimientos similares a los 10 países con mayor desarrollo humano del mundo, mientras que cuatro comunas se asemejan a los estándares de los 10 países peor evaluados.

Estos contrastes nos recuerdan lo relevante que es poner el foco en la reducción de brechas, pues no da lo mismo dónde nacer o vivir para experimentar el desarrollo humano que Chile ostenta en los rankings mundiales.

En un conversatorio sobre energía organizado por El Austral de Osorno y la Asociación de Generadoras de Chile, se puso de manifiesto una realidad alentadora y desafiante para la región, la cual exhibe un gran potencial para convertirse en un pilar del desarrollo de energías renovables en Chile. Con vastos recursos eólicos e hídricos y proyectos en carpeta, está llamada a ser un motor en el cumplimiento de la ambiciosa promesa de descarbonización.

Sin embargo, para pasar del potencial a la ejecución, es indispensable destrabar una serie de "nudos" críticos que hoy ralentizan este impulso. Un problema objetivo y recurrente es la resistencia que a menudo emerge en comunidades locales al enterarse de proyectos de parques eólicos en sus cercanías. Este recelo, basado en la desinformación y/o la falta de involucramiento temprano, puede paralizar inversiones necesarias. Aquí, la responsabilidad recae tanto en las empresas, que deben realizar un trabajo de vinculación genuina y transparente para aplacar temores y construir confianzas, como de las autoridades. El Estado debe ejercer un rol de liderazgo para explicar, con claridad y rigor, las oportunidades y beneficios de la inversión en energías renovables, junto con cautelar el cumplimiento de las exigencias.

El otro gran "nudo" está en la gestión pública. La tramitación de permisos sectoriales se ha vuelto un laberinto burocrático, una verdadera "permisología" que desincentiva la inversión. Agilizar estos procesos y mejorar la coordinación entre los múltiples servicios estatales involucrados es impostergable. Además, se vuelve perentorio contar con un claro y actualizado ordenamiento territorial. Sin una planificación que defina usos del suelo, compatibilice actividades económicas y anticipe la localización de proyectos energéticos, se seguirá navegando a ciegas, generando conflictos innecesarios que retrasan el avance y frustran el potencial de la región.

La región tiene la geografía, el potencial y, según los inversionistas, la voluntad de capital. Pero, para materializarlo se requiere un esfuerzo conjunto y estratégico: empresas comprometidas con el diálogo territorial, autoridades que lideren con visión y ejecute con eficiencia, y una estructura estatal que facilite, no que entrabe. Destrabar estos nudos contribuirá a que Los Lagos cumpla su rol en la transición energética de Chile y asegure un futuro más limpio y próspero para sus habitantes.