Carlos Véjar

Un reciente informe del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (Ocrit) de la Universidad Andrés Bello (UNAB) presenta un panorama inquietante sobre la seguridad en Chile y la Región de Los Lagos. El estudio, que abarca de 2014 a 2024, evidencia un incremento y mayor complejidad en diez delitos potencialmente vinculados al crimen organizado. Es decir, el periodo analizado cubre tres administraciones presidenciales: Michelle Bachelet (segundo mandato), Sebastián Piñera (segundo mandato) y Gabriel Boric.

En este contexto, los secuestros registraron un aumento porcentual sin precedentes durante la última década, partiendo de cifras bajas pero mostrando un crecimiento sostenido.

Datos del Ocrit, basados en fuentes oficiales como Carabineros y el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), indican que la Región de Los Lagos experimentó el mayor incremento porcentual de secuestros a nivel nacional entre 2014 y 2024, con un alza del 533%. Así, los casos en la región pasaron de tres en 2014 a 19 en 2023. El análisis muestra un máximo de 22 casos policiales en 2022.

Esta cifra contrasta marcadamente con las dos regiones que no mostraron variación (0%) y supera ampliamente el promedio nacional de aumento (74%) en la década analizada por el observatorio de la UNAB.

Fuentes consultadas por El Llanquihue señalan que este informe confirma, una vez más, que el crimen organizado no es un fenómeno aislado, sino una realidad presente en el territorio nacional. Esto coincide con lo expuesto por El Llanquihue la semana pasada, al informar sobre un estudio de la U. San Sebastián que, si bien utilizó una metodología distinta a la UNAB, posicionó a Puerto Montt como la octava ciudad con mayor presencia de delitos asociados al crimen organizado, basándose en datos de 2022-2023.

Secuestros al alza

Según Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, se pueden distinguir tres categorías de actividades inherentes a la criminalidad organizada: los mercados ilícitos, los delitos predatorios y los delitos conexos.

La primera categoría, mercados ilícitos, incluye el comercio de bienes y servicios prohibidos como narcotráfico, tráfico de armas, receptación de especies robadas y tráfico de migrantes.

La segunda, delitos predatorios, comprende crímenes que generan ganancias mediante la explotación o coerción de víctimas, como secuestros, extorsiones y trata de personas. Y la tercera, delitos conexos, agrupa actos como el blanqueo de capitales (lavado de activos) derivado de actividades ilícitas y los homicidios vinculados al crimen organizado.

Urquízar, ex coordinador nacional de Seguridad de la Macrozona Sur durante el segundo gobierno de Piñera, explica que el alarmante aumento de secuestros en Los Lagos no es aislado, sino parte de un incremento general del índice de delitos vinculados al crimen organizado en la región (ver tabla IDCO, página 3).

Mientras el índice nacional creció un 13% entre 2014 y 2024, en Los Lagos el aumento fue significativamente mayor, alcanzando el 64%.

Este indicador regional -el cuarto más alto del país en ese periodo, superado sólo por Arica y Parinacota, Aysén y Magallanes- se calcula correlacionando diez delitos específicos.

Otros delitos como el tráfico de drogas (+200%), homicidios (+50%) y porte de armas y explosivos (+77%) también registraron aumentos importantes en la región, superando la media nacional (ver página 2).

Mercado criminal

Respecto a estas cifras, Emilio Garrido, ex subprefecto de la PDI en Los Lagos, manifestó su inquietud.

"Las cifras son extremadamente preocupantes. No podemos permitir que esto se transforme en un 'modus operandi' institucionalizado a nivel nacional", advirtió Garrido. El ex PDI profundizó en la estructura subyacente: "Claramente hablamos de control territorial, demostraciones de fuerza operativa y procedimientos estructurales de negociación comercial como línea de negocio delictual". Garrido identifica este fenómeno como una señal particularmente alarmante: "La principal 'bandera roja' ('red flag') es la estandarización y fijación de precios por estos 'trabajos' en el 'mercado' del crimen organizado". Y plantea preguntas que reflejan esta cruda realidad: "¿Cuál es el precio de un sicariato? ¿Cuánto cuesta un secuestro? ¿Se pueden externalizar estos 'servicios especializados'?". Según Garrido, la rentabilidad de estas operaciones aumenta en un ambiente de temor social.

Mercados ilegales

Durante la presentación del estudio, la socióloga experta en seguridad pública Lucía Dammert señaló que Chile se ha integrado a los mercados ilegales de América Latina, y ya no es percibido solo como un país de paso. Mencionó una mayor violencia y la presencia de mercados como la trata de personas, tráfico de migrantes, oro ilegal y contrabando, los cuales generan enormes ganancias y fomentan la corrupción. Advirtió que la magnitud de este fenómeno puede llegar a generar una "parálisis estatal".

Un ejemplo de la presencia de estos mercados ilegales en la Región de Los Lagos, evidenciado en una sentencia judicial, es la desarticulación de una célula del Tren de Aragua. Esta organización tenía su base de operaciones en Puerto Montt, donde explotaba sexualmente a mujeres traídas desde Venezuela. Esta causa, liderada por la Fiscalía de Puerto Montt, culminó con condenas que suman 99 años para los cuatro acusados por trata de personas con fines de explotación sexual. Durante la investigación, se estableció que al menos 40 mujeres fueron víctimas de esta "moderna forma de esclavitud", aunque solo 12 denunciaron y declararon.

Desafíos

Patricia Rada, seremi (i) de Seguridad Pública, destacó la importancia del conocimiento generado por la academia, "más aún cuando enfrentamos el desafío de constituir un Sistema de Seguridad Pública donde deben confluir los esfuerzos públicos y privados".

Sobre los resultados del estudio de la UNAB, Rada considera que confirman la distinta manifestación de los delitos y el crimen organizado en el país: "no es un fenómeno que afecte de igual manera a todo el territorio nacional". Por ello, enfatiza la necesidad de aplicar "estrategias que den cuenta de estas realidades particulares".

Rada destacó la importancia de "avanzar en datos consensuados por todos los sectores" y recordó el Informe Nacional de Homicidios Consumados, que integra información de las policías, Gendarmería, el Servicio Médico Legal y el Ministerio Público.