En 2024, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el preocupante aumento de infecciones de transmisión sexual (ITS) a nivel global, con más de un millón de nuevos casos diarios, incluyendo clamidia, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Esta realidad también afecta gravemente a la población joven en Chile, donde, lamentablemente, no contamos con datos públicos actualizados que permitan dimensionar con claridad esta problemática.

Si bien el Ministerio de Salud promueve la realización gratuita de exámenes para ITS y VIH en la atención primaria, y existen tratamientos garantizados, Macarena Arriagada, directora de Obstetricia de la Universidad Andrés Bello, indica que la falta de acceso abierto a información limita el debate público, la fiscalización ciudadana y el diseño de estrategias preventivas efectivas. Esta invisibilidad no es casual ni técnica: es una decisión política que tiene consecuencias concretas en la salud y el bienestar de miles de jóvenes.

Sabemos por fuentes oficiales que las ITS más frecuentes en el país son sífilis, gonorrea, clamidia, VIH y herpes genital. Sin embargo, muchos jóvenes desconocen que estos exámenes y tratamientos están disponibles gratuitamente, lo que evidencia la necesidad urgente de fortalecer la difusión y la educación sexual integral desde edades tempranas.

En el área de salud sexual y reproductiva, es clave que las autoridades transparenten periódicamente las cifras de ITS e inviertan en políticas públicas que informen, protejan y prevengan estas afecciones. Visibilizar es cuidar. La salud sexual también es un derecho.

Cada mes de mayo, Chile rinde homenaje al mar evocando el Combate Naval de Iquique, en la Guerra del Pacífico. Desfiles, ceremonias y campañas educativas marcan lo que se ha denominado el "Mes del Mar". Sin embargo, más allá de la épica militar, esta conmemoración parece omitir una dimensión fundamental: la compleja y muchas veces conflictiva relación entre las comunidades costeras y un modelo de desarrollo que mercantiliza el litoral chileno.

Chile es, sin duda, un país marítimo. Con más de 100 mil kilómetros de costas incluyendo islas, fiordos y canales, el mar no sólo define nuestra geografía, sino también nuestras economías locales y culturas ancestrales. No obstante, el modelo de desarrollo imperante ha intensificado su lógica extractivista que amenaza tanto la biodiversidad marina como el tejido social costero.

La expansión de la acuicultura industrial, por ejemplo, ha generado una presión creciente sobre los ecosistemas y ha provocado conflictos con comunidades indígenas y pescadores artesanales, actores históricamente marginados de la toma de decisiones sobre el uso de la zona costera.

Este mes debería ser una oportunidad para preguntarnos ¿qué tipo de relación queremos establecer con nuestro mar? ¿Es sólo una fuente de riqueza económica o también un espacio transcendental para la vida social, cultural y ecológica de las comunidades? La historia reciente muestra que los derechos de uso sobre este espacio no han sido distribuidos de manera equitativa: mientras las grandes empresas gozan de concesiones estables y rentables, los pueblos indígenas recién comienzan a ser reconocidos mediante instrumentos como los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (los ECMPO), cuya implementación ha sido lenta, burocrática y conflictiva.

Mayo, entonces, debería ser también un mes para repensar nuestro vínculo con el mar. Más que ensalzar heroísmos militares, urge abrir un debate sobre la gobernanza territorial costera, la justicia ambiental y la sostenibilidad.

Proteger el patrimonio marítimo-costero no es sólo cuestión de conservar especies o paisajes; es también salvaguardar modos de vida, saberes y vínculos comunitarios que han sido históricamente invisibilizados.

Es tiempo de dejar de mirar el mar sólo como una fuente de recursos ilimitados y comenzar a reconocerlo como un territorio vivo, complejo y compartido. Solo así el "Mes del Mar" podrá ser realmente un mes con sentido de presente y de futuro para las comunidades costeras del país.