tomar decisiones de política pública. Un caso ejemplar es el del proyecto Los Lagos, de la empresa Statkraft, donde la Corte Suprema ordenó al Consejo de Monumentos Nacionales realizar una consulta indígena", señaló.

Explicó que, según la legislación chilena, este tipo de procedimientos corresponde exclusivamente al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental -cuando los proyectos están bajo su sistema- y al Ministerio de Desarrollo Social, a través de sus políticas y programas.

"Ahí ya hay un error estructural. El otro error fue cuando, primero el gobierno del Presidente Piñera y luego el del Presidente Boric, aprobaron una ley para intervenir los contratos que el propio Estado adjudicó en licitaciones internacionales, con los mejores precios y tecnologías. Esa ley congeló los contratos, impidiendo que las empresas ejecutaran lo que establecían las bases de licitación", dijo.

Agregó que durante siete años se congeló casi el 40 % de las empresas que estaban invirtiendo, lo que frenó el avance del potencial energético del país. No obstante, señaló que actualmente existe voluntad en la Región de Los Lagos para realizar una consulta indígena de forma ordenada.

En relación con Statkraft, indicó que Chile compite no solo en precios y calidad de proyectos, sino también con países como Brasil, que cuenta con 220 millones de habitantes, un PIB más alto y una industria pesada distribuida en todas sus regiones.

"Statkraft, al igual que otras empresas del rubro, también está presente en Brasil. Estas compañías presentan anualmente sus proyectos a nivel global. Statkraft tenía contemplada una inversión de mil millones de dólares en Chile, pero el proyecto está completamente paralizado. Mientras tanto, en Brasil le aprobaron dos proyectos por 500 megawatts, y por eso le asignaron allá la línea de crédito. Lo mismo ocurre con otras empresas", explicó.

Por ello, sostuvo que el caso de Statkraft es una señal preocupante para el país y su institucionalidad.

Modernización de redes

Por otra parte, Charme señaló que la red eléctrica necesita ser modernizada para responder al aumento de la demanda, tanto en transmisión como en distribución. Esta situación queda en evidencia cada vez que, ante eventos climáticos, se interrumpe el suministro eléctrico.

"Lo entendemos perfectamente, porque cuando hay viento y lluvia y se corta la luz, la gente se frustra. Nuestra red de distribución necesita ser reforzada. La red de transmisión también requiere nueva infraestructura. Pero estas son inversiones, y para que se concreten, se necesita que la autoridad otorgue evaluaciones cuando corresponda o, en su defecto, los permisos sectoriales. Un proyecto debe pasar por la revisión de entre 27 y 30 servicios sectoriales, ya sean sanitarios, de arqueología, fauna, entre otros. Todo esto bajo un sistema creado en los años 90, y estamos en 2025", expresó.

18 millones de habitantes tiene nuestro país y una industria que crece, con llegada de inversiones extranjeras, por lo que necesita modernizar su infraestructura energética y su legislación.

70% de la energía es renovable en la región, lo que pone a Chile en una posición muy competitiva con otras naciones, pero falta crear mayor inversión.

30 servicios aproximadamente, se dedican a revisar los proyectos de generación de energía, para verificar su impacto en diversas áreas como medio ambiente o patrimonio.