La Asociación Nacional de Especialistas en Seguridad Aeroportuaria (Anesa) ha expresado su preocupación por la falta de mecanismos de seguridad adecuados en los aeródromos, señalando que esto podría facilitar el tráfico ilegal de sustancias prohibidas en aeronaves.

En este contexto, el diputado RN Mauro González está impulsando acciones para garantizar la integridad de la aviación civil y proteger a las comunidades.

"En la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) nos señaló que sólo están fiscalizando aeronaves con capacidad superior a 19 pasajeros. Esto es muy preocupante, porque significa que en Chile, los aviones con capacidad inferior podrían estar transportando carga y pasajeros sin ningún tipo de control. Es decir, drogas, armas u otros productos ilícitos podrían estar llegando a cualquier parte del país a través de los aeródromos", comentó González.

El oficio, presentado en la Cámara de Diputados, contiene solicitudes específicas dirigidas a la DGAC, incluyendo un incremento en la supervisión de aeródromos, pistas de aterrizaje y aeronaves.

El diputado (distrito 26) también solicitó a la DGAC información detallada sobre la normativa que rige su fiscalización y control de tripulaciones, pasajeros y carga aérea.

Asimismo, el oficio pide un informe sobre la droga encontrada en aeronaves durante 2024 y lo que va de 2025, detallando los casos tanto en vuelos fiscalizados por la DGAC (en carga y pasajeros) como en aquellos no supervisados.

Marcelo Galindo

Tres hombres, incluido un ciudadano ecuatoriano con residencia legal en Chile, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en Puerto Montt, imputados por delitos asociados a la Ley de Drogas. El operativo se realizó el viernes en la calle Barcelona, del sector Jardín Austral.

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco), en el marco del plan Modelo Territorial Cero (MT0), desarticularon una banda presuntamente liderada por un extranjero, dedicada al microtráfico de drogas y a la infracción de la Ley de Armas.

Según informó la PDI, una investigación de aproximadamente tres meses permitió establecer que un individuo, junto a su círculo cercano, se dedicaría activamente a la comercialización, acopio y distribución de sustancias ilícitas en la zona. En el operativo, denominado "Barcelona", los detectives allanaron seis domicilios (cinco en Puerto Montt y uno en Puerto Varas). Durante los allanamientos incautaron cerca de 700 gramos de drogas -principalmente cannabis sativa y clorhidrato de cocaína- además de tres comprimidos de éxtasis, cuyo avalúo total supera los $6 millones.

También se encontró un revólver calibre .22 apto para el disparo, una bengala de mano, más de $200.000 en efectivo, balanzas y tres vehículos presuntamente utilizados por la agrupación, los cuales fueron incautados.

Reincidente

Entre los detenidos figura una persona que ya tenía medidas cautelares vigentes (firma mensual y arraigo nacional) por un caso anterior de tráfico de drogas. El jefe de la Brianco Puerto Montt, subprefecto Pedro Torres, detalló que las órdenes de entrada y registro se ejecutaron el viernes por la tarde en la capital regional y en Puerto Varas. "Los imputados se conocían, tenían lazos de amistad y cumplían diferentes funciones dentro de la organización criminal", explicó Torres.

Ninguno quedó en prisión

Tras las detenciones, el fiscal Joaquín Yáñez confirmó que tres hombres adultos fueron formalizados en el Juzgado de Garantía: los tres como autores del delito de tráfico ilícito de drogas (artículo 3° de la Ley 20.000) y uno de ellos, además, como autor de tenencia ilegal de arma de fuego (artículo 9° de la Ley 17.798 sobre Control de Armas).

Yáñez solicitó la prisión preventiva para dos de los imputados, pero el juez de garantía, Francisco Almonacid, rechazó la solicitud y decretó medidas cautelares de menor intensidad. "La Fiscalía solicitó la prisión preventiva para dos de ellos por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, el tribunal denegó esta medida y decretó, para ambos imputados, arresto domiciliario total, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los demás coimputados", explicó el fiscal.

Al tercer imputado se le impusieron las cautelares de arraigo nacional, firma mensual en la comisaría más cercana a su domicilio y prohibición de comunicarse con los otros involucrados. "La Fiscalía apeló verbalmente de esta decisión para que los antecedentes sean elevados a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Esperamos que conozca el asunto, resuelva, revoque esta resolución y decrete la prisión preventiva que solicitamos", ratificó el fiscal Yáñez.