Padre Fernando Vives
El 15 de mayo de 1891, el papa León XIII promulgó la encíclica "Rerum Novarum". Según la doctrina social de la Iglesia católica, la persona humana, por estar hecha a imagen y semejanza de Dios, posee una dignidad que la hace superior a los demás seres creados. Por eso, toda violación de la dignidad personal del ser humano se configura como una ofensa al Creador del hombre. El bien común debe estar siempre orientado hacia el progreso de las personas.
Dérico Cofré Catril
Más coherencia
El ridículo en política a veces sorprende por su audacia. El presidente Gabriel Boric, con una soberbia que raya en la caricatura, declara en Japón que el anime fue determinante en su formación personal. Una afirmación que, más allá de lo anecdótico, resulta hasta ofensiva para una cultura milenaria como la japonesa, que merece ser abordada con mayor profundidad y respeto.
Por otro lado, el ministro Nicolás Grau ofrece disculpas por entregar información errónea en el marco de la discusión sobre la ley de fraccionamiento pesquero. Sin embargo, sus palabras carecen de autocrítica real. Ministro, asumir responsabilidades también implica dar un paso al costado cuando corresponde. No es solo una decisión presidencial, como usted señaló; es también un imperativo ético.
El Partido Comunista, por su parte, califica de "engendro" al proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), amenazando con acudir a instancias internacionales solo porque la norma no contempla consideraciones particulares para cada grupo minoritario. Basta ya de intentar deslegitimar toda iniciativa que busque fortalecer a Carabineros y restituir el orden público. No se puede legislar en función del capricho ideológico de unos pocos.
Finalmente, Gonzalo Winter no solo demuestra una confusión ideológica, sino una desconexión más profunda respecto de su rol y responsabilidad pública. No parece saber dónde está parado en la vida ni en la política. Cada una de sus intervenciones en el programa Tolerancia Cero carece de coherencia argumentativa, y su discurso oscila entre consignas sin contenido y declaraciones que buscan agradar más que aportar. Con una soberbia apenas disfrazada de falsa modestia o simpatía impostada, intenta capturar atención mediática, pero termina proyectando una imagen de superficialidad y oportunismo que, lejos de fortalecer su figura, la vacía de sentido.
Chile necesita más coherencia, menos cinismo y, sobre todo, dirigentes que actúen con responsabilidad y madurez.
Rodrigo Salinas Rojas
Grabado en patentes
A partir de este 15 de mayo, entra en vigencia la Ley 21.601, que obliga a los conductores de vehículos en Chile a grabar su patente en los vidrios y espejos laterales como medida para prevenir el robo y la clonación de autos. Sin embargo, esta normativa, que afecta a todos los propietarios de vehículos, trae consigo un serio cuestionamiento sobre la equidad y la responsabilidad estatal en la garantía de la seguridad pública.
El principal problema radica en que el Gobierno, en lugar de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos de forma equitativa, está traspasando estos costos a los chilenos. Los vehículos deben cumplir con una obligación impuesta por la ley, pero la carga financiera recae sobre los propios conductores, especialmente aquellos con menores recursos o que no cuentan con acceso a programas de grabado gratuito.
Este traspaso de responsabilidades y costos de seguridad a la ciudadanía es una clara muestra de una política pública que prioriza el ahorro estatal por sobre el bienestar social, obligando a la población a financiar una seguridad que debería ser proporcionada de manera universal y sin distinciones.
Además, el incumplimiento de esta ley puede resultar en multas de hasta 1,5 UTM (aproximadamente $102.000 CLP), lo que agrava aún más la situación, generando una carga económica innecesaria.
La medida, si bien busca mejorar la seguridad vial, debería ir acompañada de una reflexión crítica sobre la justicia de traspasar estos costos a la población, en lugar de buscar soluciones financiadas por el Estado, que es quien tiene la obligación de velar por la seguridad de sus ciudadanos sin imponerles cargas adicionales.
Dr. Danilo Leal, académico U. Andrés Bello
Amenazas de desalojo
Sin referirme a aspectos jurídicos, de justicia o humanitarios; o de razonabilidad, factibilidad o conveniencia de las amenazas de desalojo; ni a quiénes son los responsables de que el problema de las "tomas" se haya producido, el tema de las amenazas de desalojo me recuerda a una prieta: si se presiona por un lado, se infla por otro. Adolfo Paúl Latorre
