¿Quién se podría oponer a firmar un acuerdo para vivir en paz? Sin duda todo el mundo lo haría, sin embargo, luego de conocer algunos pormenores de la propuesta, pasa a ser sólo una frase cliché, ya que de paz poco se habla y menos de los grupos que aterrorizan al sur de Chile. Por ello parece más una pirotecnia que una "Comisión por la Paz y el Entendimiento", ya que no se hace cargo del verdadero problema que asola un vasto territorio hace casi 30 años.
Así es, ya se cumplirán 30 años que lleva la macrozona sur bajo atentados terroristas. Con asesinatos de agricultores, policías y camioneros, quema de maquinaria, de casas, de galpones, escuelas, iglesias, postas de salud y siembras en el momento de la cosecha. Esta violencia se ha mantenido en el tiempo, por la complicidad de políticos, ya que no persiguen a los violentistas y muchos han preferido reunirse con los victimarios y no con las víctimas, o simplemente justifican su actuar por marginaciones y postergación de antaño.
Por casi 30 años los administradores del país han sido tibios e indolentes. No olvidemos el bochorno de la comitiva de 700 funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), que fueron emboscados en Temu Cui Cui, con la triste tragedia de un funcionario asesinado, o la recepción a la ministra del Interior con ráfagas de metralleta. Y ¿qué hizo el gobierno de turno?, instruyó retirada y se querelló contra los que resulten responsables.
Esta es una muestra de la debilidad con que la autoridad está enfrentado la violencia separatista. Esa violencia que recibió instrucción en Colombia y hoy se dedica, aparte del terrorismo, a traficar estupefacientes, al robo de madera y a la receptación de mercaderías robadas.
Por eso se escuchó tan estridente la voz de dirigentes agrícolas y parlamentarios sensatos, cuando se dio por finalizado el trabajo. Evidentemente que las comunidades pacíficas lo aceptarían, ya que recibirían otras 240 mil hectáreas o el equivalente a US$4.000 millones. Pero la lectura detrás de este donativo con dineros que Chile no tiene, está generando una tremenda interrogante. ¿Cómo es posible que, por tener un determinado apellido, sea sujeto de un cuantioso donativo de tierras o dineros, mientras el resto de los chilenos mira y paga impuestos?.
Millones de compatriotas, aparte de encontrar este acuerdo injusto y separatista, son categóricos al señalar que no se hace cargo de la paz en La Araucanía, por ello, los que conocemos la angustia de los parceleros que tuvieron que salir arrancando de sus terrenos y de los agricultores baleados, podemos decir con claridad que la entrega de tierras y beneficios por sobre el resto de los chilenos, es el principal combustible que sostiene al terrorismo, mismo que no es abordado por esta Comisión por la Paz y el Entendimiento.
