Decir que la leña contamina más que cualquier otro combustible no es una provocación, es un dato. Lo provocador -y a veces paralizante- es que ese dato suele enfrentarse con una frase tan rotunda como emocional: "¿Insinúas que la gente debe morir de frío?"

Nadie, en su sano juicio, plantea eso. Pero esa simplificación brutal ha impedido debatir en serio sobre una de las principales causas de la grave contaminación que afecta a ciudades del sur del país: el uso masivo de leña para calefacción. Cuando sus habitantes viajan a Santiago, muchas veces son reconocidos como los "pasao a humo", un estigma casi humorístico que esconde un drama ambiental.

Osorno se encuentra entre las 15 ciudades con peor calidad del aire en América Latina y el Caribe, según el Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024 de IQAir. Coyhaique, Pitrufquén, Nacimiento, Victoria y Padre de las Casas también están en ese ranking.

La leña es barata, sí. Pero también es el combustible más contaminante, especialmente en zonas donde su secado es complejo. El propio Marcelo Mena -ex subsecretario y ministro del Medio Ambiente, osornino, doctor en Ciencias Ambientales- advirtió hace años: "Las estufas a leña matan hoy en Chile a más personas que todas las termoeléctricas combinadas (…) una estufa a leña contamina en un día lo mismo que 1.500 autos si se usa leña seca, y 12.000 autos si es leña húmeda; las estufas 'ecológicas' que cumplen la norma 2012 equivalen a 375 autos (…) la leña sólo está prohibida en días de muy mala calidad de aire, cuando debería estar completamente prohibida. Al menos en la capital de Chile".

Aun así, cuando Mena planteó que debía prohibirse, debió aclarar que eso no aplicaría para Osorno.

Así funciona la presión social cuando cualquier restricción se presenta como amenaza a la vida. Pero es falso que la única alternativa a la leña sea congelarse. En una zona con potencial hidroeléctrico y crecimiento de la energía solar, hablar de otras opciones no puede ser tabú.

¿Queremos aire limpio o solo defender tradiciones? ¿Soluciones reales o una disyuntiva falsa? Discutamos con seriedad. Respirar humo no es cultura. Y el derecho a la calefacción no puede seguir en conflicto con el derecho a respirar. Quizás, podemos coincidir en que ser los primeros en dejar atrás la tradición de la leña puede ser un buen proyecto colectivo.

La estrategia del OS7 de Carabineros en la región, focalizada en desarticular la oferta de drogas, especialmente aquella que busca penetrar en el entorno de los menores de edad, es fundamental. Esta acción policial, que ha logrado la detención de 141 personas y la incautación de casi 50 kilos de sustancias ilícitas en lo que va del año, ataca la raíz del problema, protegiendo a los más vulnerables.

Sin embargo, para que este combate sea realmente efectivo, la acción policial debe tener un carácter permanente y estar articulada de manera estrecha con los municipios. Son ellos, a través de su cercanía con la comunidad, quienes muchas veces reciben información crucial proporcionada por los vecinos sobre los puntos de microtráfico en los barrios. Esta inteligencia local, sumada a la capacidad investigativa del OS7, puede potenciar significativamente la detección y desarticulación de estas redes criminales.

Pero la lucha contra las drogas no puede ser sólo una tarea policial y de persecución. Es imprescindible que haya un correlato desde la prevención, particularmente en un período en que, lamentablemente, ha habido una normalización del consumo en ciertos ámbitos. La vulnerabilidad de los jóvenes ante el microtráfico exige que la sociedad en su conjunto levante barreras de protección. Aquí, el rol de la familia es insustituible. El diálogo, la educación en valores, el acompañamiento y el establecimiento de límites son herramientas fundamentales para alejar a los niños y adolescentes del flagelo de las drogas.

Finalmente, toda acción de combate al narcotráfico culmina en la justicia. El trabajo de la Fiscalía para la persecución penal es el eslabón que asegura que quienes se dedican a este ilícito enfrenten las consecuencias de sus actos. Desarticular organizaciones criminales y lograr condenas envía un mensaje claro de que estas actividades no serán toleradas. La coordinación entre policías y Ministerio Público es vital para que las detenciones y las incautaciones se traduzcan en procesos judiciales exitosos que contribuyan a sanear los barrios.

Combatir las drogas es un desafío complejo que exige la acción coordinada de múltiples actores: una policía eficaz, municipios comprometidos, familias presentes y una justicia activa. Sólo así se podrá proteger a los jóvenes y recuperar la seguridad.